Este viernes se imputó a Santiago Emmanuel Borras (35), Juan Cruz Borras (27), José Carlos Roca López (25), Yamil Zabala Núñez (50) y Agustín Héctor Subiela (34) como responsables del tráfico y aterrizaje de la avioneta interceptada por Gendarmería en Villa Eloísa el martes de la semana pasada. La nave ingresó desde Bolivia con 321 kilogramos de cocaína acondicionados en 300 ladrillos compactos.

En el estrado también se puso sobre la mesa un envío anterior de cocaína ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en un campo de Arequito. Ese caso, que involucró 62 kilos de drogas, fue el hecho que, según algunos investigadores, derivó en el decomiso del martes debido a que un piloto habría olvidado en la aeronave incautada en Arequito un celular y, a partir de las pericias, se llegó a la organización y los negocios de los hermanos Borras.

El decomiso por el que capturaron a los hermanos ocurrió el 5 de mayo cuando a partir de una investigación que, según admitieron oficialmente, contó con información de la oficina de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), se pudo desbaratar el envío de 420 kilos de cocaína que tenían como destino inicial el campo "Don Julio", en la localidad de Vera, en el norte de la provincia. Se detuvo en esa oportunidad a ocho personas, entre ellas el piloto y copiloto, y se secuestró la avioneta, tipo Cessna 210.

Los delitos por los que imputaron a los hermanos, oriundos de Roldán, son "contrabando de importación de material estupefaciente que por su cantidad se encuentra inequívocamente destinado a su comercialización dentro o fuera del territorio nacional, agravado por la utilización de medios de transporte aéreo, vuelos ilegales y pistas clandestinas de aterrizaje y por la intervención de tres o más personas". Además, a Santiago Borras le sumaron una imputación por tentativa de homicidio agravado contra Pablo Miranda, cabo de Gendarmería Nacional, ya que luego de que personal de esa fuerza diera la voz de alto a tres vehículos que escapaban del lugar, una camioneta Fiat Strada, conducida por el delincuente, chocó contra un móvil de Gendarmería ocasionando severas heridas al cabo. Esta imputación, argumentaron, fue "por tratarse de la víctima un miembro de una fuerza de seguridad pública en ejercicio legítimo de sus funciones".

La DEA en Rosario

La DEA funciona en Santa Fe desde hace largo tiempo. En agosto de 2021, más de 1500 kilos de cocaína pura fueron hallados en un galpón de Empalme Graneros y otros 143 kilos decomisados en un galpón de Cerrito 17 bis. El destino era algún puerto de mar y de allí, el exterior.

En el juicio llevado a cabo en noviembre de 2023 contra los ocho involucrados en ese importante envió, se ventiló que una información reservada de la DEA fue la que permitió desbaratar la operación y unir los eslabones de una organización de colombianos con dos nombres como eje: Gabriel Rojas Londoño y Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi sangre", un narco que cayó preso en en Nordelta, en el partido de Tigre de la provincia de Buenos Aires, y que fue extraditado a Estados Unidos.

En el caso de la droga de Empalme Graneros, la información de la DEA permitió la investigación de efectivos de la Policía Federal, una de las fuerzas que prioriza la información (la otra es Gendarmería) y se fue develando el derrotero de la operación.

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Los colombianos, que tenían la responsabilidad de la administración de esos 1600 kilos, fueron seguidos y se ligaron sus contactos. La estrategia usada en Rosario por parte de los narcos fue el alquiler de los galpones, ocuparse de la carga con la que se disimularía la droga y su logística.

Cargamento en Arequito

Por otra parte, en la audiencia del viernes sobre los hermanos Borras, luego de escuchar a los fiscales Matías Scilabra, Santiago Alberdi y al auxiliar fiscal Santiago Iglesias, el juez Eduardo Rodríguez Da Crus dispuso 120 días de arresto para todos los mencionados y ordenó la captura nacional e internacional, según lo había requerido la Fiscalía, de Jorge Mario Gómez Justiniano, el piloto de la avioneta que aterrizó en Arequito en 2025 y que también estaría ligada al tráfico regenteado por los Borras.

En lo que hace a ese hecho, los fiscales destacaron que el 11 de noviembre de 2025 por la madrugada se detectó una avioneta en Arequito con 62 kilos de cocaína repartidos en 60 paquetes rectangulares de color amarillo. La aeronave fue encontrada con averías y tambien se encontraron una pistola Glock y dos bidones con combustible. Todo formaba parte de un cargamento mayor, que fue recuperado parcialmente por parte de los narcos y trasladado en tres vehículos. El piloto era Gómez Justiniano.

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Según lo que se dejó trascender, se encontró un celular con mensajes hacia los Borras, que habrían intervenido en tareas logísticas previas necesarias para el desarrollo del hecho, según destacó la imputación, que precisó cuestiones como "la determinación del lugar empleado para el aterrizaje, su señalización y la disposición de vehículos y en la receptación del cargamento, el cual pudo ser recuperado sólo en parte, dada la premura por retirarse del sitio dado el siniestro sufrido por la aeronave en la que fue transportado. Todo ello habría sido ejecutado en el marco de un plan común previamente acordado entre los intervinientes, con una división funcional de tareas entre los mencionados y otras personas aún no individualizadas".

Condena previa

En el contexto del caso, hay una situación por demás de llamativa: Santiago Borras fue condenado por una causa de narcotráfico de 2014 y condenado a cuatro años de prisión. El caso llegó a la a Corte Suprema de la Nación, que anuló la sentencia del Tribunal Federal Oral Nº 2 de Rosario, que le había aplicado una pena de tres años, por debajo del mínimo. En ese momento, los jueces del tribunal señalaron en el fallo que Borras era “una persona joven, arrepentida y que estaba logrando reencauzar su vida, en una resocialización no institucionalizada”.

Borras fue detenido en 2014 en la ruta 33, cuando viajaba hacia el sur del país con 4 kilos de marihuana y debía estar bajo prisión domiciliaria. Sin embrago pudo intentar un negocio millonario que ronda un costo de 15 millones de dólares.