Los reclamos de un grupo de ahorristas de los planes de vivienda desarrollados por la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura provincial. Este miércoles los diputados que integran la comisión de Vivienda y Urbanismo recibieron a las personas que reclaman el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos firmados con la desarrolladora,

El conflicto abierto entre los ahorristas y la constructora sumó un nuevo capítulo en la Legislatura santafesina. Después de varias movilizaciones públicas, los ahorristas volvieron a enumerar "los incumplimientos" por parte de la desarrolladora.

Entre otros puntos, afirmaron que llevan más de diez años pagando las cuotas para acceder a un departamento en el radio céntrico de la ciudad y que al momento de la entrega les ofrecen viviendas construidas en el Condominio Los Pasos, sobre el límite con Funes, además de otras presuntas irregularidades como demoras que exceden los plazos contractuales, cambios unilaterales en las condiciones y modificaciones en las zonas de construcción originalmente acordadas.

El mes pasado, los ahorristas habían llevado el reclamo al Concejo Municipal. En la comisión de Planeamiento y Urbanismo donde destacaron que ingresaron a los planes ofrecidos por la desarrolladora como una opción para acceder a una vivienda propia, pero advirtieron que, casi finalizando el plan de pagos acordado, no encuentran respuestas.

En la Legislatura

Tras participar de la audiencia con los ahorristas, el diputado provincial Miguel Rabbia (PJ) presentó un proyecto de comunicación solicitando la intervención del Poder Ejecutivo, a través de las áreas de Defensa del Consumidor, para que actúe como mediador y conciliador en el conflicto "que ya afecta a un número significativo de familias santafesinas", advirtió el legislador.

La iniciativa pone el foco en la necesidad de "encauzar institucionalmente las denuncias de quienes forman parte de sistemas de ahorro previo para acceder a la vivienda, quienes vienen señalando demoras en los plazos de entrega, cambios en la localización de las unidades y modificaciones en las condiciones originalmente pactadas", apuntó.

En ese marco, el proyecto solicita que el Estado provincial intervenga activamente para garantizar canales de diálogo, facilitar acuerdos y proteger los derechos de los consumidores. “Esto ya es una cuestión de orden público, que excede lo individual. Para ello el Ejecutivo cuenta con la Secretaría de Comercio, que debe terciar para garantizar una relación simétrica entre los consumidores y las empresas” sostuvo.

El legislador subrayó además que la intervención solicitada no implica determinar responsabilidades judiciales, cuestión que corresponde a los órganos competentes, sino asegurar mecanismos adecuados de mediación que permitan atender los reclamos y avanzar hacia la recomposición de derechos afectados.

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La respuesta de Bauen

Tras las manifestaciones públicas de clientes que reclaman el cumplimiento de los contratos y la entrega de viviendas, la constructora explicó el funcionamiento de los planes para acceder a una propiedad. "Actuamos como administradores de un sistema de construcción colaborativo, regido por contratos de obra a largo plazo. Asimismo, extender plazos constructivos está expresamente previsto en el contrato para supuestos en que se altere la normal secuencia de pagos, en el marco de las distintas situaciones de crisis económicas sufridas por el país, en las que no se trasladó la totalidad de los incrementos informados por la Cámara Argentina de la Construcción".

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En este modelo, prosiguió la administradora, los inversores aportan el capital y la empresa ejecuta la construcción. "Se trata de una construcción colectiva en la que la obligación del inversor no es una deuda fija en dinero, sino una obligación de valor que implica asumir la parte proporcional del costo real de la obra", apuntaron en un comunicado y expusieron que "es propio de los contratos de largo plazo regulados por el art 1.011 del Código Civil y Comercial la readaptación a las circunstancias vigentes durante su desarrollo. Las obligaciones no son estáticas, sino dinámicas, y 1.600 inversores del sistema Pilay de Rosario ya han readaptado sus contratos a las circunstancias vigentes".