El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe repudió al secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, por los cuestionamientos del funcionario contra las magistradas que dieron lugar a los amparos de jubilados del Poder Judicial y que suspendieron artículos de la ley para los demandantes.

En un comunicado, el colegio destacó su "repudio a las expresiones agraviantes y calumniosas emitidas en una red social" por Boasso y su "solidaridad con los jueces y juezas del fuero Laboral de Rosario”.

El Colegio se refirió a las declaraciones de Boasso en las últimas semanas sobre los fallos, a su criterio arbitrarios. Apuntó directamente contra la magistrada Patricia Otegui, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 6 de Rosario, y su par Silvana Quagliatti, del Laboral N° 8, y también contra los jubilados exfuncionarios del Poder Judicial que realizaron las demandas.

Jorge Boasso y sus dichos

“La pobre camarista jubilada Elena Ramón cobra limpio 11.300.000 pesos. No paga Iapos ni Ganancias. Y se niega al aporte solidario. ¡Desfachatez es poco!”, escribió en X y adjuntó un recibo de sueldo.

Y agregó en la misma red social: “Hay 80 amparos contra la reforma previsional, involucrando más de 200 personas. Solamente tenemos sentencias adversas en dos casos y son exmagistrados, justo del Poder Judicial”.

En LT8 aumentó la ofensiva: "Están fallando por interés propio, porque están fallando en aspectos de la ley que los alcanzarán en el futuro cuando se jubilen. Quagliatti, quien falló en favor a amparistas de exjueces, tiene el expediente iniciado de jubilación desde 2019. Están fallando en causas propias, da el amparo porque sabe que la va alcanzar a ella cuando se jubile".

Por último, dijo: "No son jubilados que ganan 270 mil pesos la mínima, cobran 9,10,11 millones por mes y la única retención que tienen es un aporte solidario y se niegan. El Poder Judicial se tiene que hacer una caja propia y que la hagan sustentable, ¿por qué bancarla entre todos?".

La respuesta

Según la corporación judicial, que fue la que más se opuso a la reforma previsional por los aportes y descuentos que establece, el funcionario “incurre nuevamente en la ilegítima conducta de publicar información privada de quienes accionan en defensa de sus derechos”.

“Una vez más, nuestra institución debe pronunciarse públicamente frente a exabruptos volcados por el funcionario de mención, que deberá hacerse personalmente responsable por las consecuencias de su temeraria conducta”, añadió el comunicado.

Por último, exhortaron a las autoridades provinciales a hacer cesar este tipo de “agresiones, coacciones y falsas imputaciones provenientes de funcionarios que mal desempeñan sus cargos y asesorías, atacando decididamente la independencia judicial y que exceden y desbordan largamente el derecho de crítica a los actos de los poderes públicos”.

Nueva resolución

Paralelamente, Fabián Vega, juez en lo Laboral laboral de Rosario, aceptó un amparo contra la reforma previsional presentado por seis jubilados de la API.

En ese sentido, la Justicia declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 2° y 10° de la nueva ley previsional de la provincia.