Tras su captura a mediados de junio, y luego de estar prófugo por 8 años, un cúmulo de acusaciones recayó sobre el Narigón Vázquez. Primero lo imputaron fiscales provinciales por su participación en los asesinatos de Andrés "Pillín" Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central, y Daniel "Rana" Attardo, su mano derecha. Ahora la Justicia federal lo procesó como líder de una estructura dedicada al narcotráfico en el marco de una causa por la cual tenía pedido de captura desde hace ocho años.

El procesamiento de Fernando Sebastián "Narigón" Vázquez en una causa por drogas vuelve a reforzar la hipótesis de que el asesinato de Pillín Bracamonte está atravesado por la sombra del narcotráfico. En ese marco aparecen los fuertes vínculos con ese mundo que tiene el último imputado en la causa por el crimen del jefe de la pesada canalla. La hipótesis de los fiscales provinciales por el momento es que participó de la logística del ataque, mientras buscan confirmar si estuvo entre los sicarios que concretaron el crimen aquel 9 de noviembre de 2024.

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Ahora el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario dispuso su procesamiento con prisión preventiva. Así lo había solicitado la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Federico Reynares Solari. En tanto el juez Carlos Vera Barros consideró acreditada la posición de conducción que Vázquez habría tenido en una banda dedicada al tráfico de drogas.

Narcotráfico

La pesquisa, que derivó en el procesamiento de Vázquez, se originó a partir de distintas investigaciones federales sobre narcotráfico desarrolladas en Rosario. Una de esas investigaciones tuvo como punto de partida la muerte de Giuliana Maldován, una joven de 20 años que falleció el 1° de enero de 2017 tras consumir drogas sintéticas en una fiesta electrónica realizada en el predio Punta Stage, en la localidad de Arroyo Seco.

La punta del ovillo fue de una denuncia que señalaba que un hombre identificado como Jerónimo S. habría ingresado estupefacientes al evento y que tenía puntos de venta en departamentos del macrocentro, además de una cocina de drogas en bulevar Oroño y Saavedra. En ese contexto se impulsaron diversas medidas de investigación que luego convergieron con otras causas federales sobre narcotráfico.

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En una de ellas intervino el titular de la entonces Fiscalía Federal N°2 de Rosario, Claudio Kishimoto, quien dispuso tareas investigativas a cargo de la División Antidrogas local de la Policía Federal Argentina (PFA) por la presunta comisión de delitos previstos y penados en la Ley N°23.737 de persecución del narcotráfico.

Narigón Vázquez, proveedor

Mediante distintas medidas, los investigadores consolidaron una hipótesis: la red de comercialización de estupefacientes, vinculada a vendedores minoristas, se abastecía de estructuras mayoristas de cocaína. Según esta línea, la organización operaba a través de dos células principales: una encabezada por Cristian Mario “Negro” González, con actividad en la zona de Villa Moreno y vinculado al clan “Los Monos”, y otro liderado por Vázquez, cuya función era abastecer como proveedor mayorista de cocaína a la banda de González.

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De acuerdo con la resolución judicial, Vázquez coordinaba el acondicionamiento, acopio, distribución y comercialización de la droga y ostentaba una posición de superioridad jerárquica que le permitía impartir directivas, administrar recursos y fijar precios dentro de la organización.

Entre los elementos valorados figura un episodio ocurrido el 9 de junio de 2018, cuando las fuerzas de seguridad observaron una transacción de estupefacientes en la vía pública. Según la investigación, un proveedor entregó a Vázquez dos kilogramos de cocaína compactada en inmediaciones de las calles Ferreyra y Juan B. Justo, en el barrio Arroyito. A cambio, Vázquez abonó 120.000 pesos en efectivo. Al advertir la presencia de la PFA, el ahora procesado logró escapar, mientras que su pareja y el proveedor fueron detenidos.

El crimen de Pillín

En una audiencia llevada a cabo el 30 de junio en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Agustina Eiris, Patricio Saldutti e Ignacio Hueso imputaron a Vázquez por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego. También le atribuyeron la tenencia ilegítima de un arma de fuego y el robo de un vehículo dejado en la vía pública.

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Respecto del ataque a Bracamonte y Attardo, los fiscales ubicaron al Narigón Vázquez como parte del grupo que se trasladó en conjunto al lugar donde las víctimas fueron emboscadas. Reconstruyeron que momentos previos, Alejandro Vázquez, hermano del nuevo imputado, condujo una Citroën Air Cross en la que llevó al Narigón y al menos a otra persona no identificada desde Sánchez de Loria al 600 bis, domicilio de Alejandro "Cani" Zamudio, otro de los imputados, hasta Almafuerte al 1100, en inmediaciones de donde ocurrió el doble crimen.

Los fiscales advirtieron que ese vehículo fue seguido desde Sorrento y Rondeau por una moto Honda Twister conducida por otro hombre tampoco identificado. Finalmente desde la Citroën bajaron los dos gatilleros, todavía desconocidos, que se acercaron a Avellaneda y Reconquista, donde acribillaron a las víctimas que estaban dentro de una camioneta Chevrolet S10.