La ahora exintegrante del MPA fue investigada por incumplimiento de deberes de funcionario público en Cañada de Gómez
Senadores y diputados provinciales apartaron del cargo a la fiscal de Cañada de Gómez.
Por unanimidad, la Legislatura de la provincia de Santa Fe apartó este jueves de su cargo de fiscal a Gabriela Lescano, bajo la lupa por incumplimiento de sus deberes a partir de una denuncia que reveló que alquilaba, en una galería, una oficina externa donde tenía una persona ajena al Ministerio Público de la Acusación (MPA) trabajando legajos de investigación.
Senadores y diputados provinciales decidieron remover a Lescano como fiscal Regional de la 2ª Circunscripción Judicial (Cañada de Gómez) por mal desempeño de sus funciones e inhabilitarla para acceder al MPA por diez años.
Los integrantes de ambas Cámaras acompañaron el escrito de la comisión de Acuerdos, que había tomado la acusación de la diputada provincial Silvana Di Stefano (UCR), al ratificar la decisión.
Durante la sesión conjunta en el recinto de Diputados ningún legislador respaldó el argumento que elevó el abogado que representó a Lescano, Gustavo Feldman, quien sostuvo que la fiscal no pudo ejercer por razones de salud su derecho a la defensa.
Feldman había presentado este miércoles un nuevo recurso para que no avanzara la sanción, debido al estado psicofísico en el cual se encuentra la representante del MPA. Y adjuntó un informe médico al respecto.
El titular de Acuerdos, el senador provincial Joaquín Gramajo, destacó la labor de la diputada acusadora, de la comisión bicameral y de la defensa, que aportó dictámenes de profesionales de la salud acerca del estado de Lescano.
En ese sentido, Gramajo recordó que el criterio de la comisión fue siempre el de tener en consideración las resoluciones médicas de peritos oficiales (Corte Suprema de Justicia y Caja de Previsión Social).
Lescano había sido sancionada en octubre de 2023 por irregularidades en su desempeño. Por entonces se le aplicó una suspensión provisoria y temporal, que incluyó una reducción de 50 por ciento del sueldo y la prohibición del ingreso a cualquier oficina del Ministerio Público de la Acusación.
Las faltas atribuidas a la fiscal fueron divididas por la Auditoría General de Gestión en relación a dos investigaciones por los denominados “caso Canteros” y “caso Vera”.
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Por Claudio Berón