En el marco del aumento de las falsas amenazas de ataques a tiros en escuelas, estes martes se confirmó el hallazgo de una bala en el Colegio Marista Nuestra Señora del Rosario. La policía secuestró el proyectil tras la denuncia el equipo directivo tomó otras medidas puertas adentro para abordar el caso.

De acuerdo al protocolo del Ministerio de Educación de Santa Fe, las autoridades de la institución céntrica hicieron la denuncia el día anterior. Si bien las clases continuaron, el incidente derivó en la suspensión de un viaje de campamento de séptimo grado como parte de las medidas de precaución.

La directora general de Maristas, Claudia Rimoldi, le indicó a LT8 que la bala fue utilizada para armar una especie de "collage", ya que estaba pegada sobre una cartulina con letras recortadas en vez de un mensaje escrito a mano. La Policía de Investigaciones (PDI) se llevó el cartel luego del procedimiento que se inició a través del llamado a la Central de Emergencias 911.

Una bala en el baño de Maristas

"Esto comenzó ayer a las 10.50 de la mañana, los niños estaban en recreo", recordó la titular del colegio ubicado sobre Córdoba y bulevar Oroño. En ese momento, un directivo fue a pedirles a las nenas de nivel primario que se retiraran del baño. De acuerdo al procedimiento habitual, esto requiere que los docentes ingresen después a verificar que no quede nadie adentro.

La inspección de rutina en los cubículos tuvo un resultado inusitado el último lunes. Cuando revisaron los sanitarios, advirtieron que alguien había dejado media hoja de cartulina A4. El cartel tenía pegado un proyectil de 9 milímetros en el centro y una serie de amenazas vinculadas al campamento que iban a realizar algunos estudiantes entre este miércoles y jueves.

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A partir del hallazgo de la nota se activaron todos los protocolos correspondientes en el establecimiento. Los directivos dieron aviso a sus supervisores del Ministerio de Educación y llamaron al 911. Más tarde, la PDI recogió la evidencia y también buscó grabaciones de una cámara de videovigilancia montada en uno de los pasillos. Entre otros pormenores trascendió que la bala no corresponde a armas de fuego de las fuerzas de seguridad provinciales.

Mientras se iniciaba la investigación policial y judicial, las autoridades escolares fueron a hablar con los alumnos de séptimo grado sobre el tema. "Hablamos porque aludía a ellos, no porque supiéramos quién puede ser. Va a llevar su tiempo trabajar sobre ese tema", aclaró Rimoldi.

Reunión de padres y abordaje con equipos técnicos

El día después de la denuncia, Maristas organizó una reunión con padres de los cursos afectados. En este sentido, la directora general precisó: "A los niños no les explicamos en detalle. Mañana viene el grupito de papás que no pudo venir hoy, están citados en el mismo horario".

Los responsables del colegio se comunicaron con las familias de la primaria en el transcurso de la jornada. Este martes dieron aviso por la misma vía en el sistema de información para compartir las novedades en el nivel inicial y secundario.

En medio de la conmoción que generó el incidente, Rimoldi destacó que el establecimiento cuenta con "equipos grandes que pueden trabajar con los chicos" para abordar la situación. "Tenemos equipos de orientación técnica, tutores y docentes. Tratamos de que ellos estén bien contenidos en la escuela y nosotros con los ojos atentos", explicó.

Por otra parte, la directora general recordó que el último jueves habían ajustado algunos detalles para trabajar dentro de la institución ante la posibilidad de falsas amenazas. Al respecto, puntualizo: "Teníamos una serie de indicaciones sobre qué observar y cómo observar, protocolos de detección temprana".

"Actuamos lo más rápido posible. Realmente, no hubiésemos querido que sucediera en nuestra escuela", expresó la titular del colegio. Finalmente decidieron cancelar el campamento de manera preventiva y anticiparon que habrá sanciones internas para quien dejó el cartel, además de las que corresponden a la investigación judicial del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Al igual que en el resto de las instituciones afectadas por este tipo de denuncias, Maristas sostuvo el dictado de clases y descartó la suspensión. En cuanto al contexto actual adentro de las aulas de la primaria, las autoridades señalaron: "Los chicos hoy están trabajando con su seño. Tratamos de nos transmitirles esto que nos pasa, aunque sabemos que hay comentarios".

Inicialmente, el operativo no permitió determinar quién lanzó la falsa amenaza. A la hora de analizar la hipótesis del ingreso de un estudiante de secundaria al baño, Rimoldi enfatizó: "No tenemos sectorizado ni limitado el paso de los alumnos, pero no es un lugar por donde estén pasando los chicos. Podría pasar, pero no es el lugar por donde ellos circulan".

Como telón de fondo este episodio, la directora general apuntó que el celular ya está prohibido en la escuela y el cumplimiento de esta medida es una "lucha" cotidiana. "Ellos lo quieren traer y nosotros no los dejamos", afirmó.

A la hora de analizar las estrategias para frenar las falsas amenazas, la directora destacó la importancia de controlar el uso de redes sociales y Whatsapp en los teléfonos móviles. En esa línea, añadió: "Esto no se limita a un aula o a un salón. Acá tenemos que trabajar todos. Las familias tienen que trabajar con nosotros y nosotros con ellos para que estos niños sean buenos ciudadanos a futuro, que puedan participar en la sociedad con valores. En todas las escuelas pretendemos lo mismo".

Casi 150 amenazas en dos días

Hasta el momento, el gobierno de Santa Fe cree que las pintadas y mensajes de Whatsapp se multiplicaron a nivel nacional como uno de los coletazos del fatal ataque a tiros en una secundaria de San Cristóbal. De acuerdo al registro oficial, en los últimos dos días de clases se registraron 149 denuncias en escuelas de la provincia: 65 correspondientes al último viernes y 84 de este lunes.

Las autoridades creen que las falsas amenazas aumentaron por una suerte de efecto de imitación con anuncios de agresiones que nunca se concretan. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad advirtieron que lo que muchos adolescentes o jóvenes pueden hacer como una broma es considerada una intimidación pública, delito definido en el artículo 211 del Código Penal.

Además de la sanción judicial que puede genera la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la provincia decidió cobrarles a las familias de quienes están detrás de los mensajes anónimos. El objetivo es establecer un resarcimiento económico de unos 5 millones de pesos, el costo aproximado de los operativos y allanamientos vinculados a este tipo de denuncias.