La familia Razzini enfrenta un nuevo frente judicial en Rosario. A la crisis financiera que llevó a las cuatro empresas del holding a solicitar el concurso preventivo de acreedores en 2025, ahora se suma una denuncia penal por una presunta estafa vinculada con tres departamentos que vendieron, pero nunca entregaron. La diputada nacional libertaria Verónica Razzini integra, con distintos grados de participación, las estructuras societarias de las firmas involucradas.

Con un pasivo que supera los 13 mil millones de pesos, el grupo empresarial Razzini recibió una nueva denuncia. En este caso penal y por la falta de escritura de tres departamentos que el empresario Osvaldo D'Arragona había comprado. Días atrás la Justicia admitió a D'Arragona como querellante bajo el patrocinio de las abogadas Viviana Cosentino y Guillermina Fruci. La propia diputada de La Libertad Avanza Verónica Razzini fue llamada a declarar el 8 de octubre en el Centro de Justicia Penal, junto a sus hermanos Nelsón y Leandro, quienes estuvieron acompañados por su abogado Pablo Salvatori.

El empresario denunciante firmó un contrato de compraventa con Nelson Razzini por seis inmuebles comprendidos en desarrollos de terceros, pero donde la familia Razzini mantenía relaciones comerciales. Los tres primeros, que son lotes en Funes, fueron entregados sin inconvenientes. Sin embargo, luego aparecieron los problemas con los otros tres inmuebles, más precisamente departamentos.

Aunque actualmente está dedicada a la actividad política, Verónica Razzini conserva participación formal en la estructura societaria del holding familiar. Según el informe, aparece como vocal titular de Hormigones Ricci, gerente de Razzini Industrial y Razzini Materiales, y vicepresidenta de Almacén de Obras.com.

En este contexto, la sindicatura del concurso analizó las sociedades del grupo que comprenden a Razzini Industrial SRL, Razzini Materiales SRL, Hormigones Ricci SA y Almacén de Obras.com SA. Entre las cuatro firmas acumulan un pasivo de más de 13 mil millones de pesos, que según los empresarios, se originó por la caída de la construcción, la paralización de la obra pública, el impacto de la devaluación y el retiro masivo de materiales que los clientes mantenían acopiados. La reducción del personal y achicamiento de la estructura empresarial no pudieron hacer frente a la falta de ingresos, según argumentaron.

¿Dónde están los tres departamentos que faltan?

D'Arragona había suscripto un certificado notarial y establecía como fecha límite para completar las escrituras de los departamentos el 7 de julio de 2025, pero a fin de ese mes las empresas de los Razzini se presentaron en concurso de acreedores.

Según pudo averiguar La Capital, D'Arragona estaba interesado en invertir en el mercado inmobiliario y mediante un corredor se contactó con el grupo Razzini, que le ofrecieron un espacio en uno de los últimos barrios privados de Funes y otros inmuebles. Ese lote fue entregado y así dos lotes más, pero los departamentos nunca aparecieron.

Son tres unidades repartidas por Rosario, en distintos edificios y desarrollados por tres constructoras distintas. Por todos los departamentos se abonó una suma de alrededor de 300 mil dólares a través de boleto de compra. Cuando el empresario solicitó la escritura, Razzini no ofrecía respuestas. En este marco, las abogadas de D'Arragona enviaron carta documento a los desarrollistas. Dos de los tres respondieron: "No tenemos relación con Razzini" y "el grupo nos debe dinero por lo que la operación se dio por terminada". El restante no ofreció claridad a la situación.

Un año después, el empresario aún espera por tres de las seis unidades que ya pagó. La querella sostiene que la falta de escrituración no se debe a las inconsistencias financieras, sino a maniobras del grupo Razzini para obtener el dinero sabiendo que no iban a poder pagar a los desarrollistas y transferir los inmuebles a D'Arragona.

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En este contexto, Darragona y su equipo de abogados sostiene que el holding se quedó con el dinero a pesar de saberse insolventes para realizar la operación y solicitó que se investigue una posible estafa. Por parte de la familia Razzini sostiene que no hubo delito, sino que se trata de un acuerdo comercial que no pudieron cumplir por falta de sustento económico. La condena por estafa, según la gravedad del caso, puede ir de 1 a 6 años.

La sindicatura expuso a los Razzini

Enmarañados en una crisis que lleva ya dos años, el grupo Razzini recibió un duro golpe al conocer el último informe que la sindicatura presentó ante Luciano Juárez, juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la 8ª Nominación de Rosario. Para la sindicatura, las cuatro empresas accionaron "de manera inequívocamente unificada, utilizando sus activos e incluso, como se detallará oportunamente, abusando, de manera entrecruzada para ocultar y postergar la exteriorización del estado de cesación de pagos".

