Los síndicos del concurso de la cerealera rosarina Díaz & Forti -que supo ser respirador artificial de Vicentin durante 2020- decretaron que su deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) asciende a más de $12.674 millones. La astronómica cifra supera, al menos nominalmente, a la ventilada en la causa de Oil Combustibles, quizás la más resonante del último tiempo vinculada a incumplimientos con el fisco.

La firma local había solicitado su convocatoria de acreedores el 12 de febrero de 2021, cuando imposibilitada de operar se presentó en la Justicia como último recurso. La jugada no salió bien y actualmente sigue sin actividad, lo que torna complejo su salida a flote.

Recientemente, el estudio jurídico contable a cargo de la sindicatura presentó la planilla actualizada de acreedores declarados admisibles. En ella se destaca la participación del organismo recaudador, que posee un crédito por $12.674.563.369,46, lo que representa más del 99% del pasivo en moneda nacional. Para tener una dimensión de la cifra, con ese dinero se podría completar -según cálculos oficiales- la obra del Hospital Regional Sur o financiar la construcción de 2.000 viviendas sociales.

Según explicaron fuentes judiciales, el grueso de la deuda con Afip se explica por el impago de declaraciones juradas y retenciones durante 2020, año en el que la cerealera operó a fasón las plantas de Vicentin. Fue en el mismo período en el que el Banco Central inició una investigación por irregularidades en la liquidación de divisas, que generó su suspensión en el Registro de Operadores del Mercado de Granos (Ruca).

La empresa está prácticamente sin actividad desde noviembre de 2020. Dos meses después de su desaparición del Ruca, Díaz & Forti pidió el concurso, pidiéndole al juez Marcelo Quiroga su intervención para volver a operar, una medida que no prosperó.

En el marco del expediente, Afip había reclamado un crédito de $15.264.522.117,46 (unos u$s 172 millones según la cotización oficial al inicio de la convocatoria). Finalmente, la deuda admitida por la sindicatura se redujo un 17%, aunque la cifra sigue siendo astronómica: representa prácticamente lo recaudado en 2021 por el gobierno provincial en materia de Impuesto Inmobiliario.

De momento la firma no adelantó cuál será su propuesta de pago. La semana pasada, a través de su abogado, hizo saber que no iba a categorizar acreedores, por lo que se espera haya una única oferta, aunque con la posibilidad de dar un "menú de alternativas", según se precisó en el expediente. El período de exclusividad vence el próximo 23 de noviembre.

Ascenso y caída

Resulta difícil no apelar al archivo para contar el caso de Díaz & Forti, que entre 2017 y 2020 vivió una verdadera montaña rusa. En pleno macrismo, la empresa -punta de lanza de un holding agropecuario- firmó un acuerdo para revitalizar el puerto de Barranqueras, en Chaco. Al poco tiempo, en eventos que incluyeron la presencia de figuras mediáticas, anunciaron grandes novedades: una marca propia para exportar productos premium, la apertura de una oficina en Madrid y una emisión de deuda en la Bolsa de Viena.

A finales de 2019 la firma jugó un pleno: cerró un acuerdo con Vicentin para operar sus plantas a fason, lo que le dio al grupo un salto de escala, pasando de exportar u$s 4 a u$s 837 millones de de un año para el otro. Sin embargo, a los pocos meses de ese meteórico crecimiento comenzaron los problemas, que se iniciaron tras una investigación del Banco Central.

El sumario de la autoridad monetaria determinó que entre mayo y septiembre de 2020, el 100% de las operaciones de exportación analizadas fueron encuadradas como presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario. Según la última información disponible, el órgano blanqueó que la empresa no había liquidado exportaciones por unos u$s 450 millones.

A mediados del año pasado, la firma fue noticia cuando la Justicia Federal decretó un embargo a sus accionistas por más de u$s 3.100 millones, lo que incluyó propiedades y autos de lujo.