La Cámara Federal porteña confirmó este viernes la decisión de apartar como querellantes a cinco inversores que denunciaron haber sido víctimas de una estafa con la criptomoneda $Libra, promocionada por el presidente Javier Milei antes de que su cotización se desplomara. El fallo no cierra la causa ni define si existió un delito, pero limita la capacidad de los denunciantes para impulsar la investigación.

La resolución fue firmada por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quien un día antes había jurado como integrante efectivo de la Sala I. El tribunal ratificó el criterio del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien había hecho lugar a una excepción por falta de acción planteada por la defensa del empresario Mauricio Novelli.

La decisión alcanza a Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo. Los cinco apelaron su exclusión con el argumento de que sufrieron pérdidas por una maniobra defraudatoria y, por lo tanto, debían ser reconocidos como víctimas directas y acusadores particulares.

La postura de los jueces

Para los camaristas, sin embargo, los inversores no lograron identificar el ardid o la afirmación falsa concreta que los habría inducido a comprar el token. Según señalaron, describieron una secuencia de acontecimientos —el lanzamiento, su difusión pública y la caída del precio—, pero no establecieron cuál fue el engaño determinante de cada operación ni el nexo directo con el perjuicio denunciado.

Llorens y Bertuzzi distinguieron entre una pérdida derivada del derrumbe de un activo de alto riesgo y un desapoderamiento provocado mediante un engaño penalmente relevante. Remarcaron que $Libra operó en un mercado no regulado, caracterizado por la volatilidad y la fuerte exposición al riesgo, y concluyeron que quienes compraron el token aceptaron voluntariamente esas condiciones.

El fallo también relativizó la hipótesis inicial sobre la existencia de un plan criminal organizado desde sectores vinculados con el gobierno y los desarrolladores del criptoactivo. Para la Cámara, esa teoría se fue “debilitando” con el avance de la investigación, mientras ganó peso la explicación de que las pérdidas fueron consecuencia de una inversión especulativa.

Los jueces rechazaron además que el reconocimiento inicial de los inversores como querellantes tuviera efecto de cosa juzgada. Indicaron que aquella admisión fue provisoria y que podía revisarse con la incorporación de nuevas pruebas. Las medidas cautelares dictadas al comienzo del expediente tampoco impedían modificar esa evaluación.

El comienzo de la causa $Libra

El expediente se originó después de que Milei difundiera $Libra en su cuenta de X como una iniciativa privada destinada a financiar emprendimientos argentinos. El activo tuvo una suba abrupta y luego perdió casi todo su valor en pocas horas, tras ventas realizadas por quienes concentraban buena parte de los tokens. La maniobra habría permitido retirar alrededor de 100 millones de dólares y dio lugar a denuncias en la Argentina y en el exterior.

La causa investiga a los responsables del lanzamiento, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis, el creador de mercados Julian Peh y Novelli. También analiza el papel del presidente y de otros funcionarios en la promoción del proyecto y sus contactos previos con los impulsores.

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La decisión se limita a la legitimación procesal de los cinco inversores: no sobresee a los imputados ni clausura la investigación. La pesquisa continuará bajo la conducción del fiscal federal Eduardo Taiano, aunque sin esos particulares como querellantes. Los afectados anticiparon que recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal para intentar revertir el fallo.