A dos años de la ley que delegó en la Justicia santafesina la investigación de la venta de drogas a baja escala, en Rosario se inauguró un área fiscal especializada en narcomenudeo que tendrá intervención en toda la provincia. La Unidad Fiscal Especial de Microtráfico abrió su sede en el barrio República de la Sexta con un acto institucional donde se ratificó la política de persecución a circuitos de venta ligados a hechos violentos, se expusieron números de gestión y se repasaron criterios a unificar con otras jurisdicciones.

El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la fiscal general María Cecilia Vranicich, al cumplirse dos años de la entrada en vigencia de la ley 14.239, que habilitó a la Justicia provincial a investigar el comercio minorista de estupefacientes. La provincia de Santa Fe definió desde entonces una estrategia clara frente al microtráfico de drogas: concentrar la persecución penal en los puntos de venta asociados a hechos violentos.

“Focalizamos en Rosario porque la mayor carga de trabajo está aquí”, dijo Vranicich al explicar por qué la nueva unidad se radicó en Rosario. El espacio está a cargo del fiscal Franco Carbone y funciona desde el viernes en 1º de Mayo 2245. Lo integran once fiscales de la provincia y 22 empleados nuevos. Tendrá competencia en toda la provincia.

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La unidad es la primera de ese tipo y dependerá directamente de la Fiscalía General, que prevé en su normativa la creación de espacios de gestión propia que trasciendan a las fiscalías regionales. Con alcance en todo el mapa santafesino, según Carbone, la apuesta es “trabajar en equipos, estandarizar criterios y transversalizar la provincia”.

La apertura se produjo a dos años de la sanción de la ley que desfederalizó el narcomenudeo en Santa Fe. En ese lapso los delitos de venta de estupefacientes a baja escala fueron abordados por las distintas jurisdicciones locales. A partir de ahora las investigaciones serán monitoreadas y absorbidas por el nuevo espacio de trabajo.

En conferencia de prensa, Vranicich planteó que el objetivo central consiste en unificar criterios de trabajo en la provincia: “Trabajamos con objetivos priorizados y los casos de microtráfico tienen relación directa con violencias altamente lesivas”.

En ese punto, la fiscal explicó que “los derribos de los búnkeres o inactivaciones de inmuebles siempre son en lugares estratégicamente definidos porque en esos lugares se cometieron delitos violentos, homicidios, extorsiones o heridos de armas de fuego”.

Puntos álgidos

Si bien la mayor carga de trabajo se produjo en Rosario, indicó que “también se ha hecho foco en la ciudad de Frontera”, localidad limítrofe con la provincia de Córdoba con una alta tasa de violencia donde se derribaron diez quioscos de drogas. “Por eso lo importante es uniformar los lineamientos y para eso se crea la unidad a nivel provincial”, remarcó Vranicich.

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Según Carbone, Rosario “es el punto más álgido en la venta de drogas en forma de microtráfico. Hay un problema fuerte asociado a la compraventa de estupefacientes que está relacionado con las violencias altamente lesivas que despliegan el poderío o las disputas territoriales”. En ese marco, dijo, el objetivo central es “perseguir a los vendedores de drogas asociados a las violencias para reducir el impacto en otros hechos conexos”.

Balance

En dos años desde la desfederalización de estos delitos, las fiscalías provinciales abrieron investigaciones propias, además de abordar causas iniciadas por los hallazgos en territorio de las fuerzas de seguridad. El balance oficial, expuesto en la rueda de prensa, arroja que se realizaron 99 inactivaciones o derribos de puntos de venta y hubo 350 personas condenadas. Fueron denunciadas 12 mil personas por venta de drogas, de las cuales 2.500 fueron imputadas. De ellas, el 80% son varones y las restantes, mujeres.

“Tratamos de ir al fenómeno, de evaluar caso por caso para dar salidas diversas cuando la situación lo amerite y enfocarnos en lo que nos interesa que es reducir la violencia”, añadió Carbone. Las autoridades aclararon que una guía de actuaciones interna fija pautas de actuación con respecto al consumidor, a quien “no se le abre un legajo fiscal”. En tanto que a los vendedores que no están ligados a hechos de violencia se les formulan imputaciones en libertad.

