Un hombre de 26 años fue imputado por encubrimiento al ser acusado de, en julio de 2022, quedarse con un celular que había sido sustraído en una casa de Villa Gobernador Gálvez donde habían matado a una persona. En una causa paralela fueron imputados cuatro policías del Comando Radioeléctrico por coimear a los familiares del acusado cuando fue detenido.

El crimen de Matías Lautaro Reynoso, ocurrido el 11 de julio de 2022 en Villa Gobernador Gálvez, estuvo plagado de misterio desde un principio. La versión preliminar indicó que cerca de las 21 de aquel día dos personas llegaron a la casa de la víctima, en pasaje Derechos Humanos al 600, y lo mataron de un balazo en la cabeza. Una versión indicó que Reynoso le abrió la puerta a sus homicidas, como si los conociera, y una vez dentro de la vivienda fue ejecutado.

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Desde un comienzo, el fiscal Adrián Spelta, a cargo de la investigación, tuvo a un sospechoso vinculado a la causa. Se trata de Francisco Miguel B., de 23 años, quien estaba en la casa al momento en que se cometió el asesinato. Esta persona dijo que no había visto el momento de la ejecución, pero que sí había escuchado ruido de gente que había entrado a la vivienda y luego los disparos. Segundos después, cuando se dirigió a la vivienda, se encontró con la víctima desplomada en el suelo.

Luego de advertir esa escena B. se dirigió a la casa de un hermano de la víctima, en la zona sur de Rosario, y le contó lo que había sucedido. Su relato despertó las sospechas de Spelta, quien ordenó la detención de B. y tres días después lo imputó por el delito de encubrimiento agravado al considerar que había "realizado tareas de confusión hacia la autoridad" y lo acusó de "haber hecho desaparecer pruebas esenciales presentes en la escena del hecho".

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Este miércoles fue imputado por encubrimiento otra persona. Se trata de Javier Martín F., de 26 años, quien había sido detenido el 31 de marzo pasado por agentes del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona de Villa del Parque al 3500. Al identificar un Renault Clío en el que iban dos ocupantes, advirtieron que F. tenía pedido de captura activo en la investigación por el homicidio de Matías Reynoso.

El fiscal Spelta lo acusó de haber recibido, a sabiendas de su procedencia ilícita, un teléfono celular Motorola E20 que había sido sustraído justamente a Francisco B., el otro imputado, dentro del domicilio donde había ocurrido el crimen. Según la investigación, la conexión de datos móviles impactó en un domicilio de barrio Cristalería, donde el acusado tiene domicilio y con su tarjeta sim, desde el día del hecho hasta el 19 de julio de 2022, cuando permutó el celular por otro móvil. Spelta lo acusó por encubrimiento agravado por el delito especialmente grave y la jueza Verónica Silvana Lamas la prisión preventiva por el plazo de ley.

Pagó coima por su libertad

Javier Martín F. fue detenido cerca de las 23.20 del 31 de marzo, cuando los móviles 9243 y 9500 del Comando interceptaron en Villa del Parque al 3500, en Nuevo Alberdi, a un Renault Clío en el que viajaba junto a un menor de edad. Los policías pidieron los antecedentes del adulto y resultó que era buscado desde el 23 de noviembre del año pasado como sospechoso del crimen de Matías Reynoso.

En ese momento F. fue trasladado a la comisaría 10ª, de Darragueira al 1100. Pasada la medianoche, enterados de la detención, sus familiares se acercaron a la seccional y conversaron con dos oficiales. Se trata de dos de los cuatro agentes de la policía santafesina que este martes fueron imputados por el fiscal Franco Carbone, quien los acuso de coimear a los allegados de F.

Son los oficiales Damián Esteban Rodas y Rocío Belén González y los suboficiales Lucas Mariano Sañudo y Gustavo Rivero. Según la acusación, Rodas y González les plantearon a los familiares que si les entregaban una suma de dinero, Javier F. podría quedar en libertad. Al no tener la suma pedida, los familiares negociaron con otro de los policías, Sañudo, otro monto. Finalmente, según la acusación de Carbone, los familiares habrían entregado 100 mil pesos.

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La pareja de Javier F. participó de las “negociaciones” y pasadas las horas, al notar que su pareja no recuperaba la libertad, ingresó a la seccional con una familiar. Al consultar por la situación del detenido, una uniformada de turno les expresó que quedaría preso, por lo que ambas mujeres explicaron que habían entregado dinero a dos policías para que liberaran al hombre.

Al saber esto, personal policial comunicó lo sucedido a la Fiscalía de Flagrancia y así llegaron a la seccional agentes de la Agencia de Control Policial. Los efectivos interrogaron a González y Sañudo, que admitieron tener el dinero en su poder y lo entregaron. Luego se les pidieron sus armas y teléfonos celulares y se los detuvo. Más tarde fueron arrestados Rodas y Rivero.