Para Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, el piloto comercial devenido narcotraficante y condenado dos veces por la Justicia federal, los días tras las rejas en el complejo penitenciario de Ezeiza se terminaron el pasado martes 19 de julio. Ese día fue trasladado a la cárcel federal de Marcos Paz y allí, según él mismo denunció en un llamado a La Capital, empezó “a sufrir un calvario encerrado en una mazmorra de 2x2 sin ningún tipo de contacto con el exterior ni con personas”. Sus dichos fueron corroborados por un escrito de su abogada, la penalista porteña Mariana Barbitta, quien se mostró “altamente preocupada por las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias que restringen los derechos de las personas detenidas, al punto de limitar e impedir el contacto con quienes ejercemos el rol de abogadas y abogados defensores”. Y agregó que ante ello interpuso recursos de hábeas habeas corpus en los Juzgados Federales de Lomas de Zamora y Morón.

El pasado domingo Rodríguez Granthon, quien está preso desde junio de 2019 cuando lo sorprendieron transportando en un auto 3 kilos de cocaína, cumplió 30 años y no lo pudo festejar como pretendía. “Sólo quería abrazar a mis hijos y a mis padres, pero no me dejan. Desde que estoy encerrado acá, en Marcos Paz, sólo los puedo ver a través de un blíndex, no me dejan tener contacto físico con nadie, ni con mis propios hijos. Esto es verdaderamente inhumano, ni a mi hijito que nació hace cinco meses pude conocer”, dijo el hombre que purga dos condenas unificadas a 12 años como organizador de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o mas personas de forma organizada dictadas en agosto de 2021 y además está imputado por su presunta participación en el crimen del ex concejal Eduardo Trasante y liderar una asociación ilícita dedicada a cometer múltiples delitos.

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“Desde que me trasladaron de Ezeiza a Marcos Paz me han quitado todos los derechos. Los primeros dos días ni comida me dieron. Estoy encerrado en una pequeña celda del módulo 5 del pabellón 7 donde hay otras dos personas de Rosario (los condenados Alan Funes y Matías “Bicho” Alvarez) pero con las que no puedo tener contacto porque estamos separados por puertas blindadas y pasillos”, dijo el Peruano. Y agregó que a través de su abogada, la penalista y docente universitaria Mariana Barbitta, presentó un hábeas corpus ante los Tribunales Federales de Lomas de Zamora primero y de Morón después.

“Todo lo que estoy viviendo es inconstitucional, mis hijos y mis padres sólo me pueden ver a través de un blíndex; no puedo cursar la escuela como lo hacía en Ezeiza para mejorar mi conducta y de esa manera buscar en el largo plazo una reducción de mi pena; no puedo salir al patio ni al gimnasio. Estoy encerrado todo el tiempo y sólo salgo al pasillo de la celda una hora por día”, se queja Rodríguez Granthon quien sostiene que “de esta manera es imposible resocializarse”.

Y a la hora de demandar, el Peruano dice que “no quiero privilegios, sólo que me permitan compartir unos mates o una comida con alguien, poder hablar con otra persona, convivir, estudiar, hacer algo de deporte. Que me saquen de este buzón y me quiten las restricciones. Quiero abrazar a mis hijos y no escucharlos a través de un vidrio decir que quieren jugar conmigo y no pueden. Yo se que hice cosas malas, las estoy pagando, pero no es esta la forma según lo que dicen las leyes”, agrega con conocimiento.

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“Lo único que hace la Justicia y el Servicio Penitenciario Federal con todo esto es violentar mis derechos humanos y los derechos de los niños, mis hijos de 5, 4 y 2 años además del recién nacido que no pude conocer. Ya en diciembre, en Ezeiza, me habían restringido las visitas sólo al entorno familiar y ahora, en Marcos Paz, ni eso puedo disfrutar. Incluso no me pueden traer comida o cosas para mí porque deben quedar en depósito, no me las pueden dar y cuando me llegan no se si es todo lo que mi familia trajo”.

Finalmente, Rodríguez Granthon asegura que “lo único que pretendo es que mejoren mis condiciones de detención, de alojamiento y visitas. Hay gente cumpliendo penas por delitos peores a los que me achacaron a mí y no tienen todas las restricciones que me impusieron. Quiero que aquellos que dicen defender los derechos humanos vengan a ver cómo estamos y actúen en consecuencia”.

Asimismo, en un escrito la abogada Barbitta sostuvo que lo que pasa con Rodríguez Granthon al igual que con otro rosarino al que patrocina, el también condenado Leandro “Pollo” Vinardi (preso en el penal de Ezeiza) “pone en riesgo el Estado de Derecho que hemos construido en el último periodo democrático de nuestro país, que busca no solo respetar las disposiciones de la Constitución Nacional sino también erradicar toda práctica abusiva por parte de las autoridades estatales”.

“El hecho de que se impida a las personas privadas de su libertad tomar contacto con sus defensas técnicas, genera un incumplimiento de lo establecido en la legislación tanto nacional como internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos y otras disposiciones legales”, concluyó la letrada que preside la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina.

Incendio en Ezeiza

Al menos dos presos de la banda Los Monos provocaron un incendio en la cárcel de Ezeiza para reclamar por los mayores controles que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) ejerce desde hace 15 días sobre una población de 25 detenidos de esa organización considerados de “alto perfil”. La principal hipótesis apunta a que los incidentes fueron iniciados el miércoles a la tarde por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle y Axel Aldo Nahuel Vilches para protestar por sus condiciones de alojamiento. Como consecuencia del fuego debió ser internado por inhalación de monóxido de carbono Emanuel Chamorro, ex lugarteniente de Ariel Máximo “Guille” Cantero, quien también cumple múltiples condenas en esa penitenciaría federal.

Los tres reclusos mencionados forman parte de 25 presos rosarinos a los que el SPF comenzó a aplicarles mayores controles sobre sus llamadas y visitas con el fin de disminuir la capacidad de ordenar desde prisión múltiples delitos que se cometen en las calles de Rosario, como quedó probado en varias causas judiciales, según refirieron fuentes de los Tribunales Federales. Y recordaron que, antes del incendio, varios integrantes de Los Monos presentaron hábeas corpus en juzgados de Lomas de Zamora que fueron rechazados.

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Entre los planteos judiciales por esas restricciones están el que presentó Guille Cantero pidiendo el “cese de las condiciones actuales de detención” y Leandro “Pollo” Vinardi, condenado por liderar una célula de la misma banda en Villa Gobernador Gálvez.

Desde el SPF se dijo que los mayores controles establecidos se refieren al control de las llamadas telefónicas, de las visitas y registros de las mismas pero “no están aislados, aunque sí del resto de la población penitenciaria, pero pueden ir a clases y realizar otras actividades, además de mantener comunicaciones y recibir visitas”, dijo un operador judicial.

En la resolución de la Cámara de Casación con el voto mayoritario de los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar y la disidencia de Angela Ledesma, se resaltó que las condiciones de alojamiento del Cantero “no implican un trato inhumano o degradante que conlleve a una vejación de su dignidad humana”. Resaltaron que recibe dos visitas mensuales de su pareja y de sus hijos menores y recordó que una pericia realizada por el equipo de la Corte Suprema que estableció que “no presenta patologías psiquiátricas o psicológicas, derivadas de su estado de encierro”.