Hubo modificaciones en puntos cruciales, como el Impuesto a las Ganancias y el Rigi. Se estima que ambos proyectos se traten en la Cámara Alta a mitad de junio
Foto: Archivo / La Capital.
El Senado nacional comenzó a debatir la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
Lejos parece haber quedado la media sanción que obtuvieron la ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados, un mes atrás. El paso siguiente es que ambos proyectos se traten en el Senado, algo que se espera que suceda a mitad de junio luego de que se modifiquen varios puntos durante el tratamiento de las iniciativas en las comisiones de la Cámara Alta.
De todos modos, la administración de Javier Milei tuvo que acceder a más de 40 modificaciones para conseguir los dictámenes en las comisiones, que habilitan el tratamiento en la Cámara de Senadores.
Los cambios se dieron en capítulos clave, como el Impuesto a las Ganancias, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi) y las facultades delegadas a Milei.
Fue uno de los puntos más cuestionados por la mayoría de las provincias, con mayor preponderancia por parte de las provincias patagónicas. Los mandatarios de la región pidieron modificaciones debido a que el costo de vida es más alto y, por consiguiente, los sueldos también.
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En ese marco, se dispuso un aumento del 22% en el mínimo no imponible para los ciudadanos de la Patagonia. Esto no dejó contentos a todos ya que hay senadores y gobernadores de provincias por fuera de la región patagónica que también reclamaron la suba del piso, teniendo en cuenta que en sus territorios también hay trabajadores con altos ingresos que serán alcanzados, nuevamente, por este impuesto.
Este régimen fue puesto bajo la lupa por innumerables legisladores, gobernadores, científicos y especialistas, entre otros, por la gran cantidad de permisos y exenciones impositivas que otorgaba a empresas extranjeras que quisieran comenzar un negocio en el país, pero tenían que dejar muy poco o nada a cambio.
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Tras varias discusiones, el oficialismo modificó el artículo 163, que iba en contra de determinados aspectos relacionados a la autonomía de las provincias, y agregó una obligación para las empresas que adhieran a este régimen a presentar un plan de desarrollo con proveedores locales.
En tanto, permitirán que industrias nacionales puedan acceder a los beneficios fiscales y cambiarios.
En este plano hubo dos cambios significativos: se incluyó la exclusión de hermanos de funcionarios para adherir al régimen y a funcionarios públicos que ejercieron cargos en los últimos diez años.
Sin dudas, otro de los puntos más controversiales de la ley Bases. En relación a esta cuestión, el oficialismo accedió a quitar 15 organismos e instituciones públicas que el gobierno no podrá intervenir para su eventual disolución.
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Entre ellas, se encuentran el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). Además, se sumó un párrafo para garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
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