El ataque contra el super de los Roccuzzo y el estallido en Empalme Graneros obligaron a la dirigencia a suspender pulseadas de poder y ensayar una reacción, cuyos resultados todavía están por verse. Una especie de paz forzada por las circunstancias.

En una especie de Estado por mano propia, familiares y vecinos de Máximo Jerez se enfrentaron a los narcos que ganaron el territorio en un combate desigual y que no puede sostenerse en el tiempo.

La organización comunitaria complementa, pero no reemplaza, la intervención del Estado. Tanto en la prevención, la persecución y el castigo del delito como en la reparación del tejido social.

El anuncio de Alberto Fernández y la llegada de Aníbal Fernández junto a 300 gendarmes y 100 efectivos de la Policía Federal marcaron una tregua en el fuego amigo en el peronismo. La escalada entre la Casa Rosada y la Casa Gris generaba costos mucho más profundos que los electorales y tocaban el nervio sensible de la gobernabilidad.

“Todos se dieron cuenta de que no se puede boludear con esto. Granata salió abollada y a Santilli lo achuraron en las redes”, grafica con crudeza un dirigente del peronismo santafesino.

En el dispositivo del gobernador Omar Perotti saludaron en público las medidas de Fernández y reconocen que pese a las diferencias encontraron en Agustín Rossi un interlocutor que conoce el paño y al que le interesa que la crisis que se vive en Rosario no se espiralice. Puertas adentro, señalan que esperaban un poco más. Y antes.

En el entorno de Perotti se quejan del “ombliguismo porteño” que permitió que el problema creciera pese a todas las alertas que se emitían desde la provincia.

Con un diagnóstico casi opuesto de la situación, Alberto Fernández le dijo al gobernador hace un mes en Casa Rosada que de nada sirve que envíe 8, 9 o 10 mil efectivos federales si la provincia no hace cirugía mayor sobre la policía de Santa Fe, que está en el corazón del problema del narcotráfico.

Pese a que el envío de gendarmes parece más una reacción espasmódica y casi instintiva de la clase política ante las olas de homicidios en la ciudad, en las zonas más castigadas por la violencia la fuerza encargada de vigilar las fronteras sigue contando con una reserva de apoyo que la policía local perdió hace mucho tiempo.

“En los barrios más humildes cuando llega la Gendarmería la gente aplaude. Están cansados del verdugueo de la policía, que regentea los búnkeres”, señala un referente del PJ local.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Con los gobiernos nacional y provincial acercándose a lo que parece un fin de ciclo, el interrogante es cuánta autoridad política pueden ejercer los principales funcionarios. Primero sobre las fuerzas de seguridad y luego sobre el crimen organizado.

“Nadie gestiona, nadie controla y por ende la policía no trabaja”, dice una persona que conoce bien desde adentro del ministerio más caliente.

La balacera contra un local de garrafas ubicado a metros de donde asesinaron a Máximo, ya con la Gendarmería desplegada en Empalme, y la cinematográfica -y frustrada- fuga de Ezeiza que planeó Esteban Alvarado son dos ejemplos de que los delincuentes le perdieron el respeto al Estado y están dispuestos a desafiarlo.

Parados en lo que entienden ya como un período de transición, radicales y socialistas piden a Perotti que abra el juego a las otras fuerzas políticas. Aseguran que pusieron a disposición equipos técnicos y que quisieron abrir una línea de diálogo pero no encontraron respuesta en la Casa Gris.

“Si la política tira de la piola esto explota, es peor para todos”, advierten desde la mesa chica del PS.

Quienes ya se imaginan tomando las riendas del poder provincial en diciembre ven a Claudio Brilloni como el último dique de contención. Pero no saben cuánto aguantará.

“Tiene actitud, sabe lo que hay que hacer, trabaja y dialoga, pero va a tener un rápido desgaste. El problema es que Alberto y Perotti gastaron la bala de plata y ahora todo pende de un hilo”, alertan desde el socialismo, donde una mayoría de dirigentes salió este sábado a pronunciarse a favor del frente de frentes.

También golpeado por una crisis que proyecta su sombra sobre todos los gobiernos, Pablo Javkin inauguró las sesiones ordinarias del Concejo con un discurso que buscó poner en valor su gestión, tocó el orgullo de la rosarinidad y trazó una dicotomía entre el bien y el mal.

Sin dar mayores pistas sobre su futuro político, el intendente apeló a la unidad entre las diversas fuerzas políticas y los distintos niveles de gobierno para enfrentar el problema.

Tanto para saltar a la provincia como para ir en busca de la reelección Javkin necesita presentarse como alguien que defendió y defiende a Rosario en las horas más oscuras.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El mismo clima ecuménico y colaborativo que se instaló en el Palacio Vasallo se vivió esta semana en el Congreso, donde obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Legislación penal el proyecto para fortalecer la Justicia federal en Santa Fe, firmado por diputados y diputadas de todo el arco político.

Se trata de una vieja deuda de la política con la provincia, que parecía haberse vuelto incobrable por el empate legislativo entre el Frente de Todos y Juntos.

Al mismo tiempo, el concurso del Ministerio Público de la Acusación (MPA) entró en la última vuelta. Según indican desde la Casa Gris, si el lunes están resueltas las ternas, el martes o miércoles se publicarán en los diarios, el boletín oficial y la web de la provincia y el jueves o el viernes el gobernador remitirá los pliegos a la Legislatura. A partir de allí habrá casi un mes para que la Asamblea Legislativa elija a las nuevas autoridades. El tiempo corre: el jueves 20 de abril vencen todos los mandatos.

Con la guardia alta frente a una elección que consideran ya sentenciada, sectores de la Justicia plantean que el nuevo fiscal general debería ser de Rosario. O, al menos, hacer base en la ciudad y conocer al detalle la situación.

“Más allá de donde venga, el fiscal general tiene que mostrar apertura al diálogo para sentarse a acordar con el próximo gobernador o gobernadora. La política de seguridad tiene que ser una política de Estado”, señala una persona involucrada directamente en un trámite que arrancó a los tumbos -con denuncias de la oposición y renuncias, en el medio del huracán Sain- y con el correr de los meses se estabilizó.

Ausente en su discurso del viernes en Viedma, Cristina se refirió el viernes al avance del narcotráfico y recordó el desembarco de Gendarmería de 2014 comandado por Sergio Berni. Al igual que en el terreno económico, el dispositivo de CFK tiene poco para ofrecer salvo recuerdos y consignas generales sobre un Estado al que cada vez más personas ven como parte del problema y no de la solución.

Ausente en su discurso del viernes en Viedma, Cristina se refirió este sábado al avance del narcotráfico y recordó el desembarco de Gendarmería de 2014 comandado por Sergio Berni. Al igual que en el terreno económico, el dispositivo de CFK tiene poco para ofrecer salvo recuerdos y consignas generales sobre un Estado al que cada vez más personas ven como parte del problema y no de la solución.

En contraste con el confortable pasado, el futuro luce incómodo para Cristina. Según el último informe de la consultora Escenarios, dirigida por los politólogos Pablo Touzon y Federico Zapata, la vicepresidenta enfrenta una resistencia difícil de perforar: seis de cada diez personas tienen imagen negativa suya, 53% cree que es culpable en la causa Vialidad, 55% dice que no tenía pensado votarla y hoy perdería en un balotaje con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Mauricio Macri e incluso Javier Milei.