Media docena de integrantes de la banda de Nicolás Lezcano, una organización narcocriminal con base en el barrio Nuestra Señora de la Paz de Granadero Baigorria, quedó al borde del juicio oral y público que se realizaría en 2023. El fiscal Alejandro Ferlazzo presentó la acusación, paso previo para la audiencia preliminar, en la que requirió para Lezcano, considerado jefe de una asociación ilícita y responsable de al menos dos homicidios, la pena de prisión perpetua. Entre los acusados hay tres familiares directos de Pablo Leonel “Fino” Sosa, de quien Lezcano “heredó” la pandilla tras el asesinato de éste el 8 de agosto de 2021 en Esteban de Luca y Paraguay, en el barrio Tiro Suizo de Rosario. En ese sentido, la Fiscalía requirió para Nadia “Muma” Sosa, hermana de Fino, 30 años de prisión; para su hermano Ricardo “Bubu” Franke, 10 años de cárcel; y para Laura Patricia Sosa, su madre, 8 años de encierro. Para Gastón “Guachín” Moreyra, en tanto, pidieron una pena de 25 años.

Usurpaciones, robos, escruches, balaceras contra personas e inmuebles, amenazas, compra y entrega de armas de fuego, municiones y chaleco antibalas, homicidios, extorsiones para que testigos brindaran datos falsos a la Justicia, entrega de dinero para hackear cuentas informáticas y obtener datos de testigos, y adquisición y venta de drogas. Esos son los delitos achacados en la audiencia imputativa del 23 de marzo pasado cuando los integrantes de la banda fueron acusados de integrar una asociación ilícita que funcionó al menos desde el 26 de diciembre de 2020, cuando Facundo Conteras fue asesinado en la bajada Formosa de Granadero Baigorria, y en la cual Lezcano asumía el rol de jefe y los otros como miembros.

El asesinato de Facundo Contreras volvió a tener relevancia pública la semana pasada tras el doble crimen de Gaspar Claudio Alejandro “Gaspi” Corapi y de Bruno Diosnel Anzoátegui, ocurrido el 4 de noviembre atrás de la planta de La Virginia, en el pasaje Schork y Nicaragua, en el barrio Larrea. Según sus vecinos, Gaspi vendía drogas en el noroeste de Granadero Baigorria, y su primo Anzoátegui “la ligo de arriba” ya que era ajeno a las circunstancias que rodearon el doble crimen.

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Según la investigación, el 26 de diciembre de 2020 alrededor de las 21.30 Contreras, un estudiante de nutrición de 25 años que había regresado días antes desde Brasil para pasar las fiestas con su familia, compartía unas cervezas junto a un grupo de amigos cuando desde un Renault Clio le dispararon al grupo en el que estaba, entre otros, el propio Gaspi. Este hombre trasladó agonizante a Contreras hasta el Hospital Eva Perón y la pesquisa develó que el ataque estaba orientado hacia él y a “uno de los hijos de Daniel «Dany» Godoy” (un narco del Cordón Industrial). Por el hecho, Lezcano fue acusado como coautor del asesinato.

La banda del Fino

Para la acusación Lezcano y Fino Sosa se encargaron de dirigir los destinos de la banda y las tropelías que cometían. Sosa fue ajusticiado el 8 de agosto de 2021 en el barrio Tiro Suizo por orden de Fernando “Enano” Morel, organizador de varios ataques extorsivos ordenados supuestamente por Ariel Máximo “Guille” Cantero. El Enano lo acusó de estar haciendo negocios con otro transas, robarle una pistola ametralladora FMK 3 y entre 200 y 300 mil pesos provenientes del negocio ilegal. Por eso lo mandó a matar y siguió mediante video llamada las horas de torturas que precedieron al asesinato de Fino.

