La quinta Marcha Federal Universitaria vuelve a poner este jueves en el centro de la agenda el financiamiento de la educación pública. Docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias reclaman al gobierno nacional que cumpla la ley de Financiamiento Universitario, recomponga los salarios y garantice recursos para el funcionamiento de las instituciones, las becas y la investigación. En ese contexto, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) publicó nuevas pautas para las auditorías internas de las universidades nacionales.

La resolución 311/2026, publicada este jueves 15 de octubre en el Boletín Oficial, establece que las unidades de auditoría interna deberán presentar sus planes de trabajo para 2027 antes del 31 de octubre, a través del sistema SISAC. La medida fija criterios para organizar los controles sobre el presupuesto, las compras, el personal, la infraestructura y las rendiciones de fondos públicos.

La disposición se conoció en una jornada de movilización nacional que tiene como eje el cumplimiento efectivo de la ley de Financiamiento Universitario y la discusión presupuestaria para 2027. El reclamo se desarrolla en un escenario de deterioro de los recursos del sistema. El presupuesto universitario de 2026 es un 25,3% inferior, en términos reales, al de 2023, mientras que los salarios docentes perdieron un 24,2% de poder adquisitivo en el mismo período.

La resolución de la Sigen no modifica por sí misma las partidas presupuestarias ni responde al reclamo salarial. Su objetivo es establecer lineamientos complementarios para planificar, ejecutar y supervisar las tareas de control interno durante el próximo ejercicio.

Qué aspectos deberán auditar las universidades

Entre las prioridades establecidas figuran el presupuesto y las finanzas, las compras y contrataciones, las transferencias y los convenios, el patrimonio, la infraestructura, el personal y la liquidación de haberes. También se incluyen las tecnologías de la información y la ciberseguridad.

Los planes deberán contemplar, además, la administración de fondos destinados a investigación y extensión, la integridad institucional y los controles sobre la emisión y el otorgamiento de títulos. La resolución aclara que incluir estas materias no obliga a realizar una auditoría independiente para cada una.

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La selección de los procesos que se examinarán deberá fundamentarse en una matriz de riesgos y en los antecedentes de control. Cada unidad de auditoría tendrá que definir sus prioridades de acuerdo con las características de la institución, su estructura, la distribución territorial de sus actividades y los recursos profesionales disponibles.

Rendiciones de fondos y seguimiento de observaciones

Uno de los puntos específicos de la resolución es la evaluación del estado de las rendiciones de fondos ante la autoridad nacional competente. Los planes de auditoría deberán incluir un relevamiento de los importes recibidos, aplicados, rendidos, observados y pendientes, además de los vencimientos y la documentación respaldatoria disponible.

Las unidades deberán elaborar informes que distingan los datos verificados de aquellos que todavía estén pendientes de conciliación. La elaboración y presentación de las rendiciones, sin embargo, seguirá siendo responsabilidad de las áreas de gestión y las autoridades universitarias correspondientes.

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La norma también dispone que los informes, las observaciones, las recomendaciones y las acciones correctivas queden registrados en el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC), junto con la documentación que respalde cada actuación.

El alcance del control y la autonomía universitaria

En sus fundamentos, la resolución sostiene que el sistema de control interno previsto por la ley de Administración Financiera es aplicable a las universidades nacionales, en el marco de lo establecido por la ley de Educación Superior.

El texto establece que las auditorías deberán abarcar procesos de gestión y administración, con respeto por la autonomía y la autarquía de las instituciones. Los controles no deberán sustituir las decisiones de los órganos de gobierno universitarios ni evaluar el mérito académico o científico.

La responsabilidad por la implementación y el mantenimiento de los controles internos continuará en manos de las autoridades y los responsables de la gestión de cada universidad. Las unidades de auditoría, por su parte, deberán realizar los exámenes y las evaluaciones con independencia de criterio.

La resolución 311/2026 fue firmada el 13 de octubre y publicada este jueves 15 en el Boletín Oficial. Las universidades nacionales deberán presentar sus planes de trabajo antes del 31 de octubre, mientras la comunidad universitaria vuelve a movilizarse para reclamar financiamiento, salarios y recursos que permitan sostener el funcionamiento del sistema público de educación superior.