Los 53 kilos de cocaína secuestrados la semana pasada en una casa de Nuevo Alberdi habían ingresado a la provincia desde Bolivia y tenían como destino final la venta al consumidor en puestos barriales de Rosario y la zona. Esa cadena de tráfico reconstruyó una investigación federal que, este jueves, derivó en la imputación de los trece detenidos en el operativo. Bajo distintos roles, diez varones y tres mujeres fueron acusados de integrar una red regional de distribución y venta dirigida por con un organizador y financista que realizaba o coordinaba frecuentes viajes en auto al país vecino para la adquisición y el pago de la droga.

Los fiscales de la Oficina de Narcocriminalidad Franco Benetti y Santiago Cruz Alberdi describieron como “una estructura mayorista, veloz y aceitada que ingresa, distribuye y vacía el stock rápidamente” a esta célula de Los Monos detenida el pasado 28 de noviembre. Fue al formalizar la investigación contra los trece detenidos en ese operativo que abarcó las ciudades de Rosario, Granadero Baigorria, Casilda, Villa Constitución, Alvear, Roldán y Casilda. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó entonces 29 allanamientos en los que se incautaron, además de la droga, más de 51 millones de pesos y de 67 mil dólares, 13 armas de fuego, municiones y 17 vehículos.

La mayor parte de la droga, un total de 52,88 kilos, estaba distribuida en 53 paquetes secuestrados en un domicilio de Vieytes al 2700 de Rosario. El resto eran unos 185 gramos que se hallaron fraccionados en envoltorios listos para la venta al menudeo en tres domicilios rosarinos —Gascón al 2400, Fontana al 3100 y Rauch al 1500— y en un cuarto situado en bulevar Pescio al 4600 de Casilda. De acuerdo con anotaciones detectadas en los allanamientos, desde el 29 de agosto pasado el grupo recibió el equivalente a unos 750 kilos de cocaína de máxima pureza.

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Organizados

Los detenidos fueron imputados por el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, a lo que seis de ellos sumaron la tenencia de armas de fuego. El juez Eduardo Rodríguez Da Cruz dispuso la prisión preventiva del grupo hasta el 1º de abril próximo, inhibió sus bienes hasta cubrir los 50 millones de pesos y embargó siete vehículos: un Renault Kwid, un Volkswagen Gol Trend, un Renault Kangoo, dos Renault Sandero, un Chevrolet Prisma y un Peugeot 508.

La pesquisa, en la que interviene la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), se inició a fines del año pasado cuando los fiscales recibieron información sobre una actividad constante de venta de estupefacientes en la calle Braille al 1400, en la zona noroeste de Rosario. Por instrucción de la fiscalía, la PSA dispuso una vigilancia encubierta en ese domicilio y se detectaron “maniobras de pasamos, entregas rápidas y entradas y salidas en segundos, lo que dejaba entrever una dinámica compatible con una actividad ilícita”, plantearon los fiscales.

En la audiencia realizada el sábado en los Tribunales Federales detallaron que la investigación preliminar demandó once meses de seguimientos, escuchas y tareas de campo. Primero se determinó que la persona que organizaba y dirigía los movimientos en ese inmueble era José Fabián R. La observación en terreno, sumada a las intervenciones telefónicas, “permitieron identificar su rol y que contaba con una red de vendedores que dependían de él”.

Las tareas de vigilancia revelaron que no era un simple vendedor “sino un subdistribuidor que recibía y proveía droga a diferentes puntos”. La fiscalía explicó que, en un nivel similar, apareció el imputado Gastón Alejandro G., identificado como cogestor del circuito y quien aportaba su auto para el traslado de estupefacientes y dinero. Por encima de estos dos hombres considerados líderes de la organización se identificó al mayorista Ariel Fernando S., responsable del abastecimiento de la cocaína desde el norte del país y a quien se le constataron infracciones de tránsito en el norte del país.

En auto a Bolivia

Luego se identificaron otros vehículos con multas en Salta usados por otras personas en las tareas de provisión y distribución. Así, a medida que se abrió el abanico se comprobó que todos “eran parte de una misma organización”. En octubre pasado se verificaron impactos de los celulares de algunos implicados en antenas de Aguas Blancas, provincia de Santa, y viajes exprés desde Rosario a la localidad boliviana de Bermejo los días 6 y 16 de noviembre.

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En ese marco, los fiscales encuadraron las actividades bajo el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas. Cuatro de los implicados, Hugo Sebastián S., Marcos José M., Luca Carmelo L. y Juan José A., en la modalidad de comercio, como quienes viajaban al norte a recibir y pagar la mercadería. Otros ocho fueron imputados en la modalidad de almacenamiento y tenencia con fines de comercalización: José Fabián R. y Gastón Alejandro G. como coordinadores del destino de la carga y como vendedores o almacenadores Cintia Paola M., Lucas R., Nélida Beatriz L., Mariana Marcela E., Aarón Lucas R., y Walter Germán A.

A la cabeza de todos ellos, a Ariel Fernando S. le asignaron el rol de organizador y financista. En su domicilio no se halló material estupefaciente pero sí “importantes sumas de dinero en efectivo, armas y documentación; la droga estaba almacenada en las viviendas de los revendedores”. Al igual que otros cinco acusados sumó el delito de tenencia ilegítima de armas de uso civil halladas en sus domicilios.

De acuerdo con la imputación, el grupo operó desde mayo de 2024 y al menos entre el 13 y el 27 de noviembre pasados vendió 52 kilos de cocaína. Los viajes para comprarla “respondían a un mismo patrón: traslados de uno o dos días con el ingreso al país de pocos electrodomésticos, una operatoria totalmente antieconómica para cualquier actividad comercial”.

En anotaciones halladas en una casa cercana al Centro Universitario de Berutti y Riobamba y en el domicilio de Ariel S. figura que “desde el el 29 de agosto esta célula recibió 745 paquetes de cocaína, equivalentes a unos 750 kilos de máxima pureza, y que desde el 12 de noviembre entregaron más de 500 paquetes”. Los fiscales remarcaron que la pesquisa “permitió reconstruir toda la cadena criminal, al menos de este lado de la frontera: quiénes viajaban al norte a efectuar los pagos, quiénes acopiaban, quiénes distribuían y quiénes llevaban adelante la venta en distintos barrios de Rosario y la región”.