El último fin de semana se produjo un escruche llamativo en el centro rosarino. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este martes que las oficinas de la Municipalidad de Rosario fueron el blanco de un robo mientras estaban fuera de servicio y también se registraron algunos daños al edificio.

De acuerdo a la denuncia, los delincuentes rompieron parte de las instalaciones del Palacio de los Leones para ingresar. El episodio trascendió a partir del aviso a la Fiscalía Regional Segunda para esclarecer lo ocurrido a metros del Monumento Nacional a la Bandera.

Los primeros reportes del caso se refieren a la sustracción de componentes de equipos de aire acondicionado en el edificio ubicado sobre la esquina de Santa Fe y Buenos Aires, así como algunos elementos personales de quienes trabajan allí. Al parecer, los ladrones actuaron tras el cierre de la mayoría de las dependencias que funcionan junto a la Catedral.

Un escruche en la Municipalidad de Rosario

El escruche quedó expuesto el último lunes a la mañana, cuando los trabajadores retomaron sus tareas y descubrieron roturas en la ventana de una oficina del segundo piso del palacio. Además del daño, advirtieron que faltaban otros objetos e incluso algunas cajas de alimentos.

En principio, los ladrones se llevaron caños de cobre y cables eléctricos. También agarraron termos pertenecientes al personal municipal. El robo de ocasión no afectó más dependencias porque el resto de las puertas habían quedado cerradas con llave.

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La primera hipótesis sobre el caso es que los delincuentes subieron hasta el segundo piso por los andamios colocados sobre calle Santa Fe, sobre la fachada norte del edificio. Desde allí consiguieron acceder a una de las oficinas sin pasar por las escaleras o los pasillos interiores del palacio.

Ante esta situación, el municipio decidió hacer la denuncia penal este lunes a través de internet para determinar cómo se produjo el robo frente a la plaza 25 de Mayo. La presentación quedó en manos de la la unidad de Flagrancia del MPA. El fiscal David Carizza ordenó un relevamiento de cámaras de videovigilancia y una serie de entrevistas a los empleados y vecinos, entre otras medidas.