Lezcano cayó preso en mayo de 2021 en un departamento de Balcarce al 1400, a 200 metros de los Tribunales. Además del crimen de Contreras, también fue acusado por la ejecución de Luis Eduardo Campos, ocurrido el 30 de septiembre de 2021 en la plaza Ovidio Lagos de Martín Fierro y Francisco de Miranda, en el barrio La Florida.

Horas antes de ese hecho Lezcano, quien estaba bajo prisión preventiva por el crimen de Conteras, contactó a Campos fingiendo una compra de drogas. Pactó un encuentro y le habría pagado a su hermano de 17 años y apodado “Gordo”, entre 50 y 70 mil pesos para que ejecutara al hombre en un lugar público. El nexo de Lezcano con Campos fue la acusada Nadia Sosa.

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El líder de la banda coordinó y monitoreó al segundo el asesinato desde su celda de Piñero y el móvil fue que Campos “era una competencia territorial” para la banda. Además, a Lezcano le imputaron abuso de armas agravado por la participación de un menor de edad, daño y amenazas coactivas calificadas por el uso de armas y por ser anónimas, en carácter de instigador.

Nadia Sosa, hermana de Fino, es la pareja de Lezcano. Ella también fue imputada de haber participado en el asesinato de Campos. Muma, como la apodan, fue acusada por ser miembro de la asociación ilícita, participe primaria en un caso de abuso de armas agravado por la participación de un menor de edad, daños y amenazas coactivas calificadas por uso de armas y por ser anónimas. Para la acusación, fue el eslabón principal para cumplir en el territorio las órdenes que su pareja daba desde la cárcel, entre ellos la venta de droga y la trasmisión de órdenes a los soldados de la banda.

Otro eslabón de esta cadena criminal es Guachín Moreyra, quien se ocupaba de resguardar las bocas de expendio de droga hasta que fue detenido y acusado de haber participado del asesinato de Contreras. Este hombre fue el primer detenido de la causa. Un día después del crimen fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego de guerra.

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Tras esa imputación su casa fue atacada a balazos, el 11 de mayo y el 1º de agosto del 2021 por orden de Lezcano. Se estima que el primer ataque fue para asegurarse de que Guachín mantuviera el código de silencio; en el segundo los tiratiros dejaron un cartel: “Quisiste darme a mí, no pudiste y le diste a mi socio. Ya sé que fuiste vos, el Leo y el Gordo Lillo. Ahora la van a pagar”. La sospecha es que el ex ladero del jefe había cometido un fallido atentado contra otro integrante de la banda. El cartel fue refrendado con al menos 15 disparos contra el frente de vivienda.

Para la acusación, el rol de Laura Patricia Sosa, madre de Fino, Muma y Ricardo “Buba” Franke, y suegra de Lezcano, fue fundamental en el andamiaje delictivo. La mujer era la encargada de la venta de drogas, la obtención de dinero y el ocultamiento de los derivados de los distintos delitos. Su casa de Montevideo al 1300, en Granadero Baigorria, era uno de los aguantaderos utilizados por la banda. Fue acusada como miembro de la asociación Ilícita y encubrimiento. Su hijo Bubu era uno de los tiratiros de la pandilla en las intimidaciones y extorsiones, vendía drogas y controlaba las bocas de expendio. Fue imputado por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y portación de arma de fuego de guerra.

Finalmente, Débora “Rusa” Rodrigo se encargaba de la usurpación de viviendas y reconvertirlas según las necesidades de la banda. Para la acusación confabuló con Lezcano para desviar u obstaculizar investigaciones judiciales manipulando el arma homicida en el crimen de Contreras y así inculpar a Guachín, o realizar una falsa denuncia como víctima de un hecho de abuso de armas contra su residencia. Esta mujer fue acusada por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra (dos hechos), encubrimiento (dos hechos), encubrimiento por favorecimiento personal agravado por provenir de un hecho especialmente grave, falso testimonio agravado por ser causa criminal, miembro de la asociación ilícita miembro y falsa denuncia.