Tres años después de ser imputado por ordenar escuchas ilegales contra una ex novia y el entorno familiar de la mujer, el ex fiscal rosarino Fernando Rodrigo se encamina a un juicio oral y público. La maniobra fue advertida por un empleado de la Fiscalía y así se detectó que doce personas tenían sus líneas intervenidas a pedido del funcionario, quien invocaba causas penales por robos de autos para obtener autorizaciones a esas medidas. Rodrigo renunció al cargo y este lunes fue sometido a una audiencia preliminar al debate por el caso. La fiscal Natalia Benvenutto pidió una condena a cinco años de prisión.

El ex jefe de la unidad fiscal de Investigación y Juicio está acusado en libertad por peculado de trabajos y servicios públicos, un delito contra la administración pública. Además está imputado por falsedad ideológica y uso de documento público, todo agravado por su condición de funcionario. Había sido imputado en agosto de 2019. Meses atrás la fiscal presentó la acusación con el pedido de pena y ayer comenzó la audiencia preliminar. Una instancia anterior al juicio en la cual las partes realizan planteos previos y presentan pruebas.

El trámite arrancó pasadas las 8 en el Centro de Justicia Penal. El juez Pablo Pinto rechazó pedidos de recusación y suspensión de la audiencia presentados por la defensora pública del ex fiscal, Nora Gaspire. Luego la fiscal Benvenutto repasó los hechos comprendidos entre agosto de 2016 y julio de 2017, cuando se le imputó “haber confeccionado cinco solicitudes de interceptación de comunicaciones telefónicas y mensajes de texto respecto de doce números telefónicos”.

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Para ello, según la acusación, “argumentó que las solicitudes serían útiles para investigar sospechosos dentro de investigaciones a su cargo, siendo este argumento falso”. Fueron presentadas ante magistrados que autorizaron las escuchas sin saber que las personas afectadas no estaban ligadas a causas penales sino al entorno íntimo del por entonces fiscal. Las maniobras redundaron en intervenciones contenidas en 183 CDs. Rodrigo los retiraba personalmente de la sede local de la dirección nacional de captación de escuchas.

La Fiscalía había requerido en su acusación una condena a 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos en todo el país. Una cuestión sensible ante el dato de que, en junio, Rodrigo quedó en la terna para cubrir una vacante como fiscal federal en Río Gallegos, Santa Cruz. Tras la lectura de los hechos y la calificación jurídica, el juez Pinto dispuso un cuarto intermedio en la audiencia, que continuará en una fecha a agendar.

Las maniobras que le atribuyen a Rodrigo requirieron autorizaciones judiciales, oficios a organismos nacionales y solicitudes a empresas privadas de telefonía celular. Se captaron conversaciones de doce teléfonos a lo largo de casi un año. Entre los usuarios estaban una ex novia del fiscal que había sido pasante en la fiscalía, sus padres, hermanos y amistades. Tres de las víctimas eran abogadas y dos habían trabajado con él en la Fiscalía. Ninguna de las personas afectadas estaba relacionada con las causas invocadas para obtener las escuchas.

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La irregularidad fue advertida en agosto de 2017 por otro empleado de Fiscalía que, de manera casual, notó que uno de los números era de una compañera de trabajo. En requisas al despacho de Rodrigo, su domicilio, el de su madre y su auto se recuperaron los discos con las escuchas. El fiscal tramitó licencia psiquiátrica, fue suspendido y a las dos semanas presentó su renuncia. Luego, por una disputa de competencia con la Justicia Federal, pasaron casi dos años sin imputación.

Finalmente el ex fiscal fue acusado de haber confeccionado cuatro solicitudes de escuchas en textos que remitió con su firma y sello a jueces en turno. En un quinto escrito pidió la continuidad de una intervención ya ordenada. En uno de esos casos citó un número de legajo real pero asignándole un delito diferente. En otros, se invocaron causas por venta ilegal de autopartes. Según la imputación, citaba informes de inteligencia de la Policía de Investigaciones que en algunos casos eran auténticos y en otros no.

Las intervenciones fueron aceptadas por jueces que remitieron los pedidos a dos organismos nacionales, la Dirección de Captación de Comunicaciones (Dicom) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (Dajudeco). Se obtuvo así una tanda de escuchas contenidas en 78 CDs y otra en 105 discos.