La Municipalidad presentó ante el Concejo un proyecto para la regularización de aplicaciones de movilidad como Uber y Didi, entre otras. La iniciativa supone que tarde o temprano las compañías internacionales estarán bajo un marco regulatorio en la ciudad. En este contexto, sectores referentes de taxis plantean equiparar las condiciones de competitividad eliminando impuestos, limitando la cantidad de vehículos de aplicaciones e incentivando al municipio a controlar a los choferes y vehículos.

La referente de She Taxi, María Eva Juncos, envió una carta a los concejales locales con observaciones sobre el proyecto en cuestión y cómo afectaría al régimen de taxis.

El texto, al que accedió La Capital, marca “puntos débiles” en el proyecto oficialista, según consideró Juncos. Pero no quedó propuso tres modificaciones para darle competitividad al servicio de taxis ante la posible regulación de aplicaciones como Uber y Didi, entre otras.

Competitividad para los taxis

Luego de exponer las falencias que observó del proyecto del Ejecutivo, la referente de She Taxi señaló tres propuestas de modificación.

El primer punto propone rever la iniciativa que parte del Palacio de los Leones para eliminar la asimetría regulatoria “mediante la derogación inmediata de cargas obsoletas y costosas que pesan sobre el servicio de taxis”, como monitoreos monopólicos o restricciones de contratación para “equiparar las condiciones de competitividad” entre el servicio público y las plataformas de movilidad. En la lista de cargas “anacrónicas vigentes” también se encuentran la exigencia ineludible de choferes bajo regímenes rígidos, el Formulario 931 de cargas sociales patronales, y el carnet interjurisdiccional “diferenciado y más costoso”.

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Otro de los puntos que propone la carta es limitar la cantidad de vehículos registrados en las plataformas con el fin de “evitar el colapso del tránsito, la saturación del espacio público y el deterioro acelerado de la infraestructura de la ciudad”.

Por último, Juncos solicita la supresión de la cláusula de irresponsabilidad estatal para que el municipio asuma el rol “indelegable” de control riguroso, fiscalización de antecedentes y garantía de seguridad para los usuarios de las futuras aplicaciones que se alisten en el marco regulatorio propuesto por Rosario.

Los puntos flojos, según She Taxi

La carta, firmada por Juncos, señaló que el proyecto de la Municipalidad está viciado de “inconstitucionalidad, arbitrariedad reglamentaria, violación al principio de igualdad ante las cargas públicas, deslinde indebido de responsabilidad estatal y omisión de planificación urbana”.

Entre los puntos débiles, Juncos detalló la ruptura del principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas, relacionados al artículo 16 de la Constitución Nacional y al artículo 8 de la Constitución de Santa Fe: “El proyecto exime a las aplicaciones de obligaciones históricas, impositivas, laborales y tecnológicas que ahogan al servicio público de taxis”.

Para Juncos, “obligar a competir en un mismo mercado a dos actores bajo reglas de juego diametralmente opuestas constituye una competencia desleal avalada por el Estado”. Esta conclusión, según la referente taxista, viola el artículo 28 de la Constitución Nacional, que sostiene el principio de razonabilidad de las leyes.

Otro de los puntos que reclamó es la falta de controles para los conductores de las aplicaciones, mientras que a los taxistas se les exige la presentación y revisión exhaustiva de antecedentes penales amplios, libres de deudas alimentarias o fiscales. “Esto degrada los estándares de seguridad preventiva que el municipio está obligado a resguardar en el espacio público”, apuntó en la carta.

Por otra parte, reclamó que el artículo 6 del proyecto del Ejecutivo local, que busca el deslinde de responsabilidades “es un artificio jurídico nulo” ya que según los principios generales de responsabilidad extracontractual del Estado y el Código Civil y Comercial de la Nación “el poder de policía del Estado en materia de seguridad vial, transporte y control del espacio público es un deber imperativo de garantía" y ninguna norma menor, en este caso una ordenanza, puede estar por encima del conjunto de normativas mencionado.

El colapso en el tránsito

Uno de los puntos no menores que planteó Juncos en su carta es el colapso del tránsito a raíz de la propagación de choferes y vehículos que podrían multiplicarse en las calles tras el levantamiento de la ilegalidad vigente.

La carta sostiene que a más cantidad de vehículos en la calle bajo Uber, Didi y otras aplicaciones, se reducirá la velocidad de conducción promedio afectando al sistema de colectivos, taxis, autos particulares y hasta ambulancias y otras unidades del Estado. Además, a mayor cantidad de autos, más elevado será el índice de siniestros y emisión de gases contaminantes.

Ese crecimiento exponencial de autos circulando deteriorará el pavimento y la infraestructura de la ciudad. En este supuesto, el municipio tendrá sobre sus espaldas el costo de la reparación de las calles “mientras las plataformas exportan sus ganancias”, remarcó.

Juncos se amparó en un estudio de la Universidad de California (Ucla) y Schaller Consulting en el que demuestra que los servicios de aplicaciones aumentan el tráfico total entre un 50 y 80 por ciento debido a autos circulando sin pasajeros, llamado kilómetros en vacío. Además, la carta remarcó que los vecinos con autos particulares no dejan de usarlos y que los usuarios que suman las aplicaciones se pierden en el transporte público y medios sustentables, como bicicletas o movilidad de a pie.

En este sentido, detalló que ciudades como Nueva York, San Francisco o Londres limitaron la flota de vehículos ya que habían saturado el tránsito en esos lugares.

Por último, lamentó “la peligrosa tendencia a legislar al calor del algoritmo y del marketing corporativo de las multinacionales tecnológicas, asimilando livianamente que innovación es sinónimo de desregulación”.