La Corte Suprema provincial se reunió con fiscales, el Colegio de Abogados y otros órganos del Poder Judicial para tratar una seguidilla de denuncias contra padres divorciados por presunto abuso infantil, quienes, paralelamente, demandaron a tres psicólogas representantes de una organización.

Todo surgió a partir de la gran cantidad de casos que tiene como corolario una denuncia penal colectiva por falso testimonio agravado contra las tres profesionales rosarinas, quienes pertenecen a una agrupación conducida por un reconocido exjuez federal. Piden que se investigue la comisión del delito de asociación ilícita y corrupción de menores, que tendría por objeto la emisión de estos falsos informes.

En el mencionado cónclave convocado por el máximo tribunal santafesino se acordó organizar una primera etapa de recopilación de información para trabajar sobre bases estadísticas más concretas y abordar la problemática, según precisaron a La Capital desde el Colegio de Abogados de la 2ª circunscripción.

La denuncia penal que tomó la fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Guillermina Aiello, lleva el patrocinio letrado de Viviana Cosentino, Ramiro Coso, Carina Lurati, Juan Lewis, Froilán Ravena, Renzo Biga, José Nanni, Rafael Tamous, Estela Marelli y Andriana Torchio, en representación de los papás P.B., J.J., M.L., R.V., G.V., S.L.S., y A.D.S.

Informes llamativos

Estos denunciantes, quienes no se conocían previamente, tomaron esta decisión de manera conjunta con el grupo de asesores legales al llegar a la conclusión de que había un patrón de irregularidades que se "repetía llamativamente" en los fueros de Familia y Penal de Rosario: sus exparejas los denunciaban por abuso sexual con el apoyo de los informes psicológicos de estas tres profesionales. Desde ese momento, toda la línea paterna perdía el contacto total y permanente con estos niños y sin posibilidad del derecho a atestiguar para defenderse.

Uno de los casos que tomó estado público a partir de los fallos es el de M.L., quien vio a su hijo por última vez hace cuatro años, pese a haber quedado absuelto tanto en primera instancia por el juez Nicolás Foppiani como en Alzada por el camarista Javier Beltramone. Esos dictámenes desestimaron de forma categórica todo tipo de abuso y se subrayó que se habían vulnerado derechos del niño, propio de una "mala praxis" de las psicólogas y de la fiscal que intervino en ese momento.

El caso de P.B. tiene ribetes similares al de M.L.: no se toman en cuenta testimonios de familiares paternos, se demora en la entrevista mediante un defensor a través de Cámara Gesell y sólo se asume como válido el psicodiagnóstico elaborado por estas psicólogas. Finalmente, en agosto de 2025 el juez Pablo Pinto dictaminó la absolución tras un intenso y desgarrador debate, luego de que la causa se archivara y desarchivara una y otra vez a partir de la presión ejercida por una de estas profesionales.

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"Al iniciar las sesiones dan por sentado lo que denuncian sus madres y excluyen de toda entrevista al supuesto agresor, se condiciona la terapia y, como consecuencia de ello, comienza a instalarse esta idea de víctima de esa agresión sexual inexistente en los chicos, causando un daño que difícilmente pueda ser reparado en el futuro, al tener en cuenta la temprana edad de estas intervenciones", advierten.

"La hora del juego"

"La hora del juego" es la técnica que estas profesionales adujeron utilizar en sus informes. "Allí, si se suprimiera la identidad de los niños, las coincidencias de frases textuales entre un informe y otro podrían inferir que se trata de un único paciente", advirtieron.

Para ello, aseguraron que dos de las tres psicólogas realizaron el mismo informe para dos pacientes diferentes y con cuatro años de diferencia entre uno y otro (7 de septiembre de 2018 y 26 de julio de 2022) donde sobresale un diagnóstico idéntico: "Actitud de hipervigilancia ante sonidos externos: se infiere que la exterioridad le provoca ansiedad y pone en juego mecanismos de autopreservación teniendo a mantenerse atenta ante el posible peligro del exterior".

"Tan grave y tan macabro que no puede pensarse en nada que no sea un armado doloso y coordinado de instrumentos que puedan ser utilizados para afirmar la comisión de delitos sexuales en perjuicio de sujetos tan vulnerables que no tienen forma de poder resistir y distinguir los hechos efectivamente vivenciados de aquellos que son implantados durante esos aparentes tratamientos psicológicos", alertaron en la denuncia.

En ese sentido, sostuvieron: "En ninguno de nuestros casos pudieron conseguir que nuestros hijos señalaran en Cámara Gesell una sola conducta de nuestra parte que implicara un menoscabo a su integridad sexual, o que objetivamente describa una situación donde se advierta la existencia de una connotación sexual en esos supuestos tocamientos que se denuncian. Y esto pese a que en la mayoría de los casos estas declaraciones tuvieron lugar mucho tiempo después de la denuncia y cuando ya se encontraban bajo intervención de estas psicólogas".

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Entre otros tantos detalles expuestos en la denuncia penal, alertaron que este grupo "ha llegado a denunciar a magistrados" que dispusieron a lo largo de este derrotero la revinculación de padres e hijos, luego de que se archivaran las denuncias interpuestas por sus exparejas. "Esto deja en evidencia cómo operan ejerciendo presión corporativa con apoyo mediático para evitar estas revinculaciones", apuntaron.

