Cerrados tres de los únicos seis espacios de alojamientos propios con los que cuenta la provincia, así como el dispositivo transitorio que supo funcionar años atrás, los trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia volvieron a señalar la profunda "crisis" que atraviesa el área y las consecuencias que eso tiene sobre los propios chicos a los que el Estado debe restituir derechos que fueron vulnerados. "Hoy no hay dónde alojar a adolescentes en riesgo territorial y ese riesgo es directamente que los maten", advirtieron desde el sector que agrupa a trabajadores sociales, acompañantes y trabajadores. Todos ellos, además, en asamblea permanente cada jueves reclaman terminar con las contrataciones precarias y los salarios "de indigencia" que en el mejor de los casos apenas alcanzan el 45 por ciento de la canasta básica.

El escenario en materia de alojamiento de los jóvenes planteado en las últimas horas no dista de los informes oficiales hechos públicos en febrero pasado por la propia Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes -organismo de control de las políticas en materia de protección-, donde se relevaron situaciones de maltratos, abusos, conflictos entre adolescentes que los adultos a cargo no resuelven, e incumplimiento de los estándares mínimos de cuidados establecidos por la ley para el Sistema de Promoción y Protección Integral.

"Esa situación es así y más aún en los espacios privados, que tienen convenio con la provincia a los que nadie controla", señalaron desde el colectivo de trabajadores que insistieron en el hecho de que apenas tres de los seis espacios públicos abiertos para el alojamiento de esta población no están funcionando en este momento.

Los informes denunciaban la situación de los programas de acogimiento, donde había a febrero de este año más de 800 chicos alojados en estas condiciones. A eso se suma, de acuerdo al planteo de acompañantes y trabajadores sociales, de que en ese momento uno de los tres espacios públicos cerrados está en remodelación -"lo que es una buena noticia", admiten-, pero aclaran que no hay comunicación sobre la situación de los otros dos.

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A eso se suma aún durante la gestión del gobernador Omar Perotti del cierre del dispositivo transitorio que albergaba a niños y adolescentes de entre cero y 18 años para su estabilización y clarificación de su situación, previo a la planificación de una estrategia de abordaje definitiva.

"Eso se cerró y durante el inicio de esta gestión sigue cerrado, y nadie ni siquiera lo nombra, como si no existiera más", indicaron.

La complejidad del contexto

Tanto ahora los trabajadores como semanas atrás la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes dejaron en claro que el riesgo de estos propios adolescentes es el de su propia vida. "Cuando hablamos de riesgo territorial, hablamos de que los maten, así como la cooptación por parte de las redes de narcomenudeo", señalan los trabajadores sociales y acompañantes.

A eso se suma un escenario que califican como "inédito" en los últimos años, que es "la captación por parte de las redes delictivas de adolescentes y jóvenes que fueron intervenidos por el Estado", y que justamente estuvieron en el ojo de la tormenta en los últimos hechos violentos ocurridos en la ciudad y que los trabajadores afirman: "Es la muestra más cabal de la falta de planificación y recursos para estas políticas, que los lugares donde se los deja son simples depósitos de adolescentes donde no se trabajan en proyectos de vida y donde incluso allí son cooptados".

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Uno de esos hechos se produjo en el inicio del año cuando un joven de 18 años fue detenido e imputado por el ataque con bombas molotov y carteles intimidatorios a un colectivo de la línea 143 negra junto a otros dos chicos de 13 y 15 años que estaban alojados en uno de los hogares y bajo la guarda del Estado a través de la Secretaría de Niñez.

Es más, a final de marzo detuvieron a un chico de 15 años, sospechado de ser quien cometió el crimen del playero Bruno Bussanich, de 25 años, en la estación de servicio Puma de Mendoza al 7600. Se presume que el adolescente habría sido mano de obra del hecho para terceros instigadores, lo que expone la participación de menores en bandas criminales. Hechos que rehabilitaron además en las últimas semanas el debate por la baja de edad de imputabilidad.

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Salarios de indigencia

Otro aditamento nada menor que se suma son los "salarios de indigencia" y las condiciones en las que trabajan los equipos de la Secretaría en Rosario, donde el personal de planta no alcanza salarios ni de 350 mil pesos de bolsillo cuando la canasta básica asciende a 690 mil; es decir, apenas un 45 por ciento de lo que sale subsistir por estos días.

Además, hay más de 200 trabajadores, profesionales y no profesionales precarizados a través de monotributos con cargas sociales que no superan los 150 mil pesos, lo que representa apenas un 21 por ciento de la canasta. Y como su fuera poco hay profesionales haciendo pasantías por menos de 95 mil pesos.

"Decimos que estamos pagando para ir a trabajar", dicen desde los equipos, que tienen entre sus gastos por lo menos 40 mil pesos de transporte mensual y otros 12 mil de pago de monotributo. "Nos quedan 78 mil de bolsillo para vivir", señalan los contratados, que algunos casos llevan así una década.

Con esos salarios, que el gobierno provincial congeló hasta septiembre y es lo que más preocupa, los equipos trabajan en Rosario en dos edificios que afirman tampoco cumplen con las condiciones mínimas de la ley de higiene y seguridad. Matafuegos vencidos, tres baños para casi un centenar de personas y oficinas que no alcanzan.

"Se supone que son espacios donde entrevistamos chicos y chicas, se necesita tranquilidad y privacidad para preservarlos. Nada de eso ocurre", dicen empleados que cada vez que puedan llevan adelante sus reclamos a través de los gremios ATE y UPCN, y que habla de una crisis estructural que arrastra varias gestiones provinciales.