El gobierno provincial sigue cuestionando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones en el marco de la reforma previsional. El ministro de Economía, Pablo Olivares, sostuvo que el problema, más que cuantitativo, es ético por la no contemplación de la solidaridad previsional.

Luego de conocidos los fallos del máximo tribunal, el Ejecutivo avisó que acudirá al máximo tribunal de la Nación. “Estamos hablando de una instancia más, sin desmerecer a la Corte Suprema, y hay una instancia que se va a recurrir”, dijo Olivares en conferencia de prensa.

“No es definitivo el fallo y también es preciso remarcar que cada miembro se expresó de manera diferente”, dijo respecto a la forma en que se integraron las mayorías en el fallo sobre el tope y sobre el aporte solidario.

La Corte y el gobierno

Según el ministro son unos 50 casos quienes se benefician con la inconstitucionalidad del tope salarial “en su mayoría son casos de altos funcionarios, legislativos de designación política o carrera de magistrado judicial”. “No es el impacto cuantitativo sino de otra índole. Hemos hecho una reforma al sistema previsional para que la provincia invencible conserve y tenga un sistema previsional sólido”, agregó.

“Hemos hecho todos esfuerzos para la sustentabilidad. Insisto, no en lo cuantitativo sino en cómo se reparten los esfuerzos para alcanzar la sustentabilidad”.

Y luego insistió: “Quiero remarcar que tiene que ver con lo cuantitativo por una cuestión de solvencia de la Caja, pero más impacto en el reparto ético”.

El fallo

Este lunes, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se expresó sobre la legitimidad de dos puntos de la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial que arrastraba un fuerte componente político. Por un lado, declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones y, por otro, validó los aportes solidarios. El Ejecutivo cuestiona el primer fallo y, por ese motivo, acudirá al máximo tribunal de la Nación.

En los dos pronunciamientos estuvo la definición clave del ministro Roberto Falistocco, quien se inclinó por la constitucionalidad del aporte y por la inconstitucionalidad del tope fijo.

En el primer caso formó mayoría con Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza y, en el segundo, con Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder.

Vale aclarar que el aporte solidario, que en septiembre dejará de ser aplicado para activos y pasivos, fue declarado constitucional, pero se otorgó un plazo de 30 días para que los demandantes vayan a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Había mucha expectativa por los pronunciamientos sobre los casos. Uno llamado Lisi, por Gladys Noemí Lisi, una docente jubilada que cuestionó la emergencia previsional y el aporte solidario, mientras que el otro es el caso Ramón, por Elena Virgina Ramón, una camarista penal que apelaba el tope jubilatorio.