Tres hombres y dos mujeres que en agosto pasado habían sido imputados por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer extorsiones, abusos de armas y usurpaciones de viviendas entre otros delitos, seguirán presos por el plazo de ley tras la decisión adoptada por el juez de primera instancia Alejandro Negroni en una audiencia en la que se revisó la medida cautelar dictada en agosto pasado.

La medida alcanzó a Luciano Bogado, de 31 años, quien está detenido en el penal de Piñero y que una semana antes de los allanamientos que terminaron con su banda planeaba casarse y fugarse de la cárcel. Sin embargo terminó imputado por los delitos de amenazas coactivas calificadas por compeler a la víctima a abandonar su residencia habitual en carácter de coautor, asociación ilícita en carácter de jefe agravado por la participación de menores de edad y amenazas simples. En tanto, María del Rosario C., de 35 años y quien iba a casarse con Bogado; Laura Alicia B., de 44 y Agustín Leandro Emanuel C., de 18, a quienes les atribuyeron ser miembros de la asociación ilícita agravado por la participación de menores de edad; y Camilo Alberto C., de 49 años, a quien le achacaron además la tenencia ilegal de armas de fuego de guerra en calidad de autor y la supresión de los guarismos de una pistola calibre 9 milímetros.

El pasado 8 de agosto, el fiscal Alejandro Rébola les había atribuido a los acusados “formar parte de una organización dedicada a la ejecución de delitos y a la provisión de servicios a terceros para su realización, referidos a la comisión de extorsiones, abusos de armas contra puntos de ventas de estupefacientes rivales para ocuparlos o para cobrar deudas, usurpar viviendas para instalar allí puntos de ventas de drogas, tráfico de estupefacientes, robos de vehículos, compra y venta de armas de fuego de origen ilícito.

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En ese marco el fiscal sostuvo que esos servicios “eran provistos a diferentes personas que convenían con la banda” la realización de los delitos “sin perjuicio de otros hechos llevados adelante por el propio interés de la banda”. Incluso, manifestó que “no puede descartarse la autoría por parte de los acusados de otros hechos y maniobras que configuren delitos” por parte de la organización “integrada de manera estable y con continuidad en el tiempo, con división de tareas y asignación de roles al menos desde 22 de mayo de este año hasta el 4 de agosto cuando fueron detenidos”.

Al respecto, la fiscalía adujo que Luciano Bogado era el jefe de la asociación ilícita, distribuía las actividades a realizar a los demás miembros y proporcionaba las armas para cometer los hechos vía telefónica desde su lugar de detención en el pabellón 6 de la cárcel de Piñero. Este hombre, asimismo, era el poseedor del teléfono celular desde el cual se comunicaba con las víctimas y deudores de las diferentes extorsiones para pactar el cese del hostigamiento a cambio de bienes.

Su hermano de 17 años, dice la acusación, tenía como tarea realizar o participar de ataques armados o llevar a cabo otros servicios prestados a la organización mediante el abuso de armas, todo eso ordenado y organizado por Bogado. La pareja de éste, María del Rosario C., era la responsable del traslado de drogas, el control y la administración de un búnker ubicado en 27 de Febrero y Gutenberg y la custodia de las armas de la banda.

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Por su parte, Laura Alicia B. estaba a cargo de la venta de drogas en el búnker mencionado; Agustin Leandro Emanuel C. era el soldadito que custodiaba el lugar; y Camilo Alberto C. estaba encargado de guardar y arreglar las armas de fuego de la organización.

Los principales hechos atribuidos a la banda ocurrieron el 21 y 22 de mayo de este año en la zona de Garay al 1200, en el barrio Hospitales, cuando Bogado junto a otras personas no identificadas amenazaron al propietario de una vivienda y dispararon contra la misma con el fin de que sus moradores abandonen su domicilio para apropiarse de los mismos. El primer día el jefe de la banda ordenó balear la propiedad y al día siguiente dejaron una nota amenazante en la puerta junto a una bala calibre 45. Otro de los hechos se dio entre el 1º y el 3 de agosto cuando el jefe del grupo, mediante mensajes de texto, amenazó a su ex pareja, María C., a fin de cobrar 300 mil pesos.

Finalmente a Camilo Alberto C. el fiscal le atribuyó haber tenido en su taller de Necochea al 3500 un revólver calibre 38 Special escondido en una caja, una pistola calibre 9 milímetros con su numeración limada y 13 cartuchos intactos del mismo calibre, todo lo que se le secuestró al ser detenido el 4 de agosto último.

A pesar de que la defensa de los imputados había solicitado la libertad de los mismos, el fiscal Rébola pidió la extensión de la medida cautelar de prisión preventiva que rige desde el 8 de agosto y el juez Negroni le dio la derecha por lo que los cinco implicados en la asociación ilícita seguirán tras las rejas por el plazo de ley.