Una investigación que se desprendió de la causa por una presunta estafa millonaria al Pami en las localidades de Wheelwright y Acebal derivó en una nueva instancia judicial cuando la Justicia Federal de Venado Tuerto dictó 90 días de prisión preventiva para un médico cardiólogo y un enfermero de Wheelwright, imputados por delitos vinculados al suministro ilegal de estupefacientes y al ejercicio ilegal de la medicina.

Luego de un allanamiento que se realizó en el domicilio donde viven ambos y bajo la sospecha de que funcionaría allí un consultorio clandestino, se hallaron 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de insumos y elementos que habrían utilizado para prácticas médicas.

En una audiencia oral y pública celebrada en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez de garantías Aurelio Cuello Murúa, los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada y Martín Uriona formalizaron la investigación penal respecto de conductas ilícitas atribuidas al médico y al enfermero, que quedaron en prisión preventiva por 90 días.

Suministro ilegal

Según informó la Fiscalía, ambos fueron acusados por el delito de suministro de estupefacientes (fentanilo y morfina) fuera de los casos permitidos por la terapéutica, agravado por su destino ilegítimo, además de ejercicio ilegal de la medicina.

El caso comenzó como un desprendimiento de una investigación a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, en la que se detectaron hechos de defraudación en perjuicio del Pami, entre 2023 y 2024, con facturación de prácticas médicas a afiliados que nunca recibieron la atención.

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En ese legajo, y tras el allanamiento de la vivienda donde residen ambos imputados requerido por los fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa, de la Unidad Fiscal Rosario, se secuestró gran cantidad de fármacos de exclusivo uso intrahospitalario.

Durante la inspección se constató que en el lugar funcionaría una instalación médica sin autorización. Según el portal oficial Fiscales,com las ampollas de fentanilo y morfina incautadas fueron desviadas del canal lícito de comercialización. En ese sentido, tuvieron en cuenta que ni el lugar ni los imputados tenían autorización alguna para la adquisición de ese material y que esos estupefacientes, en la modalidad de citrato y de clorhidrato, son de uso intrahospitalario exclusivo.

Además de esa irregularidad se les atribuyó a los profesionales haber ejercido ilegalmente la medicina en forma particular y habitual en la vivienda referida, sin contar con las condiciones de edilicias, sanitarias o de salud necesarias y sin habilitación. La actividad se desarrolló desde una fecha aún no determinada hasta el 11 de junio pasado, cuando se formalizaron los allanamientos.

Imputación

Entre las circunstancias que describieron los fiscales para sostener la imputación enumeraron que en la vivienda se encontraron además bisturíes, jeringas y medicamentos en ampollas, como diclofenac, ketorolac, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina y penicilina. También se hallaron un descartador hospitalario, frascos de penicilina, ampollas de vacuna para dengue y antigripales, dos notebooks, una computadora de escritorio, un teléfono celular, talonarios para recetas y para estudios de laboratorios.

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Al exponer la gravedad del caso, el fiscal Reynares Solari subrayó que este tipo de hallazgo en una localidad como Wheelwright dejó en evidencia “las afectaciones al bien jurídico y a los intereses públicos” y resaltó que el caso comenzó en el marco de una investigación por “una maniobra defraudatoria contra un organismo nacional del ámbito de la seguridad social".

Durante la audiencia, la fiscalía indicó que se ordenaron medidas para determinar la trazabilidad del fentanilo y la morfina, para lo cual se solicitó información al Ministerio de Salud de la Nación y a las empresas farmacéuticas responsables de la producción de las ampollas. El juez Cuello Murúa resolvió dar por formalizada la investigación en los términos planteados por el MPF y, en sintonía con lo solicitado, ordenó la prisión preventiva por el plazo de 90 días.