El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a 6 años de prisión al ex juez federal de esa ciudad, Carlos Soto Dávila, tras hallarlo culpable de los delitos de cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado en tres oportunidades en concurso ideal con tres hechos de prevaricato, todos ellos en concurso real. Además, el ex magistrado fue inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos y deberá abonar una insólita multa de 37.500 pesos. Soto Dávila había llegado a juicio acusado de liderar una organización criminal que beneficiaba a los principales narcotraficantes correntinos, entre ellos los que ingresaban la droga por la ciudad fronteriza de Itatí y que deparó en varios juicios con políticos y uniformados de distintas fuerzas tras las rejas.

Con respecto a los dos funcionarios del juzgado federal de Soto Dávila que también fueron juzgados, Pablo Carlos Molina fue condenado a 5 años de prisión por ser considerado responsable de los delitos de cohecho pasivo agravado en dos oportunidades en concurso ideal con prevaricato en calidad de partícipe necesario y cohecho pasivo en una oportunidad, todos ellos en concurso real y se le fijó tanto una inhabilitación especial perpetua como una multa de 32.500 pesos. Por su parte, a Federico Alberto Grau se lo condenó a 4 años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo agravado en una oportunidad en concurso ideal con prevaricato en calidad de partícipe necesario, se lo inhabilitó de manera perpetua y se le impuso el mínimo de multa prevista.

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El Tribunal, compuesto por los jueces Juan Manuel Iglesias (Chaco), Rubén David Oscar Quiñones (Formosa) y Manuel Alberto Jesús Moreira (Misiones) debido a la excusación de los integrantes originales por su relación con los ex funcionarios acusados, condenó también al abogado Duylio Horacio Barboza Galeano a dos años de prisión como coautor penalmente responsable del delito de cohecho activo agravado. Y homologaron los procedimientos de juicios abreviados firmados antes del inicio del debate condenando a los abogados Antonio Serial y Jorge Vallejos a dos años de prisión y al narcotraficante que fue condenado a 17 años de prisión en el marco de la causa de Itatí, Carlos “Cachito” Bareiro, a la pena de 3 años y 8 meses de cárcel.

Finalmente, los abogados Gregorio Humberto Giménez y Tomás Alfredo Viglione; el ex intendente de la ciudad correntina de Empedrado Juan Manuel Faraone (que ya había sido condenado en el marco de la causa de Itatí); y el narcotraficante Pablo Nicolás Torres fueron absueltos mientras que se ordenó reservar las actuaciones relacionadas a Federico “Morenita” Marín, considerado uno de los tres capos narcos de la causa Itatí y que se encuentra prófugo desde febrero tras escapar del domicilio que le habían asignado junto a su familia en el Gran Buenos Aires tras declarar en el juicio bajo el régimen de protección de testigos involucrnado a funcionarios, jueces, policías federales, provinciales y gendarmes.

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El juicio a Soto Dávila y sus empleados había comenzado el 21 de junio de 2022 y a lo largo de las audiencias declararon más de 60 testigos. Junto al fiscal Schaefer intervino la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias y el auxiliar fiscal de esa oficina Martín Uriona.

Los alegatos se realizaron a fines de marzo y entonces los representantes del Ministerio Público Fiscal habían considerado que en distintas causas que tramitaban ante el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, “a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico”. Esto ocurría mediante el “dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión”. En otros casos, incluso “se reprochaban participaciones menores a quienes en realidad eran quienes dirigían las actividades de narcotráfico”.