El paquete de reformas judiciales que el gobernador Maximiliano Pullaro envió días atrás a la Legislatura cosechó una serie de planteos de defensores públicos, fiscales y magistrados de la provincia, que pidieron participar del debate de esas medidas y cuestionaron que se pretenda aprobarlas en un trámite legislativo rápido. En ese marco también se posicionó el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que objetó los retoques retoques al Código Procesal Penal relativos a los plazos de detención y los procedimientos abreviados.

Los distintos planteos institucionales se produjeron en respuesta al llamado a sesiones extraordinarias que realizó Pullaro la semana pasada, cuando el gobernador solicitó a la Legislatura que se traten modificaciones a la ley orgánica que regula el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Público de Defensa Penal (SPPD), así como modificaciones al Código Procesal Penal y un proyecto de ley por el cual se crea el juicio por jurados.

Las reformas judiciales se suman a las medidas anunciadas por gobierno provincial en materia de seguridad, que Pullaro comenzó a poner en marcha apenas asumió. Entre otras figuran la reorganización del servicio policial y el endurecimiento de la gestión carcelaria. Lo que ocurre en un contexto de reciente adhesión provincial a la ley de narcomenudeo.

En ese escenario, la Asociación de Fiscales de Santa Fe emitió este miércoles un comunicado planteando que las reformas deben realizarse “de forma articulada y participativa entre todos los actores del sistema de justicia”, teniendo en cuenta que las propuestas “tendrán repercusión en la resolución de conflictos, los derechos de las víctimas y las garantías ciudadanas”.

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Además de alentar un “estudio profundo y meditado” de esos cambios, la asociación reclamó “el debate y el diálogo democrático entre poderes”. En este punto, los encargados de la acusación penal en la provincia advirtieron que un trámite parlamentario acelerado “no garantiza la participación genuina de la comunidad”. También reclamaron que se garantice la independencia y autonomía del MPA.

Los jueces piden tiempo

El Colegio de Magistrados y Funcionarios santafesinos también se pronunció sobre las reformas. Planteó que se trata de medidas de “significativa importancia tanto en el área penal como en resto de los fueros” y por lo tanto “merecen un marco de debate y de reflexión acorde al impacto que pueden ocasionar”. Reclamaron una discusión “seria y abierta” que contemple a todos los actores y operadores del sistema.

Al igual que las restantes voces institucionales, los jueces objetaron la celeridad con la que se espera sortear el trámite parlamentario. “La velocidad no es indicador de prontas respuestas a las demandas de la población. Por el contrario, para mejorar el servicio de Justicia se requiere un amplio consenso de los actores intervinientes”.

“Tampoco debe perderse de vista que, en un sistema democrático, las únicas normas de acción legítimas son aquellas que surgen de un proceso deliberativo donde esté asegurada cierta participación de todos aquellos que resulten alcanzados por las decisiones que se pretenden adoptar”, señala el comunicado, además de reclamar el “respeto a la independencia judicial”.

El achique de la Defensa

La defensora general de la provincia, Estrella Moreno Robinson, planteó objeciones a la reforma de la ley orgánica que rige a la Defensa Pública. En una extensa nota enviada a la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Clara García, expresó que en un sistema penal acusatorio el área a su cargo debe ser autónoma. Y advirtió que el proyecto de reforma enviado a extraordinarias “quiebra absolutamente el actual esquema, proponiendo un órgano acusador fuerte frente a una Defensa Pública débil”.

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Un desequilibrio que, según la funcionaria, se advierte en el aumento de recursos humanos para la Fiscalía en desmedro del área a su cargo, la duración del mandato de las autoridades, los sistemas de ingreso e inmunidades. Lo que genera una reducción de “las dos terceras partes de la estructura” institucional. Recordó en este punto que del total de causas que ingresan al sistema penal “entre el 75% y el 90%” cuentan con la asistencia de un defensor público, mientras que en la etapa de ejecución de la pena ese porcentaje asciende a casi el 100% de los casos.

La afectación de recursos y las doce vacantes actuales en cargos de defensores, según indicó, “perjudican el acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables”. Recordó además que la competencia provincial en casos de narcomenudeo aumentará la demanda de atención por parte del organismo. Y planteó reparos ante el proyecto que diagrama un sistema de tercerización o privatización de las defensas penales.

"Regreso al oscurantismo"

En ese clima también alzó su voz el Inecip, el centro de estudios que acompañó la reforma del viejo sistema escrito al actual esquema acusatorio implementado en la provincia en 2014 y que fuera asesor del Frente Progresista desde 2007. El organismo señaló en un comunicado que el paquete de reformas judiciales “contiene destacables avances, pero también peligrosos retrocesos” que suponen “un eficaz regreso al oscurantismo”.

“Los problemas de eficacia que enfrenta el sistema de Justicia penal de Santa Fe son urgentes y evidentes, pero no se solucionarán volviendo al opaco e ineficiente sistema escrito que tanto costó superar”, advirtió el Inecip, a la vez que llamó la atención sobre la afectación de derechos y garantías “básicos” y medidas que también atentarán "contra los derechos de las víctimas a participar en el proceso penal”.

El instituto reclamó que se garantice la oralidad en los los tamos del proceso porque “no sólo es un mandato constitucional sino que además asegura la transparencia judicial y reduce las sospechas sobre su funcionamiento”. En este punto, planteó que “la eliminación de la audiencia de formalización de cargos —incluso con personas detenidas— o de cualquier audiencia en la que no haya controversias, así como la habilitación tácita a que el juez acceda al legajo fiscal reinstalando la vieja cultura del expediente, son retrocesos sin precedentes a nivel nacional y deben ser revisados”. La eliminación de audiencias, advirtió, “implica excluir a la víctima del proceso”.

En un segundo punto el Inecip señaló que no debe existir ambigüedad respecto del plazo en que una persona puede estar detenida antes de que el fiscal lo impute ante un juez. “La extensión de hasta por 30 días de una detención dispuesta por un fiscal, sin necesidad de formalizar cargos o de acreditar los requisitos para una medida de coerción, sólo facilita la lentitud del sistema de justicia, demorando la toma de decisiones básicas”. Además de habilitar “detenciones masivas y sin control de personas o perejiles”.

Por último el organismo se pronunció acerca de regulaciones propuestas para los procedimientos abreviados, que “atentan contra el sistema acusatorio, le otorgan al juez facultades que alteran su imparcialidad y de hecho restringen la utilización del juicio abreviado, atentando contra la pretendida eficacia de la reforma”. Y llamó además la atención sobre el recorte personal a la Defensa Pública y medidas que afectan la autonomía del MPA.

“La iniciativa política de avanzar rápidamente con cambios urgentes es bienvenida, pero debe hacerse con responsabilidad, sin afectar de la noche a la mañana pilares básicos del sistema judicial. No se trata de entorpecer las reformas, sino de evitar errores que, por actuar a las apuradas, tendrán altísimos costos institucionales y no provocarán los resultados esperados”, indicó, en otro llamado al diálogo entre todos los actores institucionales.