En el marco de la demanda judicial que los vecinos autoconvocados de barrio Pichincha sustancian contra la Municipalidad de Rosario por incumplimiento de las ordenanzas para controlar la actividad comercial y la nocturnidad en sector de la ciudad, el juez de la causa recordó a la administración local que debe presentar un relevamiento periódico de las fiscalizaciones que realiza en el corredor gastronómico. Los vecinos denuncian que el Ejecutivo incumple ese mandato desde hace más de tres años.

El lunes pasado, los vecinos autoconvocados de barrio Pichincha participaron de una audiencia en los Tribunales provinciales donde, bajo la garantía del juez civil y comercial Fabián Bellizia, estuvieron cara a cara con funcionarios de distintas áreas de la Municipalidad.

El encuentro se dio en el marco de la causa judicial iniciada por un grupo de residentes del emblemático barrio, reconvertido en un abigarrado corredor gastronómico donde hay permanentes denuncias contra los comercios por incumplimiento de las normas que regulan la actividad, de convivencia e higiene.

La más reciente es por el rechazo y críticas al registro de oposición ante el trámite de habilitación de una cantina, en Alvear al 100, donde ya funciona un bar.

En la reunión ante el juez, los funcionarios del departamento legal de la Municipalidad se comprometieron a llevar en una próxima reunión (a desarrollarse en febrero) toda la información sobre las actuaciones que se vienen desplegando en el barrio, y una vez recopilada esa información avanzar sobre un protocolo.

“Lo más novedoso de este encuentro es sin dudas el acuerdo para avanzar en un protocolo de actuación, al que además le podrán aportar sus ideas los vecinos”, indicaron voceros judiciales con acceso al expediente.

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Igualmente, según pudo saber La Capital, los demandantes tomaron con cierto escepticismo esa posibilidad en virtud de la poca predisposición que ya mostró la gestión local durante el proceso judicial.

Es que según los vecinos, nunca cumplió con la resolución que dictó hace tres años el ex juez de la causa, Pedro Boasso, quien impuso a la Municipalidad que reformule las normativas y haga cumplir las ordenanzas.

La gestión local apeló y, si bien un fallo de la Cámara Civil revocó en parte la sentencia de Boasso (ya que no es potestad del Estado reformular las ordenanzas sino del Concejo) ordenó que entregara cada cuatro meses relevamientos de las actuaciones en Pichincha. Pero los vecinos dicen que nunca se cumplió ese mandato.

Modera pero advierte

Ahora, puertas adentro del despacho del juez Bellizia se intenta acercar a las partes y moderar sobre el espinoso asunto. El magistrado escuchó a los abogados de la Municipalidad, que se comprometieron a acercar los relevamientos, y les recordó que lo debieron hacer antes, ya que la orden fue hace tres años.

Por su parte, los vecinos y sus abogados remarcaron esa irregularidad y reiteraron la manifiesta falta de controles, con información detallada calle por calle del barrio, la disposición de los negocios, y las transgresiones en las que incurre cada uno.

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Según se supo, el juez Bellizia aclaró que su idea era mediar y moderar en la problemática, pero también les advirtió a los representantes de la Municipalidad que no están cumpliendo con las resoluciones judiciales. Mientras, los vecinos observan una exasperante dilación administrativa en la solución de sus planteos, por lo cual mantienen la postura de reclamar que se cumpla la legislación que protege sus derechos.

Las partes volverán a encontrarse en el despacho del juez en febrero de 2023. En esa instancia, la Municipalidad deberá entregar la información comprometida, la cual será evaluada y podría ser de utilidad, junto a las ideas que sumen los ciudadanos, para configurar un futuro protocolo de actuación que permita proteger y resguardar la vecindad, y los negocios no se vean perjudicados en su actividad comercial.