El juicio por la violación y muerte de Guadalupe Medina, la nena de 12 años que fue asesinada en una casa a medio construir de Villa Banana en mayo de 2016, comenzó este miércoles con el pedido de prisión perpetua para el único acusado, Sergio Javier Saravia, implicado cuando ya estaba en prisión por otro caso de abuso sexual y su ADN fue cotejado con los rastros genéticos obtenidos en hisopados al cuerpo de la niña. En la jornada de apertura se presentaron los alegatos de las partes y declaró personal policial que intervino ante el hallazgo del cuerpo en el pasillo de Lima 2940 además del forense que realizó la autopsia.

Con unos días de retraso respecto de la fecha de inicio prevista, el debate oral y público por la muerte de Guadalupe Medina arrancó a la mañana en el Centro de Justicia Penal ante los jueces Nicolás Vico Gimena, Rodolfo Zvala e Ismael Manfrín. Los abogados querellantes del Centro de Asistencia Judicial Valentín Hereñú y Jorge Haurigot presentaron una perspectiva jurídica novedosa al acusar a Saravia como autor de un femicidio, a fin de remarcar en el caso componentes de violencia de género aunque no existiera relación previa entre la víctima y el victimario. “Se trata de la muerte de una mujer producida por un varón en un contexto de violencia de género”, señalaron.

El fiscal Patricio Saldutti se plegó a ese planteo al acusar a Saravia como autor de un homicidio agravado por ser cometido contra una mujer mediando violencia de género, aunque también presentó como encuadre penal alternativo el de abuso sexual seguido de muerte, la figura que tradicionalmente se ha aplicado a este tipo de casos. Las dos partes acusatorias solicitaron la pena de prisión perpetua, mientras que el defensor público Hernán Soto planteó que Saravia no fue el autor del crimen de la nena y solicitó su absolución.

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Saravia, un hombre que no terminó la escuela primaria y como ocupación declaró ser maquinista, fue acusado de “haber abusado sexualmente de Malena Guadalupe Medina, de 12 años de edad, mediante penetración anal y vaginal, produciendo durante el ataque diferentes lesiones en su rostro y cuerpo, como así también ahorcamiento, lo que causó su muerte por asfixia mecánica por estrangulamiento”.

Para la acusación el ataque ocurrió “habiendo mediado violencia de género, por la connotación sexista de la secuencia” en la que el agresor se aprovechó de su mayor fuerza y contextura física frente a la “situación de vulnerabilidad de la víctima por su condición de niña–mujer”. El ataque ocurrió a unos cincuenta metros de la entrada a un pasillo de Lima 2940, en un terreno abandonado con paredes de ladrillo, piso de tierra y sin techo que en el barrio se usaba como aguantadero.

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En ese lugar los vecinos encontraron muerta sobre barros y escombros a Guadalupe la mañana del 25 de mayo de 2016. Tenía heridas en el cuello, la lengua, la ingle y la pierna derecha, además de rastros de abuso sexual. En un primer momento fueron acusados unos amigos de la nena que eran laderos de Nelson “Pandu” Aguirre, condenado por un homicidio y señalado por captar pibes para la venta al menudeo de drogas. Desde que se reunía con ellos, Guadalupe comenzó a faltar al 7º grado de la escuela Marcelino Champagnat y a ausentarse de su casa. Algunos testimonios revelan que estuvo con ellos la noche anterior a su muerte. Hubo tres acusados pero todos dieron negativo en las pruebas genéticas y fueron desvinculados.

Cuando el caso quedó sin detenidos la abogada del CAJ Martina Guirado, por entonces querellante, solicitó cotejar los rastros de ADN detectados en el cuerpo de Guadalupe con el material genético de Saravia, quien había sido imputado por un caso de violación cometido en el barrio ocho meses después, a siete cuadras de lugar del asesinato. Ese ataque fue el 8 de enero de 2017 cuando una comerciante fue sometida a violentas vejaciones sexuales por parte un hombre que entró a su casa, la amenazó con un cuchillo, encerró en el baño a sus hijos y un sobrino y la ahorcó hasta provocar su desvanecimiento. Se cree que la dio por muerta.

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Pero la mujer sobrevivió y apuntó a Saravia, un vecino que solía juntarse con conocidos cerca de su casa. Fue detenido un mes más tarde y condenado en un juicio abreviado a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma blanca y robo calificado.

El cotejo de ADN detectó el perfil del detenido en hisopados bucales, vaginales y de ambas manos de Guadalupe y a partir de esa pericia llegó al juicio por el caso.