El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden prisión perpetua para Fran Riquelme

El asesinato ocurrido en junio de 2022 es uno de los hechos que le atribuyen a la banda de Riquelme en el juicio que se realiza desde marzo

15:04 hs - Martes 21 de Abril de 2026

El juicio iniciado hace un mes contra la banda de Francisco "Fran" Riquelme, que ya estaba preso al momento de ocurridos todos los hechos que se juzgan, abordó la semana pasada uno de los seis homicidios que le atribuyen a la organización. El sindicado jefe del grupo aparece como instigador del crimen de Alejandro "Peladito" Ramírez, que en junio de 2022 iba con su novia en un auto cuando fueron emboscados y acribillados. Él murió en el acto, ella sobrevivió y declaró ante la Justicia.

"Los disparos fueron interminables, muchos, yo tengo entre cuatro y seis impactos en mi cuerpo", contó Giuliana al ser citada como testigo del asesinato de quien entonces era su pareja. Ella dijo desconocer los motivos del crimen, pero la Fiscalía tiene una teoría: Peladito Ramírez vendía drogas y fue citado bajo engaño por los autores del ataque con la supuesta intención de comprarle estupefacientes. La defensa de uno de los acusados negó esa versión al plantear que la víctima no tenía drogas encima.

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Este hecho forma parte de los seis crímenes que se abordan en el juicio, ocurridos en el marco de la disputa que la banda juzgada, que tenía base en los barrios Empalme Graneros e Industial, mantuvo entre 2021 y 2023 con una organización del barrio Ludueña que, según la Justicia, estaba liderada en la calle por Mauro Gerez y organizada desde la cárcel de Piñero por Matías César y otros reclusos. Fran Riquelme es acusado como instigador de este y otros homicidios, aunque estaba preso desde 2020 en la cárcel de Piñero. Allí, bajo una dinámica poco esclarecida, habría logrado sortear los dispositivos de seguridad para consolidarse como jefe de una organización criminal.

El crimen de Peladito

Alejandro Miguel "Peladito" Ramírez tenía 31 años cuando el 20 de junio de 2022 fue acribillado en De La Salle al 5800, barrio Empalme Graneros. Manejaba un Volkswagen Fox con su novia de acompañante cuando un Peugeot 307 negro se les puso a la par y los encerró hasta que Peladito perdió el control del vehículo e impactó contra una columna. Uno de los ocupantes del otro auto se bajó y comenzó a disparar a mansalva contra las víctimas.

Los disparos ingresaron por el lado del acompañante y ambos recibieron varios balazos. Ramírez murió en el acto y su pareja Giuliana, entonces de 30 años, quedó herida en una pierna y en la espalda. "Yo me hacía como que estaba muerta", contó la semana pasada la mujer al declarar en el juicio. "Cuando lo toco a él pienso que estaba con vida, me entero a los tres días de su fallecimiento", describió.

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En esas audiencias también declaró una agente policial que fue una de las primeras en llegar a la escena del crimen. “Había un masculino sentado en el asiento del conductor, no respondía, estaba inconsciente y se veía que tenía impactos”, contó. También describió que pudo hablar brevemente con Giuliana, quien con señas alcanzó a confirmarle que los autores del ataque iban en un auto. “Estaba muy grave como para seguir interrogándola”, recordó la funcionaria.

Al día siguiente del crimen de Peladito Ramírez, los vecinos del barrio le contaron a La Capital que el muchacho era conocido como transero en la zona de Larrea y French. A casi cuatro años del hecho, no quedó claro si vendía para alguna estructura superior y en ese marco tuvo conflictos con la banda de Riquelme, o si era cuentapropista y había sido extorsionado. Apretar a otros transeros para exigirles una cuota extorsiva era una costumbre de las dos organizaciones que entre 2021 y 2023 coparon Empalme Graneros, Industrial y Ludueña, tres barrios de la zona noroeste que en ese tiempo fueron escenario de la mayoría de los homicidios registrados en la ciudad.

El juicio y las partes

Los fiscales Patricio Saldutti, Adrián Spelta y Franco Tassini acusan a César Acosta, que vivía en la cuadra del hecho, de haber contactado a Peladito Ramírez simulando ser cliente para comprarle drogas. Luego le avisó a los acusados como sicarios: Lisandro “Parce” Orellana y Lemuel “Lemo” Sciretta, quienes se ocuparon de concretar el ataque junto a una tercera persona no identificada. Todo bajo la presunta instigación de Fran Riquelme desde la cárcel, quien les había prometido una paga a los homicidas. Ese trasfondo surge en las declaraciones de otros testigos que aseguran que los involucrados hablaron con Riquelme luego del hecho para exigirle que cumpliera con su palabra.

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Durante el debate hay dos versiones totalmente opuestas. Es que, ante la teoría acusatoria de que Riquelme ordenó los homicidios desde la cárcel, su defensa plantea que no hay pruebas ni de cuándo ni de cómo habría dado esas órdenes. “No se va a probar el pacto, menos precio y pago, ni concurso o acuerdo previo. Se demostrará que no existe prueba real y concreta en ninguno de los hechos atribuidos, como así tampoco claridad sobre las circunstancias y el contexto de los cargos que se imputan”, había adelantado la abogada Antonela Travesaro en su alegato de defensa al inicio del juicio.

Una lectura en el mismo sentido hizo acerca de la acusación a Riquelme como jefe de la asociación ilícita que, de acuerdo a la teoría fiscal, respondía a los intereses del narco Esteban Alvarado. Travesaro consideró que no se probará el presunto liderazgo y argumentó lo que tal vez es uno de los puntos más oscuros de esta trama: cómo Riquelme habría liderado una organización criminal estando bajo custodia estatal. "Se encuentra detenido desde abril de 2020 bajo un régimen de estricto confinamiento, es decir desde más de un año antes del nacimiento de esta supuesta banda", dijo su defensora y consideró que "tampoco se va a probar la relación con Alvarado". En ese sentido las expectativas de las partes confrontan en dos extremos. La Fiscalía pide prisión perpetua para el joven que, según una testigo, se hacía llamar el “Pablo Escobar de Empalme”. Mientras que su defensa aspira a la absolución, argumentando que ese mote fue “una condena social, política y mediática”.