Tan solo el viernes pasado, se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas de Santa Fe, un volumen inédito que expone la magnitud de un fenómeno en expansión y obliga a repensar su abordaje. Lejos de tratarse de hechos aislados o bromas de mal gusto, el gobierno provincial remarcó que estas conductas constituyen delitos penales y anticipó que avanzará para que los responsables afronten también las consecuencias económicas.

La cifra fue confirmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien detalló que solo el viernes de la semana pasada se activaron decenas de protocolos por amenazas que incluyeron mensajes, pintadas o advertencias de supuestos ataques armados. Cada uno de esos episodios moviliza recursos policiales, judiciales y de emergencia.

“El impacto no es solo institucional: cada intervención tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos”, advirtió el funcionario. En ese sentido, confirmó que por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro se iniciarán acciones para reclamar el resarcimiento económico a los responsables identificados.

Del “chiste” al delito

El gobierno fue enfático en un punto: estas amenazas no pueden relativizarse. Según explicó Cococcioni, se encuadran en el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal argentino, que contempla penas de prisión.

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Además, incluso cuando los autores son menores no punibles, las consecuencias pueden ser significativas. Las actuaciones judiciales dejan antecedentes que pueden afectar su futuro, como dificultades para obtener certificados de buena conducta o restricciones para salir del país. A esto se suma la eventual responsabilidad de los adultos a cargo.

El ministro también subrayó un aspecto operativo: cada falsa alarma implica desviar efectivos y recursos que podrían destinarse a situaciones reales de inseguridad.

Escuelas en tensión y efecto contagio

Desde el área educativa, el diagnóstico apunta a un fenómeno que combina redes sociales, viralización y reproducción de conductas. El ministro de Educación, José Goity, vinculó parte de los episodios a “desafíos virales” que circulan entre estudiantes.

El caso ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal funcionó como disparador. A partir de allí se detectó una seguidilla de situaciones similares en distintos puntos de la provincia. “Alteran el funcionamiento normal de las escuelas, generan angustia y tienen impacto en toda la sociedad”, señaló Goity.

Frente a este escenario, el Ministerio de Educación propuso incorporar estas conductas como faltas gravísimas en los acuerdos de convivencia escolar y reforzar las intervenciones preventivas en las aulas.

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El rol de las familias, en el centro

Uno de los ejes más insistentes del mensaje oficial apunta a las familias. Las autoridades consideran que el fenómeno no puede abordarse únicamente desde la escuela o la seguridad. “El pedido es claro: hablar de este tema en los hogares”, remarcaron durante la conferencia encabezada por la vocera provincial, Virginia Coudannes.

En esa línea, se impulsa el fortalecimiento de herramientas como: espacios de escucha en las escuelas, rondas de convivencia, capacitaciones docentes y programas de educación digital. El objetivo es promover un uso responsable de las redes sociales y prevenir conductas de riesgo.