Bullrich propone un Servicio Cívico Voluntario con enfoque laboral y social. El recuerdo del soldado Carrasco y la defensa de los derechos humanos
El Servicio Cívico renovó el debate por la colimba
El Servicio Cívico Militar Obligatorio, conocido como “colimba”, fue instaurado en Argentina en 1901 mediante la ley Riccheri. Este sistema exigía que los jóvenes varones realizaran una instrucción militar durante un periodo determinado, como parte de sus responsabilidades cívicas. A lo largo de su historia, el servicio militar fue considerado una herramienta de disciplina y formación, pero también recibió críticas debido a los abusos y violencias que se registraban.
Uno de los episodios más emblemáticos que marcó el declive del Servicio Militar Obligatorio fue el asesinato del conscripto Omar Carrasco en 1994. Este caso destapó una serie de irregularidades y malos tratos en los cuarteles, generando un fuerte rechazo social. Como resultado, durante la presidencia de Carlos Menem, se decidió poner fin al servicio militar a través de un decreto que lo reemplazó por un sistema de voluntariado. Este cambio marcó el cierre definitivo de una era que había durado casi un siglo.
En 2019, el gobierno de Mauricio Macri presentó el Servicio Cívico Voluntario en Valores, una propuesta que buscaba brindar a los jóvenes de entre 16 y 20 años una “experiencia educativa” destinada a fomentar valores como la disciplina, el respeto y la responsabilidad ciudadana. El programa estaba a cargo de la Gendarmería Nacional y no tenía fines militares. Aunque se trataba de una iniciativa voluntaria, generó debates respecto a su implementación y efectividad. En su primer año, alrededor de 1.200 jóvenes se inscribieron en los cursos. Sin embargo, este programa fue discontinuado en 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández.
En 2023, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la intención de relanzar una versión actualizada de este programa, ahora denominado Servicio Cívico Voluntario en Valores para jóvenes de entre 18 y 24 años. Esta nueva propuesta se dirige a quienes no estudian ni trabajan, y tiene como objetivo ofrecerles herramientas para su desarrollo personal, educativo y laboral.
A diferencia del antiguo servicio militar obligatorio, esta iniciativa no implica formación militar. Su enfoque está en actividades educativas, capacitación en valores democráticos, y el desarrollo de habilidades útiles para el ámbito laboral y social. La ejecución del programa está nuevamente bajo la responsabilidad de la Gendarmería Nacional, con la colaboración del Ministerio de Capital Humano.
Entre las actividades previstas se encuentran talleres formativos y programas de inserción laboral, con un fuerte énfasis en la cercanía a las sedes del Ministerio de Seguridad para facilitar la convocatoria y participación de los jóvenes. Si bien se trata de una medida voluntaria, la idea subyacente es reducir los índices de inactividad juvenil y brindar opciones a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
El anuncio del relanzamiento reavivó el debate sobre la conveniencia de este tipo de programas. Mientras algunos sectores destacan su potencial para ofrecer oportunidades a los jóvenes, otros cuestionan la elección de la Gendarmería como institución responsable y temen que este tipo de iniciativas puedan perpetuar estigmas sobre la juventud vulnerable.
Omar Octavio Carrasco, un joven de 19 años oriundo de Cutral Có, Neuquén, fue convocado en marzo de 1994 para cumplir con el servicio militar obligatorio en el Grupo de Artillería 161 de Zapala. Apenas tres días después de su incorporación, el 6 de marzo, desapareció misteriosamente. Las autoridades militares lo declararon desertor, pero sus padres, desconfiando de esta versión, iniciaron una búsqueda incansable.
Un mes más tarde, el 6 de abril, el cuerpo sin vida de Carrasco fue hallado dentro del mismo cuartel, evidenciando signos de tortura. La investigación reveló que había sido víctima de prácticas abusivas y humillantes, comúnmente conocidas como "bailes", infligidas por superiores y compañeros. El subteniente Ignacio Canevaro y los soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez fueron identificados como los principales responsables del homicidio. Canevaro recibió una condena de 15 años de prisión por homicidio simple, mientras que Salazar y Suárez fueron sentenciados a 10 años cada uno. El sargento Carlos Sánchez fue condenado a tres años por encubrimiento.
Este trágico suceso generó una profunda conmoción en la sociedad argentina, exponiendo las prácticas violentas y abusivas dentro del servicio militar obligatorio. La indignación pública y el debate subsiguiente llevaron al entonces presidente Carlos Menem a decretar la suspensión del servicio militar obligatorio en diciembre de 1994, marcando un hito en la historia militar del país.
El caso Carrasco no solo puso al descubierto las atrocidades cometidas dentro de los cuarteles, sino que también evidenció un encubrimiento institucional por parte del Ejército, especialmente del área de inteligencia militar. A pesar de las condenas, las acciones de encubrimiento nunca fueron investigadas en profundidad ni dilucidadas.
A 30 años de su muerte, el recuerdo de Omar Carrasco persiste como un símbolo de la lucha contra los abusos en instituciones estatales y la importancia de la defensa de los derechos humanos.
Por María Laura Cicerchia