El Gobierno de Santa Fe reactiva el nuevo proyecto de ley que propone una reforma integral para fortalecer la seguridad pública y combatir el crimen organizado mediante la modificación de normativas penales y penitenciarias. Después de algunos cuestionamientos, vuelve al ruedo con una negociación para hacerlo más digerible.

Se trata de una segunda tanda de reformas bajo el nombre de “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, que buscó endurecer aún más el perfil desde el contenido.

De movida generó polémica, despertó acusaciones sobre vulneraciones de garantías y derechos, incluso hacia dentro de Unidos por parte del socialismo. Después, la discusión se fue apagando, Mundial por medio.

Seguridad, segundo intento

Ahora vuelve a tomar agenda desde la rosca legislativa interna para luego pulir también con el Ministerio de Seguridad y, posteriormente, lograr un nuevo proyecto para llevar a las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales.

El que reactivó la discusión pública fue el diputado provincial Martín Rosúa, quien presentó en redes cinco puntos generales a modo de reinstalar en la agenda.

“Son cinco medidas de absoluto sentido común que ponen a la sociedad y a las víctimas por encima de los delincuentes”, resumió.

Según puso saber La Capital, hay una docena de artículos que se modifican y uno que se incorpora, los cuales se ajustaron en relación al primer proyecto.

El fundamento para no ceder ante los cuestionamientos por su severidad es que, si bien deben conservarse las garantías, el gobierno y la Justicia deben tener “capacidad real” para luchar contra la dinámica criminal. “Hay que tener las herramientas para poder anticiparse”, explican como premisa.

Según comentan en Unidos, se modifica la redacción de algunos artículos para que establezcan garantías individuales más sólidas o que mejoren el procedimiento.

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El nuevo proyecto

En principio se quitaría la llamada validación probatoria por la cual se pensaba establecer reglas claras para validar pruebas que normalmente quedarían excluidas bajo la teoría del fruto del árbol envenenado (prueba ilícita contamina a las derivadas).

Se quitarían las medidas coercitivas por decreto fiscal, por el cual la fiscalía podría imponer medidas no privativas de la libertad (como vigilancia electrónica, restricciones de circulación, supervisión o cauciones) mediante un decreto fundado.

El control judicial se desplaza a una etapa posterior, permitiendo que el imputado se oponga después de la medida, pero igual se interpretaba como falta de proceso.

También la zona de intervención policial especial, que se calificó por las críticas como "mini Estado de sitio". Se pensaba permitir al Ejecutivo intervenir policialmente sectores con altos índices de criminalidad, violencia o conflictividad otorgando facultades excepcionales para regular la circulación de personas y el uso del espacio público en esas áreas.

Entre los puntos destacados del proyecto que falta ser pulido se regula el ofrecimiento y el pago de recompensas, se actualiza el régimen de inteligencia criminal y se incorpora un régimen agravado para internos penitenciarios.

También amplía los supuestos de allanamiento sin orden judicial para casos de criminalidad organizada, inmuebles abandonados o armas en la vía pública y se restituye la declaración informativa cuando no haya elementos suficientes para una imputación, pero sí “sospechas razonables”. La semana próxima se avanzará en las negociaciones internas.