La Corte Suprema de Santa Fe analiza críticamente un proyecto de reforma judicial que impulsa el Ejecutivo para reorganizar el sistema procesal penal de la provincia. A modo de posicionamiento formal, presentó a la Legislatura un documento con las consideraciones que, a su entender, debe contemplar el proyecto en trámite en la Cámara de Diputados, tras la sanción del Senado.

Una vez más se suma una iniciativa para modificar aspectos de la Justicia que, si bien no es semejante a las que se concretaron en los dos años y medio de la gestión de Maximiliano Pullaro, como en la nueva Constitución o en la renovación del máximo tribunal, genera inquietud en camaristas y distintos jueces.

Se trata de las modificaciones a la ley orgánica de tribunales penales y gestión judicial Nº 13.018, que persigue la unificación de los colegios de jueces y de las oficinas de gestión judicial para primera y segunda instancia, y los cambios en las escalas de apelación podrían afectar el funcionamiento de los tribunales.

La Corte Suprema y jueces

Desde hace más de un mes, los magistrados en general están algo alterados porque el proyecto cambiaría la organicidad y su labor. Todos los miembros de la Corte Suprema sumaron los planteos de los magistrados, evaluaron y agregaron cuestiones que pasaron en un documento crítico que le entregaron a una comitiva de diputados la semana pasada.

Se trató de la comisión de Asuntos Constitucionales que, aquellos de Unidos que impulsan el proyecto y quieren aprobarlo sin demoras, vieron el encuentro como una jugada del socialismo, que preside y tiene tres integrantes de once, para sintonizar con los miembros del tribunal.

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Hubo buena predisposición, sin tensiones ni contrapuntos, y quienes integraron la reunión de ambos lados entienden que se llegará a puntos de consenso sin la opción de un conflicto abierto. Otro dato es que la sesión estaba estipulada para este jueves y se pasó dos semanas.

Planteos

Los defensores del proyecto sostienen que optimizaría el uso de los recursos, no habría sobrecargas y se facilitaría la rotación funcional y aseguraría la distribución equitativa del trabajo. “Es súper innovador y más eficiente en la distribución de la carga. Hay un desequilibrio territorial alto de causas”, explica una voz de Unidos que impulsa el proyecto tal como está.

El máximo tribunal primero recuerda que la Constitución de Santa Fe (art. 128) pone “en cabeza de la Corte el dictado de disposiciones que conduzcan al mejor desempeño de la función judicial”. Quiere decir que no solo hay autoridad constitucional sino de conocimiento sobre el sistema.

Las críticas respecto de la conformación de dos Colegios de Jueces Penales, uno de primera instancia y otro de revisión, sin el criterio de su asiento territorial, van en dos planos.

Interpreta como “un intento de suprimir la pauta de competencia funcional (primera y segunda instancia)”, con el objetivo de que todos los jueces con competencia en lo penal estén habilitados a resolver controversias de las distintas etapas del procedimiento, “desde la investigación preparatoria hasta la revisión de la sentencia”.

El máximo tribunal ve una posible horizontalización de la competencia y advierte que permitir que todos los jueces intervengan en cualquier etapa del proceso podría vulnerar la división funcional entre instancias.

Como conclusión tildan de “demasiado amplia” y que puede generar “controversias a futuro” la modificación, por lo que se propone instalar un sistema similar de suplencias intracircunscripción entre los jueces de primera instancia, como ocurre con los vocales de la Cámara de Apelación en lo Penal.

Audiencias

Asimismo, el organismo califica de “inconveniente” la centralización de las oficinas de gestión, señalando que “una estructura única opere remotamente sobre múltiples sedes” generaría demoras operativas y superposición o cancelación de audiencias. “No está funcionando mal”, aclara.

A cambio proponen la unificación por ley de las oficinas de gestión judicial 1 y 2 en las circunscripciones judiciales 1 y 2, donde actualmente están divididas entre Cámara y Primera distancia, a los fines de poder optimizar el uso de recursos.

Luego, el documento objeta el artículo 21 del proyecto porque impone las audiencias telemáticas como regla general, salvo por graves razones que sostiene el proyecto.

Opta por darlo vuelta: “Está claro que la audiencia de debate, la primera audiencia de prisión preventiva, la de formalización de cargos y algunas audiencias preliminares deberían preverse como presenciales, salvo casos sumamente excepcionales”.

Otro problema que critican son los cambios en los recursos de apelación. Actualmente, cuando la pena es mayor a cinco años, interviene un tribunal pluripersonal y el proyecto del oficialismo lo quiere llevar a 18 años, lo que les parece excesivo porque deja los casos graves en manos de un solo juez.

“Sabido es que un tribunal colegiado ofrece una revisión plural de la sentencia, lo que le otorga un mayor grado de legitimidad institucional a la decisión a la que se arribe”. Concluye que, como “máximo, podría elevarse a 8 años la intervención unipersonal”.

Lo que viene

Por su parte, la diputada libertaria Silvia Malfesi sostuvo a La Capital: “En principio, hay que tener en cuenta la inmediatez de los magistrados a la hora de juzgar, que no sea la regla las audiencias online. Además, está mal el concepto de homogeneidad jurisdiccional, cada caso es un mundo”.

De ese mod, coincide con los jueces de la Corte y con la mayoría de la comisión mencionada. Quedan unos diez días de negociaciones hasta llegar al recinto, si es que no se intenta desplazar de nuevo de la agenda.