Al detener la marcha de una camioneta Toyota Corolla durante un control en el norte santafesino, sobre la ruta 11 a la altura del paraje El Timbó, los gendarmes a cargo del operativo advirtieron una modificación en el tablero del vehículo. Los plásticos cercanos a la palanca de cambios parecían haber sido removidos o modificados y así se lo hicieron notar al conductor, que respondió. “Por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quita”. Lo que apareció debajo era dinero: 357 millones de pesos ocultos bajo sensores. Un año y medio después, cuatro hombres fueron condenados en Reconquista por el delito de lavado de dinero, instrumentado bajo la fachada de una empresa comercial.

Las condenas fueron aceptadas por los acusados en un acuerdo entre partes realizado en la sede fiscal de Reconquista. Tres de ellos fueron condenados por llevar adelante operaciones de intermediación financiera no autorizada bajo la operatoria de una sociedad radicada en Chaco que se dedica a la venta de repuestos para motos. Además, fueron considerados responsables del delito de lavado de dinero junto con un cuarto implicado.

La investigación a cargo del fiscal federal Roberto Salum arrojó que llevaban adelante múltiples operaciones de compra y venta de moneda extranjera, fijaban cotizaciones diferenciadas según el tipo de billete, manejaban de manera simultánea pesos, dólares, reales y guaraníes y utilizaban como oficina un lugar que no estaba declarado, sin contar con autorización alguna del Banco Central de la República Argentina para esas actividades.

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El centro de actividades se desarrollaba en Resistencia, Chaco, donde funciona la empresa Neaparts, una mayorista de repuestos que en su página web promueve el reparto propio de productos en Corrientes, Entre Ríos y el norte de Santa Fe.

A los cuatro implicados en el caso se les impuso una multa que, en total, llega a los 714.420.000 pesos y que pagarán en 24 cuotas con ajustes mensuales. Con la firma del acuerdo, los fiscales Salum y Juan Argibay Molina, de la Procelac, dispusieron además el decomiso del auto, del dinero secuestrado y de los elementos usados para cometer los delitos. Desde la fiscalía resaltaron que la suma total entre el decomiso y las multas supera los mil millones de pesos.

Escondite

El caso se inició el 28 de marzo de 2025 durante un operativo de rutina realizado por Gendarmería Nacional a la altura del paraje El Timbó, sobre la ruta nacional 11, a unos 15 kilómetros de la localidad de Avellaneda en el departamento General Obligado. En un control caminero, efectivos de Gendarmería Nacional frenaron el paso de una camioneta Toyota Corolla Cross que había partido desde Resistencia con destino a la ciudad de Buenos Aires.

Los gendarmes observaron “irregularidades estructurales” en el interior del vehículo, ya que los plásticos ubicados cerca de la palanca de cambios tenían signos de haber sido manipulados. Tras notificar a la sede fiscal, el juez de Garantías autorizó la requisa del auto y del conductor. Cuando retiraron las piezas del tablero quedaron al descubierto fajos de dinero por un total de 357.210.000 pesos. Los billetes estaban distribuidos detrás de la salida del aire acondicionado y del sistema de sonido, por debajo del volante y la gaveta y en el sector de la palanca de cambios.

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La forma en que se encontraba acondicionado y oculto el dinero, para la Fiscalía, resultaba incompatible con un traslado comercial regular, lo que daba cuenta de una logística clandestina. Se abrió así una pesquisa que derivó en el allanamiento de Neaparts —donde se incautaron máquinas contadoras de billetes, un detector de billetes falsos, pagarés, dinero en distintas divisas y documentación— y en la imputación, en marzo pasado, de los cuatro ahora condenados.

Roles, multas y penas

El administrador titular de la sociedad, Pablo Mauricio Tascón, fue condenado a un año de prisión por los delitos intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Además de fijarle el pago de una multa por 178.605.000, el juez federal de Garantías Aldo Mario Alurralde unificó la condena con una sanción previa a dos años de prisión que había recibido en noviembre de 2023 por tenencia simple de estupefacientes e intermediación financiera no autorizada. Cumplirá 3 años de prisión efectiva.

Marcos Sebastián Ferrero tenía el 50% del capital social de Neaparts S.A.S. y era el encargado operativo del depósito donde funciona la empresa. Además, figuraba como titular de vehículos utilizados para llevar adelante las maniobras. Se lo consideró responsable de los mismos delitos que Tascón y se le fijó una pena de un año de prisión de ejecución condicional y la misma multa.

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Con los mismos montos de pena y multa fue condenado el conductor de la camioneta, Fernando Emanuel Viñuela, quien para la Fiscalía no fue un “mero conductor” sino que coordinaba las entregas de dinero con Tascón y era el responsable de los viajes. Por último, a Christian Emmanuel Froy se lo condenó a la misma multa y dos años de prisión por lavado de activos como quien coordinaba la logística y supervisaba los viajes. Como al resto de los involucrados, también se le fijó una multa de 178 millones de pesos. A la empresa Neaparts también se le fijó el pago de una multa por el mismo importe.

Transporte reiterado

La investigación estableció que el viaje interceptado fue parte de una serie de traslados cada 48 horas entre Resistencia y Buenos Aires, según los impactos de antena de las líneas telefónicas utilizadas por Viñuela y diversas multas de tránsito.

“Dicho patrón resulta incompatible con la actividad comercial de venta de repuestos de motos declarada por Neaparts y, en cambio, se corresponde con la lógica de un transporte reiterado de dinero en efectivo”, consideró la fiscalía. De ese modo, dinero negro era introducido en el circuito económico formal “mediante su aplicación a operaciones ulteriores, valiéndose para ello de la estructura societaria” de la firma involucrada.

Además, se logró establecer una conexión con un procedimiento anterior similar, ocurrido el 28 de febrero de 2025, en jurisdicción del Juzgado Federal de Concordia. A partir de ese procedimiento se advirtió un cambio en el recorrido habitual. Comenzó a utilizarse la ruta nacional que atraviesa la provincia de Santa Fe, lo que evidenció “planificación y sistematicidad en la logística desplegada”, de acuerdo con la acusación.