“Desde hace tres meses conformamos un equipo con fiscales en la ciudad de Rosario y se ha imputado en libertad a 80 personas —añadió Carbone—. Se ha arribado a diversas salidas alternativas: probations, suspensión del juicio a prueba, condena condicional. Lo que tratamos de hacer es identificar a estas personas que todavía no están en un círculo de violencia y llegar a una salida temprana dando oportunidades”.

Organigrama

Además de la incorporación de 22 empleados que habían realizado pasantías o experiencias de trabajo en otras áreas de la fiscalía, el equipo estará integrado por once fiscales de distintas sedes. En Rosario la unidad quedó integrada por los fiscales Mercedes Banchio, César Cabrera, Brenda Debiasi, Diego Giro, César Pierantoni y Alejandra Raigal.

En tanto, en la sede Santa Fe fueron nombrados los fiscales Eric Fernández y Arturo Haidar. En Venado Tuerto fue designado el fiscal Iván Raposo; en Reconquista Sebastián Galleano y en Rafaela Analía Abreu.

Con ese esquema de trabajo, desde el Ministerio Público de la Acusación anticiparon que en 2026 buscarán profundizar un abordaje estratégico del microtráfico, con criterios uniformes en toda la provincia. El desafío, según señalaron las autoridades en el acto de apertura, será sostener la reducción de la violencia sin saturar el sistema penitenciario y concentrar la respuesta penal en los circuitos que generan mayor daño social.

Conexiones

Para Carbone, este enfoque regional permitirá afrontar en mejores condiciones la dinámica de un delito que cambia a medida que son encarcelados los cabecillas de algunas bandas. “Esto puede generar disputas u otras formas de venta a través de delivery o conexiones con otros lugares. El microtráfico no reconoce de límites geográficos. Tenemos investigaciones que empiezan en un punto de la ciudad y terminan en otra provincia. Por eso la importancia de la coordinación”.

El titular del área explicó a La Capital que la nueva fiscalía centralizará tanto las investigaciones propias como las iniciadas por la policía. En este caso, se dará apoyo a los fiscales de Flagrancia durante la audiencia imputativa o de prisión preventiva y luego el legajo será remitido a Microtráfico: “Eso nos permite decidir respecto a la persona qué opción o alternativa seguir. Si proyectamos un juicio, si vamos a un procedimiento abreviado o si le damos alguna salida alternativa”.

Según el fiscal, “la desfederalización ha fracasado en otros sistemas porque se perseguía el eslabón más débil y nunca se iba para arriba en la cadena de comercialización. Y también porque se chocaba con las investigaciones federales. Nosotros planteamos una fuerte coordinación con la fiscalía federal, no solo para no pisarnos, sino fortalecer ambas investigaciones”.

“En ese contexto —añadió— al soldadito que está vendiendo quizás le damos una salida acorde, pero también trabajamos con su celular, con la red alrededor de esta persona, y eso nos permite vincularlo con las organizaciones que están operando en el territorio y dar un abordaje más completo”.

Mientras que en localidades más chicas, según el fiscal, “la prioridad de persecución marca otro termómetro que es ayudar a la convivencia democrática. Ahí iremos al vendedor del pueblo. Hemos hecho allanamientos en localidades chicas donde los números demuestran un impacto”.

El balance político del gobierno

Pullaro defendió la ley de microtráfico como una decisión política que implicó asumir costos en un contexto de violencia creciente. Recordó que, al inicio de la gestión, la tasa de homicidios en el departamento Rosario casi duplicaba la actual y afirmó que la provincia atravesó el año menos violento desde que existen estadísticas oficiales.

El gobernador atribuyó esa baja a la coordinación entre los tres poderes del Estado y a medidas concretas de control penitenciario y territorial. También subrayó el trabajo conjunto con la Justicia Federal en causas de narcotráfico y lavado de activos.

“Hay una decisión del Estado de no retroceder en la lucha contra quienes enferman a la sociedad vendiendo drogas”, afirmó, y sostuvo que el objetivo fue recuperar condiciones de mayor tranquilidad para los vecinos de Rosario y del resto de la provincia.