La sindicatura sostuvo que "el colapso financiero es el resultado de una crisis sistemática coordinada, agravada por decisiones de vaciamiento patrimonial y el uso abusivo de estructuras societarias para enmascarar un estado de impotencia patrimonial estructural".

Según la sindicatura, hasta 2023 las empresas mostraban "crecimiento y sostenibilidad", sin embargo un año más tarde mostraron balances en rojo con pérdidas de 667 millones de pesos. Un año más tarde, sólo entre Hormigones Ricci y Razzini Materiales tenían una deuda de más de 8 mil millones de pesos.

Las acusaciones más graves fueron para Hormigones Ricci SA, que cerró en agosto de 2024 su ejercicio económico con pérdidas por 116 millones de pesos, pero al mismo tiempo repartió ganancias entre sus accionistas por más de 299 millones de pesos. "Es una maniobra clara de vaciamiento", señaló la sindicatura en un informe al que accedió La Capital. Además, Razzini Materiales SRL pasó de gestionar 2.663 millones de pesos en 2024 a tan solo 878 millones en 2025, es decir, una pérdida del 70% de su actividad. "Denota una licuación de existencias sin su correspondiente correlato en el ingreso de disponibilidades", señaló el informe.

Por otra parte, la sindicatura afirmó que Almacén de Obras.com SA, creada en 2020, pero inscripta en diciembre de 2023, nunca contabilizó ventas ni personal a cargo, pero fue utilizada para obtener financiamiento bancario y emitir cheques que finalmente fueron rechazados por falta de fondos. "Los administradores utilizaron la Cuit 'limpia' de Almacén de Obras" para tomar deuda bancaria y librar cheques", explicó la sindicatura y sostuvo que esta maniobra dilató el colapso del grupo.

Entre las cuatro firmas, el grupo Razzini tiene un pasivo de 13.378 millones de pesos entre créditos privilegiados, quirografarios, condicionales y deudas denunciadas que no fueron presentadas a verificar. En la otra vereda, los activos ascienden a poco más de 2 mil millones de pesos, más de 4,6 millones de dólares. La sindicatura aclaró que esta cifra está sujeta a evaluaciones y actualizaciones.

Con los números en rojo y la justicia vigilando al holding con base en la zona suroeste, el informe también expone que la familia Razzini no entregó los libros de las sociedades y no pudo dar cuenta de los balances de los últimos años de actividad.

Mientras los Razzini pasan por las salas de la Justicia, la sindicatura no responsabilizó individualmente a los integrantes del holding, sin embargo, mantiene vigente las investigaciones.

Verónica Razzini, de los materiales de construcción a la política

Verónica Razzini se formó como una destacada empresaria de materiales de construcción con una firma que heredó de su padre Víctor. Ella junto con sus hermanos se expandieron en el mundo de los negocios y lograron conformar un holding con presencia en la ciudad.

Si bien Razzini era conocida en un mundo rodeado de ladrillos y cemento, su salto en la exposición pública se dio cuando un largo conflicto con trabajadores del sindicato de camioneros conducido por Sergio Aladio escaló a los medios de comunicación. En ese momento, los Razzini ganaron la demanda en la Justicia, fundaron el Movimiento Empresarial Antibloqueo (Meab) y salieron fortalecidos.

A partir de allí, Veronica Razzini fue tentada por la política y firmó en 2023 planilla como candidata de Juntos por el Cambio, enmarcada en la bandera del PRO y de Mauricio Macri, y apañada por el ahora exdiputado Gabriel Chumpitaz. Así se ganó un lugar en la Cámara baja de la Nación.

Sin embargo, en medio del coqueteo entre el PRO y la Libertad Avanza, la legisladora pegó el portazo en noviembre de 2025 y se pasó del bando amarillo al violeta. En una decisión en conjunto con otro santafesino en la Cámara de Diputados: Alejandro Bongiovanni, ligado a la Fundación Libertad.

El salto de garrocha político fue oficializado en esos días por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y fue tomado como una traición por su mentor político: "Razzini, no tenés palabra ni memoria. Nosotros te hicimos diputada. Hay que defender a los santafesinos y no entregarse a la primera de cambio. Roma no paga traidores”, disparó Chumpitaz en un tuit.

Y ya en por esa época Chumpitaz puso el foco en el Grupo Razzini, la empresa familiar de la diputada: “Hasta su propia familia le va a dar la espalda en la empresa concursada que debe más de 10 millones de dólares y dejó colgado a cientos de rosarinos. El que a hierro mata a hierro muere”.