El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió este martes la detención del conjuez de la localidad de Roque Sáenz Peña, Miguel Mariano Aranda, y de siete gendarmes destinados a la segunda ciudad de Chaco, bajo la presunción de que le darían “cobertura, protección y filtración de datos” a la banda narcocriminal denominada “Los Sosa”. El pedido de arresto cuenta con el aval de Diego Iglesias, fiscal federal de la Procuradoría de la Narcocriminalidad ( Procunar) y de Federico Carniel (fiscal general de la capital chaqueña).

Según el diario Norte de Resistencia, la semana pasada el fiscal Carlos Amad, quien investiga al clan Sosa había formulado una recusación contra Aranda basándose en “la desconfianza” de sus pesquisas por la “aparente entrega de información a personas investigadas antes de que se realizaran allanamientos en sus locales y domicilios, los cuales, en su mayoría salieron mal porque los destinatarios de esos procedimientos ya habían sido alertados”.

La decisión del arresto de Aranda quedó en manos de la jueza Zunilda Niremperger, quien en las próximas horas podría decidir la medida que llevaría al conjuez a quedar a disposición de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia la que podría removerlo de su cargo ya que el funcionario es un abogado del foro chaqueño incluido en una lista de posibles reemplazantes transitorios de un magistrado ante la ausencia de un titular o por algún otro motivo que impida al juez ocuparse de una causa.

>> Leer más: Cayeron integrantes de una banda narco del norte provincial

En ese marco, la mañana de este martes la casa de Aranda en Resistencia fue allanada por efectivos de la Policía Federal con una orden de la jueza Niremperger y el propio conjuez sospechado dijo que la medida lo tomó “por sorpresa”. También se realizó un operativo en el juzgado federal de Roque Sáenz Peña cuyo resultado hasta la noche del lunes no se había dado a conocer.

Aranda, quien asumió como juez subrogante el 1º de enero de 2019 reemplazando a Aldo Mario Alurralde, quedó en el ojo de la tormenta a partir de la recusación del fiscal Carlos Amad convencido de que era el conjuez quien alertaba a los delincuentes de los allanamientos que en su mayoría fueron un fracaso. La desconfianza sobre el conjuez fue creciendo en los últimos dos años y Amad sostuvo que si Aranda no resolvía apartarse debía ser la Cámara Federal de Apelaciones la que iba a tener que hacerlo. Pero este martes Sabadini redobló la apuesta y pidió que sea detenido junto a siete gendarmes.

Los Sosa

El 23 de septiembre, un grupo de gendarmes llegaron a la casa de los Sosa en el barrio Puerta del Sol, ubicado al norte de Roque Sáenz Peña, dispuestos a tirar la puerta abajo. Pero allí los esperaba una mujer con las llaves en la mano para que ingresaran porque “el dueño sabía que iba a haber un operativo para detenerlo y se las había dejado con el expreso pedido de que no le rompieran nada”.

Esa filtración recalentó los ánimos en la Justicia Federal chaqueña, que en mayo había desplegado unos 300 gendarmes con el único objetivo de capturar a los principales miembros del clan familiar. Por entonces el fiscal federal de Roque Sáenz Peña, Carlos Amad, dijo: “Hay un miserable corrupto que está dentro de las filas del Ministerio Público, de la Justicia o de las fuerzas de seguridad que está brindando datos a estos narcotraficantes, es decir que es participe de la banda”.

Amad investiga a los Sosa desde noviembre de 2020 por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la familia es defendida por el abogado Luis Sasso, quien supo representar al también abogado Carlos Salvatore, uno de los traficantes de cocaína más importante del país fallecido en mayo de 2018.

La historia del clan narco chaqueño empezó con Juan Alberto Sosa, un delincuente de esa provincia conocido como “Juan Loca” quien tenía como código no actuar en su ciudad. El hombre murió en 2015 y el negocio quedó en manos de su esposa Ana María Flamenco, de 56 años; y sus cuatro hijos: Ariel Alberto, de 39 y actual líder del clan; Lucas Matías, de 35; Hugo Sebastián, de 33; y Mariela, de 37 años. Ninguno de ellos respetó la tradición de su padre se convirtieron en el terror de Roque Sáenz Peña.

>> Leer más: Procesan como jefe narco a un chaqueño de sostenidos lazos con policías rosarinos

En 2016 nueve integrantes del clan fueron condenados por distintos delitos como narcotráfico, varios enfrentamientos a balazos con una banda rival conocida como “Los chupa chichis” y un tiroteo en un boliche bailable que dejó varios heridos.

Como cada vez que se hacían operativos para dar con los Sosa no se los encontraba, los líderes de la banda permanecen prófugos. Sin embargo Lucas cayó en mayo pasado y tanto Mariela Sosa como su cuñada, Lía Ruth Paz, de 36 años y esposa de Ariel, se presentaron en la Justicia y lograron prisión domiciliaria para cuidar a sus hijos y transitar sus embarazos.

Para la Justicia federal chaqueña, los Sosa y sus familias satélites integran una organización narco que trae la cocaína desde Bolivia y la marihuana desde Paraguay. Y aunque se dedican oficialmente al negocio de logística y reparto de mercaderías, la teoría de la fiscalía es que usan sus camiones para mover algo más que gaseosas y comestibles. En ese sentido, su estilo de vida desproporcionado en relación a sus datos comerciales en la AFIP fue la punta que encontró el fiscal Amad para ir tras ellos por el delito de lavado de dinero.

La investigación patrimonial dio sus frutos y comenzaron a caer las órdenes de captura. Eso los hizo replegarse y esa es la razón por la que en los últimos meses los vecinos de Roque Sáenz Peña disfrutan de una frágil paz.