Sergio Alberto Leguizamón, el hombre de 46 años asesinado la medianoche del miércoles en su casa de Villa Gobernador Gálvez, estaba condenado en una causa por infracción a la Ley de Drogas. Ante la Justicia había fijado domicilio en la misma casa en la que lo habían detenido en 2019 y en la que finalmente esta semana alguien lo mató a balazos luego de llamarlo desde la vereda. Se investiga si el crimen pudo estar vinculado a que la víctima siguiera activo en la comercialización de estupefacientes.
Pasada la medianoche del miércoles, Leguizamón estaba en su casa de 20 de Junio al 30, en Villa Gobernador Gálvez, cuando fue baleado por una persona que lo llamó desde afuera. Según contó a la policía un testigo del hecho, que se encontraba con la víctima dentro de la vivienda, ambos miraban televisión cuando un hombre golpeó la ventana. Leguizamón se asomó y al abrir la puerta recibió dos balazos que acabaron con su vida. El testigo contó que, asustado, escapó por el patio de la casa y luego volvió a dar su testimonio.
Leguizamón fue asesinado en la misma vivienda en la que fue detenido el 21 de noviembre de 2019 por una causa relacionada al narcomenudeo. La investigación inició en agosto de 2016 en el Juzgado Federal N° 3 a partir de una denuncia anónima. La misma indicaba que Ramón “Campito” Giglione, un folclorista preso desde 2010 por tráfico de drogas, continuaba organizando el narcomenudeo en sus salidas transitorias. A partir de esa denuncia se intervinieron líneas telefónicas que comenzaron a desentramar el funcionamiento de un grupo con base en Villa Gobernador Gálvez.
En ese marco, en 2019 Leguizamón fue detenido junto a 14 personas luego de una serie de allanamientos en distintos domicilios. El resultado de los procedimientos fue el secuestro de cocaína y marihuana en baja cantidad en varias de las viviendas allanadas. En la casa de Leguizamón había unos 15 gramos de cocaína por los cuales fue detenido junto a su pareja.
Según la investigación la casa de 20 de Junio al 30 en la que vivían Leguizamón y Nadia Soledad Ludueña fue sindicada como punto de venta de drogas al menudeo. En ese marco la Justicia también los consideró partícipes secundarios. “Atento a que no se vislumbra que el producto de esas ventas haya sido para su beneficio conforme a las condiciones de vida de los mismos y que no existen otros elementos que permitan sostener otro grado de participación”, indicó la Justicia en su fallo.
En noviembre de 2022 el juez Ricardo Vásquez condenó a la pareja a tres años de prisión condicional como partícipes secundarios del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención en forma organizada de tres o más personas. La misma condena fue para otras dos personas, mientras que los restantes acusados recibieron penas de entre 4 a 6 años de prisión efectiva.
