El cambio de nomenclatura se hizo en el año 2000 por el impulso del entonces concejal Rafael Ielpi.
Por Mila Kobryn
Pasando Presidente Perón, ex-Godoy, calle Riccheri comienza a llamarse Conscripto Omar Carrasco hasta su final en Estado de Israel. Esto es así desde el año 2000 y, si bien pareciera una decisión caprichosa, no lo es: hay una razón particular por la cual esta calle, y no otra, lleva aquel nombre.
El impulsor de esta transformación plasmada en la ordenanza 7.115 fue el recientemente fallecido escritor, historiador y entonces concejal Rafael Ielpi. Entre las tantas cosas que forman parte de su legado en Rosario, el cambio de nomenclatura de calle Riccheri es una de ellas.
Al teniente general Pablo Riccheri y al conscripto Omar Carrasco los une una historia en común separada por noventa años. Son el principio y el fin de una de las instituciones más importantes y polémicas del siglo XX argentino: el servicio militar obligatorio.
Riccheri fue quien diseñó e impulsó la ley 4.031, que instaló que todos los varones de veinte años —al principio fue así, después se bajó a 18 años— accederían a una instrucción militar obligatoria. Carrasco cerró, de manera trágica, esta historia. El conscripto oriundo de Neuquén empezó "la colimba" el 3 de marzo de 1994 y tres días después fue asesinado en manos de un subteniente. Su cuerpo fue encontrado un mes después dentro del regimiento. La causa Carrasco evidenció que el servicio militar se había convertido en una institución autoritaria, violenta y degradante, y el entonces presidente Carlos Menem decretó su disolución.
"Más allá de su investidura y persona la denominación de Teniente General Pablo Riccheri a una calle de nuestra ciudad se asocia con la implantación en el país del servicio militar obligatorio. Dicho mérito aparece como insuficiente en la actualidad”, expresó la ordenanza de Ielpi la cual justificaba el cambio de nombre.
“En contraposición y justamente como consecuencia de la concepción autoritaria y discriminatoria de lo que fue, en esencia, el servicio militar, el nombre del conscripto Omar Carrasco, un anónimo joven argentino del sur del país, aparece como paradigma de un hecho que, además de ser denunciado, investigado y castigado no debe ser olvidado por la memoria colectiva de sus contemporáneos y de las generaciones venideras”, añadió.
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Finalmente la ordenanza determina: “No constituye afrenta a sector alguno desde el momento que propone la recordación permanente de un nombre y una vida segado por la intolerancia y la racionalidad de un sistema signado por el autoritarismo y la discriminación en el lugar de quien, como mentor intelectual y propulsor de la obligatoriedad de dicho sistema, hiciera posible en el tiempo hechos tan aberrantes como el asesinato de Carrasco”.
Sustituir a Riccheri por Carrasco fue, en definitiva, una reparación histórica. Rafael Ielpi buscó con este gesto no solamente homenajear y recordar a quien fue víctima de la más brutal represión sino también contar una historia más completa: aquella que no sólo le da lugar a las figuras de poder y los importantes apellidos sino también a aquellas identidades provenientes del pueblo llano, que sufrieron en carne propia las decisiones tomadas por lo grandes hombres.
El teniente general Pablo Riccheri fue ministro de Guerra en la segunda y última presidencia de Julio Argentino Roca, llevada adelante entre 1898 y 1904. Había nacido en San Lorenzo en 1859 y fue conocido por ser quien diseñó la ley 4.031, conocida hasta el día de hoy como ley Riccheri.
Aquella famosa ley fue la que estableció el servicio militar obligatorio (SMO) en 1901. El contexto del país era muy particular: la oleada inmigratoria había poblado a la Argentina con gente de todas partes del mundo y había que homogeneizar a esa sociedad tan diversa. En definitiva, había que construir una ciudadanía que se sintiese argentina. Los dos pilares para lograr esto fueron la educación pública y, a partir de Riccheri, el servicio militar obligatorio.
Inculcar disciplina y la obediencia a la autoridad, fomentar los sentimientos patriótico y el amor al país formaban parte de los objetivos del servicio militar obligatorio. Por su puesto también existía una necesidad imperiosa de ampliar la reserva de soldados ante un inminente conflicto armado.
Según la legislación diseñada e impulsada por Riccheri, la conscripción podía alcanzar a todos los jóvenes argentinos, nativos y naturalizados, que hubieran cumplido veinte años (tiempo después pasó a ser a partir de los 18) el año anterior a su llamamiento. El sistema de selección constaba de un sorteo, transmitido por los medios de todo el país, en el que cada potencial candidato tenía un número entre 1 y 1.000 asignado a cada uno de los últimos tres números de identificación nacional de los ciudadanos hombres. Cada año se anunciaba un número de corte, y aquellos ciudadanos cuyo número de identificación nacional correspondía a un número de sorteo por encima del corte debían pasar la revisión médica para ser inscriptos al año de SMO.
Más de noventa años después, en 1994, el entonces presidente Carlos Menem firmó el decreto por el que terminaba “la colimba”. El 5 de enero de 1995 quedó promulgada la ley 24.429 de servicio militar voluntario.
La decisión de terminar con el servicio militar no fue azarosa. Un hecho oscuro y terrible envuelve este cambio en el país: el asesinato del conscripto Omar Carrasco. El joven, oriundo de Neuquén, era clase 74 y fue convocado para realizar el servicio militar obligatorio. Se le asignó el Grupo de Artillería 161, en la localidad de Zapala, 200 kilómetros al oeste de la capital provincial. Se incorporó el 3 de marzo de 1994 y tres días después desapareció.
A los padres de Carrasco les notificaron que su hijo se había escapado de la base y que era un desertor. Sin embargo, la familia desconfió e hicieron la denuncia. Un mes después el cuerpo sin vida de Carrasco apareció dentro de las instalaciones del regimiento. Tenía signos de haber sido torturado y las pericias determinaron que fue escondido durante varios días en un lugar húmedo y oscuro, y que luego lo trasladaron al sitio donde lo descubrieron.
La investigación determinó que Omar fue víctima de prácticas de abuso y humillación frecuentes en el servicio militar. Según la causa, el subteniente Ignacio Canevaro “bailó” a Omar al menos por 20 minutos. En la jerga militar, "bailar" significaba castigar con ejercicios físicos a un soldado. Otros dos conscriptos, Víctor Salazar y Cristian Suárez, le escondieron el lampazo con el que debía limpiar. Por otros relatos se reconstruyó además que Omar era blanco del acoso de Canevaro. Ellos fueron los últimos que lo vieron con vida.
Después de dos años, Canevaro recibió una condena de 15 años de prisión por homicidio simple, en tanto que Suárez y Salazar fueron sentenciados a 10 años por el mismo delito. La Cámara de Casación y la Corte Suprema confirmó la sentencia ante sucesivas apelaciones.
La investigación posterior y las declaraciones de algunos exmilitares a la causa penal pusieron al descubierto el encubrimiento institucional por parte del Ejército, especialmente del área de inteligencia militar.
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