El Senado de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. La iniciativa, conocida como “narcolemia” o narcotest, busca establecer controles sobre el consumo de sustancias psicoactivas ilegales entre quienes ocupan cargos electivos o fueron designados políticamente.

El proyecto fue impulsado por el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, y ahora deberá ser analizado por la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.

La propuesta alcanza a un amplio universo de funcionarios. En el Poder Ejecutivo incluye al gobernador, vicegobernador, ministros y las cúpulas policiales, mientras que en el Legislativo comprende a los senadores y diputados. También contempla a integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y de los organismos de control.

El objetivo planteado por sus impulsores es fortalecer la transparencia y la integridad en la función pública, además de permitir una detección temprana de situaciones vinculadas con el consumo de sustancias.

Cuándo deberán hacerse los controles

El proyecto establece que los exámenes serán gratuitos y obligatorios y deberán realizarse en cuatro situaciones.

La primera será dentro de los 30 días posteriores a la asunción del cargo. Luego se prevén controles periódicos, con una frecuencia anual.

También habrá controles aleatorios mediante un sorteo transparente y podrán realizarse exámenes cuando existan denuncias concretas y fundamentadas.

La iniciativa contempla además la posibilidad de que otros agentes de la administración pública provincial puedan realizarse los estudios de manera voluntaria, como una herramienta de prevención y autocuidado.

Qué pasa si el test da positivo

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que plantea un abordaje no punitivo ante un resultado positivo. En esos casos, la propuesta establece la intervención de un equipo interdisciplinario que deberá brindar contención y evaluar la situación y la aptitud del funcionario para continuar desempeñando sus tareas.

Entre las alternativas previstas aparecen tratamientos ambulatorios, licencias temporales o reasignaciones transitorias, con la intención de resguardar tanto el derecho a la salud como la confidencialidad de la información.

El proyecto diferencia así entre el resultado positivo de un examen y la negativa injustificada a someterse al control.

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En este último caso, la negativa sería considerada una falta grave y podría derivar en suspensiones preventivas, sumarios administrativos o procesos de remoción, de acuerdo con el régimen correspondiente a cada funcionario.

La iniciativa también apunta a municipios y comunas

Si la Cámara de Diputados convierte el proyecto en ley, el Poder Ejecutivo provincial tendrá 60 días para reglamentarlo. La propuesta también contempla invitar a los municipios y comunas de Santa Fe a adherir a la normativa.

De esta manera, el alcance de la medida podría extenderse más allá de la administración provincial, aunque esa incorporación dependerá de la adhesión de cada gobierno local.