Exdirectivos y empleados de la empresa de transporte acordaron donaciones y reparaciones a víctimas del choque de dos colectivos en Zavalla. El siniestro provocó 13 muertes y 14 heridos
La tragedia de Monticas ocurrió el 24 de febrero de 2017.
La causa penal sobre la tragedia de Monticas no llegará al juicio como pretendía inicialmente la Fiscalía Regional de Rosario. El debate oral y público se suspendió este jueves porque los nueve imputados cumplirán con una probation, de modo que el expediente se cierra sin condenas.
El choque frontal de dos colectivos de la misma empresa provocó 13 muertes y 14 personas sufrieron heridas sobre la Ruta Nacional 33. A casi 8 años del siniestro vial en Zavalla, trece víctimas o herederos forzosos prestaron su conformidad con la resolución o no se pronunciaron en contra.
La suspensión del juicio a prueba dura dos años. Además de la reparación económica a las familias damnificadas, cada imputado les donará hasta 200.000 pesos a las asociaciones de bomberos voluntarios de la zona.
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Los exdirectivos y empleados de Monticas se comprometieron a cumplir con una serie de reglas y controles de la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad. La probation no es una confesión ni implica que reconozcan su responsabilidad civil o penal frente a los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2017.
Los imputados que trabajaban en los talleres de la firma quedaron inhabilitados para realizar ese tipo de actividades en la órbita del servicio de transporte de pasajeros. La misma restricción especial se aplica a los exintegrantes del directorio, de modo que no pueden ocupar cargos similares en otras empresas del rubro por los próximos dos años.
Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la mitad de las personas denunciadas por el choque cumplían "funciones relevantes con poder de mando en Monticas". Un segundo grupo estuvo en la mira por el mantenimiento deficiente de los colectivos interurbanos.
David L., Raúl R. y Pablo D. ocupaban la presidencia, la vicepresidencia y la gerencia de operaciones de la firma. Carlos L. también formaba parte del directorio y era el jefe referente del taller, mientras que Diego P. estaba en el mismo nivel jerárquico dentro del área de oficina técnica.
Por otra parte Juan D. R. y Gabriel V. fueron imputados debido a la falta de vigilancia y control de los ómnibus. El MPA los investigó como presuntos responsables de la colocación del neumático usado que explotó y provocó la colisión frontal entre Zavalla y Pérez. Ambos integraban la lista de encargados de taller de turno junto a Alejandro P. y José M..
En septiembre de 2022, el fiscal Walter Jurado anunció el pedido de condenas de hasta 5 años de prisión efectiva por homicidio culposo agravado por multiplicidad de víctimas. En la audiencia preliminar añadió el deito de lesiones culposas graves y gravísimas agravadas por la multiplicidad de víctimas en concurso ideal, pero la causa finalmente no fue elevada a juicio.
La probation establece una reparación económica equivalente al monto neto de un salario y medio de cada imputado. La sumatoria total se abona a prorrata entre las víctimas y/o herederos forzosos; es decir, no se divide en partes iguales.
Voceros del MPA detallaron que el cálculo del pago se realiza en base al último recibo de sueldo presentado por las defensas. A partir de la liquidación, la deuda se cancela con tres cuotas mensuales. El primer vencimiento se programa 10 días hábiles después de que la probation quede firme.
Este acuerdo no incluye las denuncias de lesiones leves por el choque en la ruta 33. Algunas personas desistieron de la acción penal y el MPA restringió la investigación a las muertes y los casos más graves dentro del registro de víctimas.
La colisión entre Pérez y Zavalla fue definida entonces como la mayor tragedia vial de la historia de la provincia de Santa Fe. Los colectivos involucrados pertenecían a la misma empresa y circulaban en sentido contrario cuando explotó el neumático delantero izquierdo del interno 145.
El ómnibus averiado se cruzó de carril y el impacto fue descomunal. La causa tuvo un avance lento y las primeras imputaciones tardaron más de un año y medio. Por otra parte, el gobierno provincial dictó la caducidad de la concesión a Monticas en cuestión de días y la empresa dejó de operar en la región con ese nombre.
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