Unidos para Cambiar Santa Fe consiguió la media sanción de la nueva ley de seguridad, pero la negociación desgastó a la alianza formada por la UCR, el Partido Socialista (PS), el PRO y otras fuerzas. Algo se resquebrajó.

“El gobierno quedó molesto. Se consumaron muchas cosas que sospechábamos”, dice un hombre de la mesa chica del gobernador Maximiliano Pullaro. En la Casa Gris creen que el socialismo estiró los tiempos por ideología y política.

“El socialismo se le paró de manos al gobierno en un tema en el que no podemos retroceder”, se quejan.

Las tensiones entre radicales y socialistas vienen de lejos. Hay diferencias ideológicas, pero también de roles. La UCR gobierna y el PS controla la Cámara de Diputados.

Los radicales reclaman herramientas para resolver las urgencias del gobierno. Los socialistas se ven como un control interno que también debe mirar las consecuencias a mediano y largo plazo.

En seguridad, esa diferencia pesa más. Pullaro responde por los resultados y reclama margen para decidir. El socialismo busca limitar algunas de esas herramientas porque también pone en juego su identidad política. Las relaciones personales también juegan. Todos se conocen las mañas.

Hasta acá, esa dinámica de pesos y contrapesos le sirvió a Unidos. Le permitió acordar las reformas más complejas: la judicial, la previsional y la constitucional.

En general, el gobierno tiraba una propuesta de máxima y después cedía para contener a aliados y opositores. Esta vez decidió poner un límite a las concesiones.

El miércoles a la noche el gobierno se plantó. Evaluó dos opciones. Una era retirar el proyecto si no se respetaba el texto original y dejar que el socialismo pagara el costo político.

La otra era construir una mayoría sin el PS. En el radicalismo aseguran que los votos estaban.

“El proyecto que se votó es el del gobierno. El socialismo dice que lo modificó y no es cierto. Lo único que se sacó fue la intervención territorial ampliada. Y no es un triunfo del gobernador, es lo que se está necesitando para seguir avanzando. Las organizaciones están más vivas de lo que creemos”, dice un integrante de la primera línea del gabinete.

Las quejas del socialismo

Los dirigentes socialistas hacen un balance opuesto: “El proyecto salió con muchas modificaciones. Era lo que iba a ocurrir, pero con un desgaste público hacia nosotros. En el medio jugaron a quebrarnos y no lo lograron”.

Cada sector necesita mostrar algo distinto. La Casa Gris quiere dejar claro que conservó las herramientas que reclamaba. El socialismo busca demostrar que consiguió cambios y que puede acompañar al gobierno sin firmar a libro cerrado los proyectos que envía el Ejecutivo.

En el PS hay quienes creen que el gobierno tiene “una naturaleza hegemonista”. En el núcleo del partido deslizan: “Quieren una coalición de empleados y nosotros no. Aliados o nada”.

Las diferencias se remontan al viejo Frente Progresista. Esa alianza la conducía el socialismo. El PS tenía a los dirigentes con más peso electoral: Hermes Binner, primero, Miguel Lifschitz, después. Los dos imponían condiciones.

“Nosotros jamás jugamos a extinguir a la UCR”, argumentan en el socialismo.

“Cuando ellos conducían te partían. Maxi podría hacerlo y no lo hace. Lo que no está dispuesto es a cogobernar la política de seguridad con gente que habla desde la comodidad del escritorio”, retrucan en la Casa Gris.

Las elecciones en el horizonte

A esas diferencias se suma la discusión electoral de 2027. La negociación por seguridad también puso a prueba cuánto puede condicionar cada socio al resto.

Esta semana Pullaro le abrió la puerta de Unidos a La Libertad Avanza (LLA). Fue un gesto hacia el gobierno nacional y el electorado antikirchnerista, pero también una advertencia al socialismo.

En el partido de la rosa se activaron todas las alertas. Para el socialismo, LLA es una línea roja. Cada vez que puede, Javier Milei defenestra a ese espacio como corriente política. A nivel nacional, el PS es un opositor duro del gobierno.

Si no se arma un tercer espacio competitivo, el socialismo tiene un plan B: sumarse a un frente anti-Milei que reúna al peronismo con exsocios de Cambiemos, como la Coalición Cívica (CC) y el radicalismo de Martín Lousteau.

El modelo es un frente XL como el que le permitió a Lula ganar la segunda vuelta en Brasil. El problema es que hoy en la Argentina no hay una figura de la estatura política del líder del PT.

Esa apuesta nacional complicaría la convivencia en Santa Fe. Cuanto más se acerque Pullaro a Milei, más le costará al socialismo explicar su pertenencia a Unidos. Separar lo provincial de lo nacional tiene un límite.

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En Santa Fe, una hipótesis es que Pullaro y la Casa Rosada acuerden un pacto de no agresión, sin formar una alianza.

Ese pacto supondría que los libertarios pongan un sparring al frente de la boleta y que Milei no venga a hacer campaña. El objetivo sería evitar que la división del voto no peronista beneficie al PJ.

A cambio, el sector de Unidos que participe del acuerdo podría apoyar algunas iniciativas del gobierno nacional en el Congreso. También evitaría enfrentarse con Milei para no complicar su reelección ni facilitar el regreso del peronismo.

A tres meses de la definición de las listas, la discusión electoral ya condiciona los movimientos de los socios. ¿Puede romperse Unidos?

Por ahora, ni en el radicalismo ni en el socialismo ven ese escenario. La ruptura tendría costos para ambos. La UCR perdería el respaldo de una coalición amplia. El PS arriesgaría el poder y la influencia que conserva dentro del oficialismo provincial.

Sí creen que en 2027 habrá competencia. Y será el voto popular el que defina cuánto pesa cada socio y qué lugar ocupa en la alianza.

En el socialismo incluso deslizan que podrían tener un nombre para competir con Pullaro por la Gobernación.

Una interna les permitiría disputar la conducción sin romper Unidos. La pelea seguirá abierta: cuánto poder tiene cada socio y hasta dónde puede condicionar a los demás.

En política, tres meses es una eternidad. Sin embargo, el trámite de la ley de seguridad marca un antes y un después en la coalición que llegó hace casi tres años al poder. La confianza es como un jarrón: si se rompe se puede pegar, pero no vuelve a ser igual.