Los diputados nacionales de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23 con el objetivo de evitar que se consoliden nuevas adquisiciones de tierras rurales por parte de extranjeros mientras se define el futuro de la normativa.

La presentación judicial se produjo luego de que la Corte Suprema revocara un fallo que había declarado la inconstitucionalidad de ese artículo del DNU, que derogó las restricciones establecidas por la denominada ley de tierras para la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros.

El planteo judicial se suma, de ese modo, a la ofensiva parlamentaria de los bloques opositores para intentar derogar el DNU 70/23.

La ley de tierras, bajo la lupa

La Cámara de Diputados deberá definir ahora si la sesión especial solicitada para el 15 de octubre próximo reúne el quorum necesario para tratar la derogación del decreto.

Los legisladores firmaron el pedido de sesión especial presentado este jueves por bloques opositores en la Cámara baja, donde se buscará debatir el DNU 70/23, que incluye la derogación de la ley de tierras.

Sin embargo, en paralelo con esa estrategia parlamentaria, presentaron la cautelar para evitar que durante el período de vigencia del artículo 154 se consoliden operaciones que luego puedan quedar protegidas como derechos adquiridos.

“La cautelar busca evitar que las operaciones que puedan realizarse durante ese período se consoliden luego como derechos adquiridos. El planteo advierte que, aun si el Congreso rechazara el DNU o si se restablecieran por ley las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas durante su vigencia podrían quedar a salvo”, señalaron los diputados.

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En el escrito presentado ante la Justicia, Pichetto y Massot cuestionaron además que la derogación de la ley de tierras mediante un decreto de necesidad y urgencia haya reunido las condiciones previstas por la Constitución.

Según sostuvieron, la decisión “no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para el dictado de un DNU”.

Los diputados argumentaron también que las tierras rurales y los cuerpos de agua constituyen recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, por lo que, a su criterio, el régimen aplicable a su disposición debe ser establecido por el Congreso.

La ley 26.737 había establecido límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, además de restricciones vinculadas con la superficie que podía concentrarse en manos de titulares foráneos.

Como parte de la cautelar, los legisladores solicitaron que se adopten medidas destinadas a preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener actualizada la información sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y garantizar la publicidad de la existencia del proceso judicial.