El juez federal Gastón Salmain, involucrado en dos causas penales por corrupción, no encontró eco en un planteo de su defensa para remover a un magistrado que intervino en el caso y anular un allanamiento a su despacho de noviembre pasado, donde se incautaron una computadora y un celular personal que fueron sometidos a pericias. Su colega Román Lanzón rechazó todos los planteos, a los que tachó de “infundados”, “improcedentes” y “dilatorios”.

La resolución se dictó en una audiencia que se celebró ante pedidos de Salmain en los Tribunales Federales de Rosario. El juez Civil y Comercial Nº 1 es investigado desde el año pasado por cohecho, prevaricato e incumplimiento de deberes. Lo acusan de haber favorecido a una financiera del empresario Fernando Whpei con la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial en diciembre de 2023, sorteando el cepo en un contexto de fuerte brecha con el mercado paralelo.

En otra causa por supuesto abuso de autoridad, se investiga si usó su investidura para procurar información reservada del caso en el que está envuelto, al contactarse con altos mandos de una fuerza de seguridad e incluso remitir un oficio judicial a tal efecto. En diciembre fue procesado por el juez Carlos Vera Barros con prohibición de salir del país. Así y todo, en febrero fue designado como juez subrogante en dos juzgados de la ciudad de Santa Fe, además de seguir al frente de su propio despacho. La fiscalía emitió una orden de detención y le dictaron la prisión preventiva, pero no irá preso mientras conserve sus fueros.

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En noviembre pasado, los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, Federico Reynares Solari y Juan Argibay Molina, de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac), pidieron indagar a Salmain, a Whpei y el escribano santafesino Santiago Busaniche, sindicado como un operador de la Justicia Federal, en una trama de corrupción y tráfico de influencias. En esos días, ante la sospecha de que Salmain intentó desviar la pesquisa, fue allanado el juzgado a su cargo. La medida fue autorizada por el juez Lanzón y ejecutada por Gendarmería Nacional, que secuestró documentación relacionada con el caso, la computadora del juez y su celular.

Planteos

Esa medida fue cuestionada por la defensa de Salmain, ejercida por él mismo y el abogado Ignacio Carbone, que recusó al juez Lanzón ante sospecha de parcialidad por haber informado al Consejo de la Magistratura el contenido de la causa tras la audiencia de imputación del 16 de diciembre pasado. Cuestionó además que el mismo magistrado denegara una nulidad del allanamiento.

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La defensa insistió en esta instancia sobre la supuesta invalidez de esa requisa en el despacho y pidió que se disponga una medida de no innovar para que no se periten las computadoras y el teléfono personal y le devuelvan al juez esos objetos. Además, objetó la participación de la Fiscalía en el debate sobre la recusación.

Los representantes de la acusación respondieron que ese trámite fue iniciado fuera de lo plazos legales, sin fundamentos y con una “clara intención dilatoria”. E indicaron que las pericias a computadoras y teléfonos ya se realizaron, con notificación a la defensa.

Dilatorio

El juez Lanzón rechazó el planteo de recusación al considerarlo “infundado”, “improcedente” y parte de una maniobra “dilatoria” del proceso. Tampoco estuvo de acuerdo con invalidar el allanamiento del 12 de noviembre: a su criterio “no se rebatieron los argumentos ni se presentaron pruebas” de que esa medida fuera desproporcionada ante la gravedad institucional del caso, o que haya ocasionado algún perjuicio. Por último, se negó a revisar el levantamiento de los secretos bancarios, fiscal y bursátil dispuesto en una de las causas.

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Salmain fue procesado en los últimos días de diciembre pasado junto a Whpei —quien declaró como “arrepentido”— y el operador Busaniche, con un embargo y prohibición de salir del país. En su caso, sin que se concrete su detención, dada su inmunidad.

Según la resolución del juez Carlos Vera Barros, la maniobra se estructuró a partir de una demanda de un fideicomiso contra el Banco Central que tramitó Salmain. El propósito era lograr, mediante una medida cautelar, que el grupo accediera al Mercado Único de Cambios para obtener dólares invocando una deuda previa a las restricciones de 2019. Los fiscales entienden que las resoluciones en esa causa fueron diseñadas para beneficiar a Whpei a cambio de un soborno de 200 mil dólares.

Días atrás Salmain obtuvo un primer revés de parte de una jueza federal que rechazó un pedido para radicar la causa en los tribunales de Comodoro Py, mientras que un dictamen de la Cámara Nacional de Casación denegó un pedido de recusación de dos camaristas.