El anuncio del directorio de Vicentin sobre el cierre de sus dos plantas en Avellaneda y Ricardone provocó un cimbronazo que se sintió en distintos ámbitos. Algunas voces de la política se manifestaron tras la decisión de la firma agroindustrial, que adujo "falta de contratos de fazón, lo que dificultó el cumplimiento de los compromisos asumidos".

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, quien expresó la necesidad de que la Justicia actúe con celeridad para garantizar tanto la operatividad de la empresas como el pago de los salarios a los trabajadores.

A través de su cuenta de X, el mandatario sanlorencino expresó: "El juez del concurso de Vicentin debe tomar inmediata nota de la situación actual de la firma y garantizar mediante la administración la operatividad de la misma y los salarios de los empleados".

Cierre de plantas e incertidumbre

El directorio de la compañía agroindustrial Vicentin confirmó este viernes el cierre de sus plantas por la caída de contratos. Se trata de las instalaciones ubicadas en Avellaneda y Ricardone. La medida se conoce en medio del proceso judicial contra cuatro de sus exdirectivos acusados de asociación ilícita, para quienes se dictó prisión preventiva por 120 días.

Según expresa el comunicado del directorio, la empresa santafesina tomó esta medida debido a la "falta de contratos de fazón, lo que dificultó el cumplimiento de los compromisos asumidos".

"En este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible", indica el comunicado.

La causa judicial

A fines de marzo los cuatro exdirectivos de Vicentin denunciados por la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario como jefes de una asociación ilícita quedaron detenidos con prisión preventiva por 120 días, en el marco de la causa penal por estafa y defraudación en el fuero penal. Se trata de Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua, jerarcas de la cerealera que fueron apresados ocho días atrás tras un operativo que incluyó 20 allanamientos.

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El tribunal conformado por Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy consideró que había indicios de riesgo procesal y elementos para considerar razonables las sospechas de los fiscales respecto de que la asociación ilícita que denunciaron siguió operando en la etapa posdefault de Vicentin, para consolidar su poder, detraer fondos del grupo económico y entorpecer la investigación.