La madre de un joven con certificado de discapacidad que permanece internado en el Hospital Agudo Ávila (Suipacha al 600) denunció la situación de "vulnerabilidad e inseguridad" que viven los pacientes del centro de salud mental. La mujer, que lleva cinco años reclamando en la Justicia para que su hijo reciba un tratamiento adecuado, cuestionó las condiciones de infraestructura y la falta de presupuesto del servicio provincial.

El joven ingresó en el hospital de Suipacha y Santa Fe a mediados de este año. Desde entonces, "en reiteradas oportunidades he solicitado que dado la situación de inseguridad y vulnerabilidad que presenta ese efector sea derivado para deshabituación a otro espacio del ámbito de la salud pública gestión privada y sistemáticamente se han negado", relató Marcela Pomerantz, mamá del joven y trabajadora de una organización que empujó la sanción de la nueva ley de salud mental, de 1991.

La semana pasada, la mujer denunció por segunda vez el tema a la Dirección de Salud Mental de la provincia. En el escrito, cuestiona "la situación de inseguridad y vulnerabilidad" que forma parte de las rutinas de funcionamiento del centro de salud, relacionadas por "las condiciones infraestructurales, el deterioro y demás situaciones con personal de enfermería y seguridad y otras situaciones hospitalarias", apunta.

Entre otras falencias, la mujer afirma que "es permanente el hurto de efectos personales" y el consumo de sustancias entre las personas internadas. "Los pacientes de manera habitual, consumen cocaína y otras sustancias, escapándose, trepándose a puertas y alambrados", afirma y destaca que en una oportunidad, en medio de esas corridas, "un paciente se rompió una pierna y está en silla de ruedas".

Para Pomerantz, las situaciones que se viven a diario en el Agudo Ávila no se relacionan con el derecho de los pacientes a recibir "un tratamiento integral digno y de calidad". Las imágenes de las habitaciones del hospital que acompañan esta nota hablan por sí solas.

El Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila, más conocido como “el Suipacha”, por el nombre de la calle sobre la que se sitúa su edificio principal, es una de las tres instituciones públicas de internación psiquiátrica de la provincia. Tiene dos pabellones y una guardia de internación con capacidad para unos 80 pacientes, varones o mujeres, mayores de edad.

No es la primera vez que los mismos trabajadores, usuarios, familiares o referentes de instituciones que abordan situaciones de consumo problemático cuestionan el funcionamiento de las áreas de salud mental. Es más, en varias oportunidades advirtieron que el sistema de atención "está estallado" por el aumento de la demanda, la falta de infraestructura, las pocas camas disponibles en hospitales generales para atender las urgencias y el desfinanciamiento del sector.

De acuerdo a la ley de salud mental, advierten los especialistas, el Estado debería destinar el 10% del presupuesto de salud para Salud Mental, pero por supuesto esa cifra es mucho menor, nunca alcanzó ni la mitad, a nivel nacional, ni provincial.

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Un caso testigo

La nota que cuestiona las condiciones de atención en el Hospital Agudo Ávila está dirigida a la directora de Salud Mental de la provincia, Celina Pochetino. El reclamo de Pomerantz tiene atrás casi cinco años de una larga batalla judicial por el derecho de su hijo a recibir una atención de calidad.

Las presentaciones judiciales se iniciaron en 2017. Desde entonces, la mujer reclama que el Estado garantice la atención "integral y adecuada" de su hijo en las instituciones privadas donde se venía atendiendo en los últimos años. Se trata, señaló, del acceso "a la atención integral a las prestaciones de la salud, de acuerdo a las necesidades de cada caso".

Pomerantz advirtió que el juzgado de Familia Nº 3 y el de primera instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 dispusieron que "los gastos de traslados, alojamientos, viáticos, medicación, acompañante terapéutico y todo lo necesario y requerido" fuera costeado por el programa Incluir Salud, el organismo depende de la Agencia Nacional de Discapacidad y brinda asistencia financiera a las provincias que administran los fondos.

La decisión fue apelada por Incluir Salud, que continuó con el corte de las prestaciones, pero la Cámara avaló parcialmente el pedido de la denunciante, reconociendo el reintegro parcial de los costos de tratamientos ya realizados.

Pero por un error procesal, recordó la mujer, la causa caducó y el año pasado Incluir Salud cortó las prestaciones en instituciones privadas, lo que obligó a la mujer a invertir "millones" en el pago de la atención de su hijo "por el abandono que hicieron las autoridades del programa de su situación de salud".

Pomerantz recordó que tanto los jueces de primera instancia, como los de cámara y la defensora de cámara dejaron claro que en el reclamo "o que está en juego es la continuidad del tratamiento, el derecho a la salud y el derecho a la vida"

El argumento de las autoridades de Incluir Salud fue que los centros de salud públicos están en condiciones de cubrir la atención exigida por el Programa Médico Obligatorio. Con ese razonamiento, la coordinación provincial del programa provincial se decidió pedir la nulidad de la medida judicial. La mujer recordó que "el funcionario a cargo del programa, Marcelo Giego, y la abogada, Marianela Tuttolomondo, se presentaron ante el juez Ezequiel Zabale, quien hizo lugar al planteo" de los funcionarios.

Desde entonces, la mujer reclama que su hijo "recupere los derechos que tuvo durante los cuatro primeros años de su tratamiento". Ahora, pedirá que la Corte Suprema de Justicia para que declara inconstitucional el fallo de Zabale, considerando que obstaculiza el acceso de su hijo "a una salud de calidad y además le ha quitado los derechos que tuvo durante cuatro años de prestaciones acordes", señaló.