De esa misma forma aseguran que se "comportaron" cuando uno de los denunciados acudió ante el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos, que suspendió a una de las tres profesionales denunciadas. "La suspensión se dispuso por las graves irregularidades cometidas en la atención de un menor en cuestión", precisaron.

Más allá de todo esto, diversas entrevistas realizadas a estos niños por parte de otras psicólogas y abogadas señalan "notoria la postura" que adoptan en presencia o ausencia de sus madres, al tiempo que también precisaron no haber observado conductas propias de abuso ni connotaciones contra sus padres.

"En ningún caso se advirtieron indicadores de abuso informados por estas tres psicólogas ni manifestaron a nadie situaciones donde se advierta nuestra intención de menoscabar su integridad sexual o conducta lasciva hacia nuestros hijos; no pudo encontrarse tampoco ningún elemento serio ni verosímil que confirme las falsas acusaciones vertidas en los informes y/o declaraciones testimoniales denunciadas por cada uno de nosotros, en cuyas causas se dictaron sobreseimientos, absoluciones o fueron archivadas", sostuvieron.

Desvinculación parental

Más allá del derrotero judicial, tanto en los fueros de Familia y Penal, los padres en cuestión siguen sin poder revincularse con sus hijos, siquiera ante un defensor público y en Tribunales. Aquí los casos:

• P.B.: 7 años y tres meses de desvinculación parental. Fue denunciado en junio de 2018. El primer intento de Cámara Gesell fue en diciembre de 2019, un año y medio después de la denuncia, aunque eso no ocurrió porque una de las psicólogas sostuvo "sistemáticamente" que su paciente no estaba en condiciones. En febrero de 2020 la causa se archivó, luego se desarchivó por pedido de una de las psicólogas tratantes. La misma fiscal, que había archivado la causa, decide desarchivar en 2021. Quedó absuelto en 2025 luego de suspensiones y reprogramaciones del juicio.
  
  
• M.L.: 3 años y siete meses de desvinculación parental tras ser denunciado en febrero de 2022. La Cámara Gesell demoró más de dos años (mayo 2024). Tras la desestimación de la denuncia, el fiscal Regional Matías Merlo revocó y reabrió. En junio de 2024 la fiscal desestimó la denuncia, pero Merlo revocó nuevamente esa decisión. En enero de 2025, la investigadora que había desestimado la denuncia en dos oportunidades, decide imputarlo. Foppiani sobreseyó el 14 de enero de ese mismo año con duras críticas al MPA y los informes a las psicólogas. En abril, Beltramone ratificó el fallo en segunda instancia, hizo un duro llamado de atención a la Fiscalía y querella y criticó con dureza las actuaciones de las psicólogas.
  
  
• J.J.: 4 años y un mes de desvinculación parental. Denunciado en 2021, la primera Cámara Gesell se realizó en octubre de 2023. En junio de 2022 se había desestimado la denuncia. En noviembre del mismo año, Merlo reabre la investigación para tomar nuevas medidas. En junio de 2024 la fiscal desestima la denuncia, confirmada en octubre del mismo año por el fiscal Regional y en abril de 2025 por la fiscal general Cecilia Vranicich.
  
  
• G.V.: 4 años y 9 meses de desvinculación parental. Denunciado en 2020, esperó hasta septiembre de 2021 por una Cámara Gesell. En octubre de ese año la Fiscalía desestimó la denuncia, pero Merlo revocó esa resolución y reabrió la investigación. En abril de 2024 se realizaron nuevas medidas y otra vez se desestimó la denuncia, confirmada en marzo de 2025 por Merlo y Vranicich.
  
  
• R.V.: 4 años y 10 meses de desvinculación parental. Fue denunciado en noviembre de 2021. La Cámara Gesell se realizó en marzo de 2023. La causa fue desestimada por la Fiscalía en mayo de 2023 y reabierta por Merlo. Actualmente se encuentra en trámite luego de una nueva Cámara Gesell, donde la querella presenta "un llamativo" informe por una de las psicólogas denunciadas, quien informó: "X cuenta con experiencia de maltrato de abuso, habla de asco como un dique anímico que aparece frente a escenas de orden sexual". Por el contrario, la perito de la defensa, Ana Tamous, sostuvo: "No hay narración del tema sexual y del objetivo primordial que nos convoca, los supuestos abusos sexuales de ningún tipo. X habla de juego y de acciones cotidianas sin referencia a ningún tipo de abuso sexual durante su discurso".
  
  
• S.L.S.: 2 años de desvinculación parental. La Cámara Gesell se realizó en diciembre de 2023 tras ser denunciado en septiembre del mismo año. En abril de 2025 el fiscal desestimó la denuncia, que se encuentra en revisión de Merlo a pedido de la denunciante.
  
  
• M.D.: 6 años y 9 meses de desvinculación parental. Cuenta con una denuncia en su contra interpuesta por su ex pareja en enero de 2019. La Cámara Gesell se realizó en diciembre de ese año. En octubre de 2021, la Fiscalía archivó la causa, confirmada por Merlo en diciembre y en mayo de 2022 por Vranicich.

Todo este derrotero llevó a una reunión convocada por la Corte Suprema provincial para organizar una primera etapa de recopilación de información para trabajar sobre bases estadísticas más concretas y poder así abordar la problemática, según le precisaron a La Capital desde el Colegio de Abogados de la 2ª circunscripción.