La Universidad Nacional de Rosario (UNR) publicó esta semana los datos de atención de sus Espacios de Violencias correspondientes al período 2025. En un contexto donde las políticas públicas de género enfrentan desafíos de financiamiento y legitimidad a nivel nacional, la casa de estudios reafirma su postura institucional: la lucha contra la violencia no es opcional, es una política de cuidad.

Según el relevamiento, de todas las situaciones abordadas, la violencia simbólica lidera el ranking con 75 registros, seguida de cerca por la violencia psicológica con 67. Estas cifras triplican a las situaciones de violencia física (13) o sexual (21), lo que marca una tendencia clara sobre el tipo de conflictos que hoy atraviesan a las aulas y oficinas de la universidad.

El perfil de las consultas: quiénes y dónde

El mapa de situación permite observar una asimetría marcada entre los claustros. El estudiantado se consolida como el sector más activo en la búsqueda de ayuda, representando 74 de las consultas totales. En contraste, el claustro docente registró 30 casos y el personal no docente 18.

Al mirar el otro lado de la moneda, el de las personas denunciadas o sindicadas, los estudiantes también encabezan la lista (41 casos), seguidos muy de cerca por los docentes (31), lo que pone de relieve la complejidad de los vínculos pedagógicos y de poder.

En cuanto a la distribución territorial, el informe identifica "puntos calientes" donde la demanda de atención fue mayor. El Instituto Politécnico, la Escuela Agrotécnica y las facultades de Ciencia Política, Médicas, Psicología y Derecho concentraron el mayor volumen de intervenciones.

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Otro dato relevante es la irrupción de la virtualidad. Si bien la mayoría de los hechos ocurren en entornos presenciales dentro de la universidad (68 casos), los entornos digitales ya representan 12 situaciones atendidas, reflejando que el acoso y la discriminación sexista han encontrado en las redes y plataformas virtuales un nuevo escenario de propagación.

El acompañamiento de la UNR

Quizás el dato más revelador del informe 2025 sea el destino de estas consultas. El sistema procesó 63 consultas y 50 medidas de intervención, pero apenas 2 derivaron en denuncias administrativas. Esta brecha técnica es la que mejor define la política actual de la UNR: el dispositivo no funciona como un tribunal de castigo automático, sino como una red de cuidado.

Las intervenciones se centran en la construcción de estrategias personalizadas que incluyen adecuaciones de horarios, cambios de comisiones, licencias específicas por motivos de género y tareas de sensibilización. Al ser consultas privadas y confidenciales, se respeta estrictamente la voluntad de la víctima: si la persona no desea denunciar administrativamente, la institución no avanza, priorizando la reparación del derecho vulnerado a través de otras vías.

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Un respaldo normativo en tiempos de ajuste

La presentación de estos datos se da en un contexto donde el registro y monitoreo de estas situaciones es, según la propia institución, "una responsabilidad institucional y una forma de cuidado". El abordaje se sustenta en un andamiaje legal que incluye la Ley Micaela y la Ley de Identidad de Género, garantizando que el acompañamiento a personas del colectivo LGBTIQ+ sea integral y libre de discriminación.

Con estos números sobre la mesa, la UNR no solo expone sus deudas pendientes en materia de convivencia, sino que ratifica la vigencia de una herramienta que, lejos de ser burocrática, busca transformar las estructuras de poder que todavía persisten en la educación superior.