El exfiscal Mariano Ríos Artacho quedó en prisión preventiva por 90 días en el marco de la investigación por el presunto desvío de unos 425 millones de pesos de cuentas judiciales. La medida fue dispuesta este miércoles por la jueza María Trinidad Chiabrera, quien también ordenó el encierro preventivo por el mismo plazo para otros cuatro acusados.

Ríos Artacho, exfuncionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue imputado por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani como jefe de una asociación ilícita que habría operado durante varios años con fondos depositados en cuentas judiciales. De acuerdo con la acusación, el dinero provenía de fianzas, cauciones, reparaciones a víctimas y fondos secuestrados en distintas investigaciones.

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La resolución de la magistrada se conoció después de varias jornadas de audiencias en las que la Fiscalía expuso cómo, según su hipótesis, se habría montado el mecanismo para retirar el dinero de las cuentas y hacerlo llegar al exfiscal. El acusado argumentó que es adicto al juego y que construyó ese esquema para saldar deudas.

El rol del exfiscal

Según explicó el fiscal Adrián Spelta en la audiencia, las maniobras se extendieron durante unos siete años y se concretaban mediante oficios firmados desde las propias investigaciones judiciales. La pesquisa comenzó a partir de una anomalía detectada en una cuenta y, hasta el momento, los investigadores analizaron 48 de un total de 148 cuentas judiciales.

En esas primeras cuentas encontraron elementos que permitirían acreditar al menos 12 hechos. La actualización de los fondos que habrían sido extraídos desde 2017 alcanza los 425 millones de pesos, según precisó el fiscal. La mecánica, de acuerdo con la acusación, consistía en transferir dinero judicial a personas que no tenían relación con las causas en las que esos fondos estaban depositados.

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Luego, mediante una estructura que los investigadores describieron como piramidal, el dinero terminaba en manos de quienes tenían relación directa con el exfiscal. En nueve de los doce hechos comprobados hasta el momento, los fondos no habrían sido restituidos. En otros tres casos hubo retornos de dinero, una circunstancia que derivó en diferentes calificaciones penales dentro de la investigación.

Inversiones y juego

Uno de los aspectos centrales de la investigación es el destino que habrían tenido los fondos. La acusación sostiene que una parte del dinero terminó vinculada a inversiones bursátiles. Durante la audiencia de imputación, Ríos Artacho reconoció que padece ludopatía y sostuvo que ese problema comenzó en 2013, cuando todavía era funcionario judicial. Incluso admitió haber administrado dinero judicial de una manera que no correspondía.

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Sin embargo, negó que haya existido una asociación ilícita y sostuvo que fue él mismo quien, mediante sus órdenes, involucró al resto de los acusados en las maniobras investigadas.

La defensa también intentó cuestionar la existencia de una organización criminal. Uno de los abogados sostuvo que varios de los imputados se conocieron en ámbitos vinculados al juego y que compartían viajes para apostar en otras jurisdicciones.

El resto de los imputados

Además de Ríos Artacho, la jueza Chiabrera dispuso la prisión preventiva de Julio Héctor M., Fabricio Emanuel R., Gustavo C. y el abogado penalista Emilio B. En cambio, otros seis imputados recuperaron la libertad durante el martes, luego de un acuerdo entre las defensas y los fiscales. Se trata de Nahuel R., Agostina R., Bruno B., Paola B., Daniel C. y Daniel B. La situación de cada uno fue analizada de manera particular a partir del grado de participación que la Fiscalía les atribuye en las maniobras.

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La causa todavía se encuentra en una etapa inicial y los fiscales anticiparon que el análisis de las cuentas judiciales continuará. Hasta ahora fueron revisadas menos de la mitad de las 148 cuentas que forman parte del universo investigado. La Fiscalía sostiene que el mecanismo permitió durante años retirar fondos que estaban bajo custodia judicial y hacerlos circular por una estructura de personas que funcionaban como intermediarios.

Con la prisión preventiva dictada este miércoles, Ríos Artacho permanecerá detenido durante los próximos 90 días mientras avanza una investigación que busca determinar el monto total del perjuicio y la responsabilidad concreta de cada uno de los acusados.