El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires dispuso este martes el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero millonarias a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde junio de este año por la causa vialidad.

La medida alcanza también a Lázaro Antonio Báez y otras personas condenadas y sociedades vinculadas, así como a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en calidad de titulares de bienes identificados en el proceso.

Los bienes en cuestión suman un total de 20 propiedades que pertenecen a la familia Kirchner. Además, se estableció el decomiso de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado.

La sentencia —que quedó firme el 10 de junio de 2025— había fijado inicialmente el decomiso de $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.

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El decomiso dispuesto incluye bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado

Por otra parte, el tribunal encomendó al Ministerio Público Fiscal la tarea de precisar las circunstancias jurídicas y fácticas relativas a las sumas y bienes derivados del delito, así como la identificación de los activos en los que esos valores hubieran sido incorporados o transformados. La Fiscalía individualizó bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.

El tribunal ordenó la inscripción de los bienes decomisados en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales. Asimismo, se estableció que la finalidad prioritaria del decomiso es la reparación del daño causado a la administración pública y la sociedad, en línea con los estándares internacionales y la jurisprudencia local.

Finalmente, la resolución aclara que la Fiscalía mantiene la facultad de identificar nuevos bienes susceptibles de decomiso durante la ejecución de la sentencia, siempre que cumplan con los parámetros fijados por el tribunal. El proceso de realización de los bienes se realizará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.