La Red de Instituciones por la Producción Rosario rechazó la asimetría en la distribución de subsidios al transporte público tras la publicación de la Resolución 80/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, con la cual el gobierno nacional destinó una suma multimillonaria para subsidiar los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

Mediante un comunicado, la entidad empresaria alertó sobre el impacto negativo que esta medida genera en el interior del país, puntualmente en la ciudad de Rosario, donde el boleto de colectivo ya alcanza los $2.150.

La normativa nacional oficializó el destino de más de $450.000 millones de pesos durante un período de cuatro meses para financiar el sistema de colectivos del Amba. Desde la organización civil expusieron que estos fondos se recaudan a nivel federal a través del impuesto a los combustibles, pero se distribuyen de manera desigual: estimaron que en 2025 Rosario aportó cerca de $69.000 millones por este tributo y recibió a cambio solo 30 centavos por cada peso aportado.

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Brecha de costos e impacto productivo

La crónica del conflicto tarifario evidencia un esquema de financiamiento que perjudica directamente a los usuarios locales: el boleto en Rosario cuesta casi tres veces más que en las líneas nacionales que operan en el Amba. De este modo, la diferencia económica es absorbida de forma conjunta por los pasajeros, el municipio de Rosario y el gobierno de Santa Fe.

De esta manera, según la entidad, el encarecimiento del traslado diario impacta en los presupuestos de trabajadores y estudiantes, afectando la estructura de costos de la producción regional.

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Lejos de exigir un incremento en la masa total de subsidios, la propuesta de las instituciones de Rosario se centra en una redistribución basada en criterios objetivos y proporcionales, tales como el volumen de pasajeros transportados en cada jurisdicción.

El comunicado concluye con un llamado abierto a los gobiernos provinciales, legisladores y entidades del sector civil para consensuar un nuevo acuerdo federal que garantice un trato equitativo para todas las provincias.