El domicilio del comedor, que no funcionaba como tal, coincidía con la del edil, y la institución estaba a nombre de su padre. La provincia le quitó los fondos
El inmueble de la calle Avellaneda 2252, donde figura el domicilio del comedor, es una casa de familia.
La provincia clausuró un comedor comunitario de Villa Gobernador Gálvez que no funcionaba como tal. Lo curioso es que la entidad beneficiaria estaba anotada en el domicilio de un concejal de esa ciudad, que ocupa un importante cargo en el cuerpo deliberativo. La Asociación Civil estaba inscripta a nombre del padre del edil.
La baja definitiva se dio en el marco de una serie de inspecciones que realiza la provincia en distintos comedores y merenderos del territorio santafesino, para verificar si realmente cumplen con sus objetivos y desarrollan las actividades para las que fueron concebidos y por las que venían recibiendo fondos otorgados por las autoridades. En este marco, ya fueron 160 los lugares dados de baja.
La Asociación Civil Creo funcionaba en Avellaneda 2252 de Villa Gobernador Gálvez, el mismo lugar donde fijó residencia el concejal Nicolás Ramírez, quien hoy ocupa la Vicepresidencia primera del cuerpo pero llegó a ser presidente. Incluso, en 2023 se desempeñó como intendente interino cuando el mandatario local, Alberto Ricci, se tomó 15 días de vacaciones.
La institución era beneficiaria del Programa de Asistencia a Comedores Comunitarios, lanzado en abril de 2023 y para el cual la administración de aquel momento destinó 362.179.866 pesos, a distribuir en un listado de entidades, entre las que se encontraba Creo. La última partida que recibió la asociación civil fue de 73.750 pesos en diciembre de 2023.
En los considerandos de la resolución que ordenó el envío de fondos, que lleva fecha 13 de abril de 2023, puede leerse que el Programa de Asistencia a Comedores Comunitarios "beneficia a organizaciones sociales informales identificadas, a través de una o más personas físicas que las representan, asociaciones y organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil legalmente constituidas, a través de la representación que corresponda en cada caso, siempre que cualesquiera de ellas demuestre que lleva a cabo la actividad de alimentación a sectores vulnerables de la comunidad en forma estable".
Mediante la norma, el Ministerio de Desarrollo Social asignaba los recursos a los beneficiarios mediante la suscripción de convenios o acuerdos. Las modalidades eran la autorización de compra mensual por medio de una tarjeta magnética precargada, o como servicio necesario como "servicio necesario para el cumplimiento del fin del programa, asegurando que lleguen a destino los alimentos". En ese caso, podían autorizarse gastos en servicios inherentes al traslado de los alimentos desde los locales comerciales a los domicilios de las instituciones.
Cuando asumieron las nuevas autoridades provinciales, se resolvió realizar auditorías sobre los comedores y merenderos, para verificar si se adaptaban a la normativa y funcionaban como tales. En el caso de Villa Gobernador Gálvez, la tarea se realizó en forma conjunta con la Municipalidad, que colaboró con personal y logística en el entrecruzamiento de datos. En esa ciudad fueron unos 12 los comedores que funcionaban bajo el Programa Alimentario, beneficiarios de partidas por parte del ministerio.
Los controles se intensificaron en enero y febrero de este año, que fue cuando comenzaron a darse de baja las primeras instituciones beneficiarias. En el listado al que tuvo acceso La Capital, figuran como dadas de baja otras entidades, como el Merendero Evita, la Asociación Comedor La Palomita, Casa Blanca del Valle Ríos, Asociación Civil Descalzos y Esperanza Paz.
Pero en el caso de Creo, se determinó que el domicilio de Avellaneda 2252 correspondía al concejal Nicolás Ramírez, vicepresidente primero del Concejo Deliberante, quien en su momento llegó a ser presidente del cuerpo. Es más, el 6 de febrero de 2023, La Capital informaba que Ramírez reemplazaría interinamente a Alberto Ricci, quien en ese momento se tomaba vacaciones. La particularidad del concejal eran en ese momento sus jóvenes 25 años y que había sido la gran sorpresa en las elecciones Paso anterior, las que se había adjudicado por afuera de los partidos tradicionales, ya que fue el candidato de Somos Futuro, con un partido propio: Unión por la Libertad.
Otro detalle que se determinó es que la Asociación Civil Creo está a nombre de Walter Oscar Ramírez, padre de Nicolás. Pero el domicilio no hay ninguna identificación que dé cuenta de la existencia de una asociación como la que recibía el beneficio, y evidentemente la documentación no estaba en orden. Por eso, se dispuso su baja.
La orden de dar de baja al presunto emprendimiento de la Asociación Creo recordó inmediatamente otro caso que involucró a un concejal, pero de la ciudad de San Lorenzo. Es que luego de una auditoría en la que se comprobaron irregularidades, la provincia eliminó de la lista de beneficiarios a un comedor comunitario vinculado con el concejal de San Lorenzo Esteban Aricó. A partir de marzo, la ONG Protegiendo Sueños dejó de recibir fondos provinciales: desde noviembre de 2022 totalizó una suma cercana a los 50 millones de pesos.
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El proceso de fiscalización había comenzado en diciembre de 2023, cuando los funcionarios provinciales Vilma Paulini y Luciano Fontana constataron que en diagonal Berardo 1001, domicilio legal de la ONG Protegiendo Sueños, no había ningún comedor comunitario. En cambio, en el espacio se encontraron con algo muy similar a un búnker político: afiches, pasacalles y distintos elementos de la campaña electoral del concejal Aricó, quien en 2023 fue candidato a intendente.
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Por Nicolás Maggi